La controversia limítrofe entre la República Bolivariana de Venezuela, y la República Cooperativa de Guyana, tiene su origen político en el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, el cual es rechazado como "nulo e írrito" en el Acuerdo de Ginebra de 1966, texto de carácter diplomático vinculante con la Organización de Naciones Unidas (ONU), debido a las evidencias de los vicios en el proceso. Hoy la Casa Blanca cubre con su manto a la Republica Cooperativa de Guyana por un petróleo que está en territorio venezolano. De aquella decisión tomada cuando Guyana ni siquiera era una república (fue colonia de Reino Unido hasta 1966), se fundamenta el actual gobierno del presidente Irfaan Ali para ejercer soberanía sobre territorios marítimos para otorgar licencias petroleras a compañías transnacionales en aras de la explotación de recursos energéticos.
El Chavismo y oposición acordaron hace 2 años, en el diálogo de México, una postura unitaria sobre el diferendo territorial con Guyana, uno de los pocos temas donde ambos bloques coinciden. Pero no sabemos hasta cuando la oposición venezolana, que actúa bajo la dirección de Casa Blanca, seguirá apoyando el Esequibo a favor del pueblo venezolano. El gobierno de Venezuela, difícilmente perderá un referendo consultivo sobre el reclamo territorial de la Guayana Esequiba, hoy gobernada por Guyana, pero esa votación busca apelar al nacionalismo ante un "enemigo común". El presidente de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez, propuso este pasado jueves aprobar un referendo consultivo sobre el Esequibo mediante una moción legislativa de urgencia. La plenaria votó a favor.
Expertos en Venezuela, aseguran como un hecho que el resultado del referendo por el Esequibo, será favorable al oficialismo. En la misma dirección el presidente Nicolás Maduro, ha vuelto a insistir en el diálogo diplomático para lograr un convenio que beneficie a ambas partes, en el marco del Acuerdo de Ginebra, y llamó a conversaciones cara a cara con su homólogo guyanés. La importancia de esta petición de diálogo directo entre Presidentes radica en el hecho de que la controversia está trazada por los intereses imperiales británicos de aquella época en un contexto de disputa monroista con Estados Unidos, en términos geopolíticos a lo largo de la región sudamericana y caribeña, y que ahora se ve ensombrecida por la influencia corporativa de ExxonMobil y demás compañías con negocios en el sitio.
Hubo una confabulación de origen anglo para que Venezuela, no contara con representación en el Tribunal Arbitral de París, por la defensa soberana del territorio. Dicha instancia contó con cinco árbitros: dos británicos nombrados por la Corona, dos nombrados por el gobierno de Estados Unidos, "que representaban a Venezuela", porque Londres se negó a una delegación venezolana, en el tribunal, y un quinto juez, ruso y miembro de la corte británica, quienes le pusieron la firma de manera unánime a un laudo lleno de vicios y considerado "nulo e írrito" por Venezuela desde entonces.
De aquella decisión tomada cuando Guyana ni siquiera era una república (fue colonia de Reino Unido hasta 1966, poco después de publicarse el Acuerdo) se fundamenta el actual gobierno del presidente Irfaan Ali para ejercer soberanía sobre territorios marítimos para otorgar licencias petroleras a compañías transnacionales en aras de la explotación de recursos energéticos. Venezuela tiene argumentos que demuestran que ese territorio le pertenece y debe presentarlos con mucha prudencia en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Todavía hay una oportunidad para Venezuela, para recuperar el Esequibo. El país tiene hasta el 14 de marzo de 2024 para contrademandar y responder al documento de 500 páginas presentado por el gobierno guyanés.
