Ley para la defensa del sistema democrático vs Ley de Inteligencia

Hernán Luis Torres Núñez

htorresn@gmail.com

Mis queridos lectores, lo primero que debo manifestarles es mi animadversión casi fisiológica a todo lo que suene a inteligencia, contrainteligencia y seguridad del Estado. Un rechazo que creo es visceral en cualquier hombre o mujer que haya sido en alguna oportunidad perseguido por los órganos de seguridad de cualquier Estado, siendo éste de cualquier signo político.

Los defensores del concepto de seguridad del Estado, usualmente apelan a una falacia, decir que los mecanismos de seguridad son para beneficio del pueblo, de la ciudadanía y que ésta, forma parte del Estado. Este tipo de discurso, que también apela a la defensa de la patria y por ende, justifica cualquier medio para la lucha contra el terrorismo, es el tipo de discurso sobre el cual se monta el Plan Patriota, el Plan Colombia, la doctrina de Seguridad Nacional de las dictaduras del cono sur. Y para desgracia, también en Venezuela se esgrime hoy en día la sacrosanta Seguridad de Estado.

Me parecería muy conveniente cambiar el nombre de la Ley de Inteligencia y Contra inteligencia por el de Ley de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Es posible que muchos piensen que este cambio sólo sería de tipo cosmético, pero para mí no lo es. Como he señalado, la seguridad del Estado no implica en absoluto la seguridad del pueblo ni del ciudadano. Los regímenes totalitarios han tenido concepciones muy rigurosas acerca de la seguridad del Estado, la cual finalmente se ha confundido en la práctica con la seguridad del gobierno, y de ahí, con los intereses particulares de un grupo que desea mantenerse en el poder.

En cambio, si hablamos de una ley para la defensa del sistema democrático, hablamos de una ley que va a proteger el mecanismo a través del cual es legítimo acceder al poder político, pero que garantiza también el medio legítimo para perderlo. Una ley de este tipo centraría la acción de los cuerpos de seguridad hacia la prevención de las amenazas a los mecanismos democráticos legítimos de acceso y pérdida del poder. Una ley que evite que por medios violentos se pretendan sustituir las urnas electorales por las bayonetas.

En mi concepción, el Estado no representa los intereses del pueblo, ni del ciudadano individual. Hasta donde he leído, tanto los marxistas como Max Weber y muchos otros, no ven una similitud de intereses entre el Estado y el pueblo, por el contrario, el Estado es un ente opresor que monopoliza el uso de la violencia y lo hace en última instancia a favor de una clase o de una casta.

En las dictaduras de derecha, la seguridad del estado ha sido siempre la defensa de la seguridad de la clase dominante, y ha servido para reprimir a los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios que son una amenaza para la estabilidad del sistema, es decir, una amenaza a la clase privilegiada que detenta el poder. En el caso de las dictaduras de izquierda, el estado es proletario, los organismos de seguridad del estado defendían a los proletarios de la burguesía contrarrevolucionaria, sin embargo, una vez desaparecida esta, la KGB, la STAZI alemana y las otras policías secretas, se dedicaron a salvaguardar la revolución de las desviaciones que se encarnaban en los disidentes que iban a parar a Siberia a expiar sus culpas desviacionistas.

Una ley de inteligencia y contrainteligencia debe ser una ley para limitar el poder de los organismos de la seguridad del estado y defender al ciudadano y no al revés, recordemos que el ciudadano común está indefenso prácticamente ante la maquinaria del Estado.

Tomando en consideración que el Estado no representa los intereses del colectivo ni de los individuos, en última instancia, el concepto del Estado es apropiado por un grupo que ha logrado el poder ya sea por medios democráticos o no y que forma gobierno, en la práctica gobierno, poder ejecutivo y estado se confunden, y el primero usa la supuesta majestad del segundo para imponer su voluntad, y más claramente, para perpetuarse en el poder.

Los llamados delitos contra el estado, que muchos llaman delitos contra el pueblo, de los cuales este último no está ni enterado la mayoría de las veces o le importa un bledo, son en realidad delitos contra el gobierno, y más que delitos, la mayoría de las veces son posiciones políticas adversas.

En mi concepción del socialismo del siglo 21, la defensa de los derechos humanos es la primera prioridad, cualquier cosa que atente contra estos va en contra del espíritu de este tipo de socialismo. Para quienes vemos el socialismo del siglo 21 no como un destino manifiesto, sino como una opción política que se enfrenta a otras opciones distintas en el marco de elecciones libres, y que debe ser ratificada en las urnas para mantener el poder, éste no es un proceso irreversible, los socialistas del siglo 21 no deben aferrarse al poder y deben estar dispuestos a abandonarlo cuando el electorado lo decida así. Lo que podemos aspirar es al hecho de que las transformaciones sociales impulsadas sean tan profundas que ningún gobierno de derecha las pueda borrar de un plumazo sin tener que enfrentar la oposición decidida del pueblo.

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