En principio, la inmensa mayoría de los venezolanos y de quienes viven permanentemente en este país deben coincidir en que el territorio del Esequibo es parte del territorio venezolano, pese a los errores u omisiones en que hayan incurrido varios de nuestros gobiernos en diferentes momentos de nuestra historia en relación con su defensa. El hecho evidente de que esa zona perteneció a la Capitanía General de Venezuela y que, por lo tanto, pasó a ser parte integrante de nuestra República luego de la independencia de la monarquía española, es en extremo contundente como para que no existieran dudas a lo interno de nuestra nación ni en ninguna parte del mundo.
Es también meridianamente claro que la pérfida Albión, el imperio colonialista más extenso y poderoso del mundo en toda su historia, terminó en 1899 un proceso de años de despojo del Esequibo a nuestra pequeña, pobre y atrasada nación, sumergida además en sus pequeños conflictos internos al igual que hoy. El arbitraje realizado en París, en el que incluso Venezuela no estuvo presente, fue el artificio legal internacional para quitarnos casi 160 mil kilómetros cuadrados, situados en la margen occidental del rio Esequibo, que sumados a los otros muchos despojos sufridos por nuestro país hacen un total de casi 800 mil kilómetros cuadrados perdidos de territorio.
Lo peor que se puede hacer en este momento es precisamente lo que el gobierno irresponsable de Maduro está haciendo con la disputa del Esequibo: incluirla dentro de su enfrentamiento con el sector de la oposición que, hoy sí, se perfila como mayoritario en el campo opositor, luego del resultado de las llamadas elecciones primarias, que le dio el triunfo a María Corina Machado con más del 90 por ciento de los votos de ese sector y con posibilidades reales de seguir creciendo. Ambos polos firman en Barbados, ya lo habían hecho en México, un acuerdo de hipócrita unanimidad sobre las acciones de defensa del Esequibo, que suponía su exclusión de la lastimosa diatriba politiquera imperante.
Pero bastó el regreso a Venezuela para que todo lo firmado se volviera letra muerta y se incluyera al reclamo territorial a Guyana dentro de la perorata político electoral cotidiana. El gobierno inicia las acciones proponiendo la realización de un referendo, al que no se le ven objetivos claros desde el punto de vista de la querella diplomática. Sin entrar en detalles ahora, sólo dos preguntas pudieran significar algo: la relativa al rechazo, por incompetencia en la materia, de la Corte Internacional de Justicia, y la que propone considerar al Esequibo como el estado 24 de nuestro país, lo que significaría darles la ciudadanía venezolana a todos sus habitantes y proceder a cedularlos.
De inmediato, el gobierno pasa a acusar a la oposición firmante en Barbados de incumplir los acuerdos en esta materia, y lo hace aun antes de que esa oposición y su nueva lideresa siquiera se pronuncien en relación a la propuesta de referendo. Parece que sus deseos son que se opongan. Habría que aclarar, de cualquier manera, que una cosa es firmar un acuerdo, en donde todos se comprometen a mantener vivo e incluso profundizar el reclamo sobre el territorio Esequibo, y otra cosa muy distinta es compartir las medidas que el gobierno asuma para la defensa de dicho reclamo. Se puede perfectamente objetar una medida propuesta por el gobierno, si se considera que la misma es contraproducente a los intereses de la nación venezolana.
No veo clara la utilidad del referendo en relación al reclamo y pienso que el gobierno lo hace con fines politiqueros y electorales. Las preguntas en general lucen ociosas; es como si se nos preguntara si queremos a nuestra familia o si tenemos amor por Venezuela. Sólo las dos preguntas referidas anteriormente exploran posiciones distintas en relación a la conducta a ser asumida por el gobierno de Maduro. Pareciera que el gobierno busca que sea el electorado quien diga que la CIJ es incompetente, para así hacer descansar las culpas de esa decisión en la gente. Para mí, la peor defensa de nuestros derechos es la que no se hace. Sería mucho más útil, convocar a todos los expertos reales en este tema y que éstos discutan la estrategia a seguir en relación a la CIJ.
