Luego de aquella famosa declaración de reorganización del Poder Judicial, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de Agosto del año 1999, donde se le dio un vuelco al sistema judicial tratando de sanearlo y en búsqueda de una verdadera administración de justicia con el fin de que todas las personas tuvieran igualdad de derechos y que sus causas fuesen atendidas con celeridad, eliminado las inefables tribus judiciales, una de copeyanos y otra de adecos que negociaban las sentencias para que ningún político fuera preso a excepción de Carlos Andrés Pérez por enfrentarse a la cúpula de su partido, ya que por lo que se le condenó fue el menor de los delitos cometidos, tampoco podemos olvidarnos del famoso chinito de Recadi que pagó los platos rotos del negocio con las divisas.
En este proceso de transformación pudimos observar muchos avances, entre ellos la total oralidad en los procesos penales y la instrucción de agilizar dicha oralidad en los procesos civiles, la suspensión inmediata de los jueces denunciados por corrupción, la creación del servicio Voluntario de Defensa Pública, con el objetivo de designar abogados defensores en todos los procesos penales o civiles que lo requieran, de acuerdo a la solicitud expresa de los respectivos jueces, donde se elaboraría una tarifa social de honorarios, con carácter provisional, para cancelar el Servicio Voluntario de Defensa Pública, situación a mi entender muy positiva pero que nunca se llegó a ejecutar, así como tampoco se puso en marcha el Servicio Judicial Voluntario para los estudiantes de los dos (2) últimos años de la carrera de Derecho de las Universidades del país, con el fin de que prestaran labores auxiliares en los Tribunales y Circuitos Judiciales, lo que a todas luces aceleraría los procesos judiciales.
Luego de pasados casi diez años podemos observar que aún encontramos personas que son designadas sin una evaluación exhaustiva de sus credenciales entorpeciendo los procesos de cambio que vive nuestra sociedad, ya que cuando hablamos de revolución hablamos de cambios en pro del pueblo, en este caso en procura de una sana administración de justicia. Es por ello que comparto se haya declarado nuevamente la emergencia judicial y se investigue a todos aquellos funcionarios que han actuado contra nuestros preceptos constitucionales y sean removidos de sus cargos y enjuiciados para dar un ejemplo a toda la ciudadanía sobre el norte del transparencia que persigue el gobierno y todos los sectores de nuestra sociedad.
Esta nueva emergencia sin mucha alharaca debe lograr sanear en gran medida el poder judicial y como contribución a la situación económica que atraviesa nuestro país una medida a tomar debería ser una disminución sustancial de los salarios en ese sector porque no se puede alegar que hay que pagar sueldos exorbitantes “para que los funcionarios no se corrompan”, ya que esa posición es un chantaje que como sabemos constituye también una forma de corrupción.
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