Ante la nueva ley habilitante 2013-2014 con el Presidente Maduro, y unas de las leyes que ha introducido en reforma o en refuerzo de otras que ya existen, como lo es la ley de costos y precios justos, pero con el agregado de márgenes de ganancias justos, es el indicativo de que la contabilidad de costos como sistema de información gerencial interno debe mostrar sus datos financieros y no financieros, significando su privativa de libertad para generar data ajustándose a esta nueva ley, lo que contradice sus inicios de ser un sistema de información particular o peculiar a las políticas internas de la organización empleadora o implementadora.
La contabilidad de costos en fusión con la de gestión, muestran resultados que son los realmente empleados en los procesos de planificación, dirección, control y toma de decisiones, al margen de la contabilidad financiera que solo es llevada para cumplir por obligaciones formales o fiscales, y cuya data (la de la contabilidad financiera) es carente para satisfacer los requerimientos esenciales de toda gerencia (Horngren et al, 2011; Amat y Soldevila, 2010; Sáez et al, 2010; y otros autores de contabilidad de costos y de gestión).
Uno de los atributos de la contabilidad de costos o de gestión es que permite catalogar como lo que es, a los impuestos y dividendos como partidas de costos y de presupuestos, además de otros costos implícitos o de oportunidad, no admitidos por las normas de la contabilidad financiera (NIIF+NIC), y leyes fiscales en Venezuela.
La ley de costos, precios y ganancias justos se crea con la finalidad de contrarrestar un capitalismo exacerbado a niveles del morbo humano más grotesco, pero en lo económico usurero. El socialismo que se intenta gestionar en Venezuela, (porque aún impera el capitalismo a pesar de que estamos en gobierno socialista desde hace quince años), parece ignorar que en socialismo la ganancia no debe existir, o debe reconfigurarse en aras de construir el sistema económico socialista.
La ganancia es el resultado del precio menos los costos, sin embargo esta diferencia es lo que la economía capitalista (a través de instituciones financieras) hoy no pueden seguir sosteniendo. Al observar el gráfico de la teoría del capitalismo basado en la ganancia, los costos totales bajo el enfoque de la contabilidad de gestión refleja una redundancia, que hace insostenible el sistema capitalista producto de la generación más allá de la producción de bienes reales, de dinero fiduciario basado en papeles sobre hipotecados (rehipotecados varias veces), convirtiendo toda la economía capitalista en una estafa ponzi de niveles incalculados.
La redundancia se encuentra en los costos mencionados en el párrafo tercero de este escrito, en el sentido de que las empresas calculan ganancias sobre dividendos ya presupuestados y recuperados. Es decir, los impuestos y los dividendos forman parte de los costos totales, y esto fue descubierto por inspectores de la SUNDECOP en sus primeras inspecciones del 2012, cuando se impuso la antigua o aún vigente ley de costos y precios justos. Ahora, si la ganancia ya es un costo, para que recalcularla, y es allí donde se encuentra el gran error del sistema capitalista, y de la nueva ley de costos, precios y ganancias justos que intenta imponer el Presidente Maduro con la ley habilitante.
Continuando con la ganancia redundada en los dividendos e impuestos, como costos presupuestados y recuperados en el capitalismo exacerbado de ayer y hoy, es por esto que se inventó el dinero fiduciario basado en papeles sin valor controlable, en sustitución de su convertibilidad en metales. La única manera de controlar la emisión de dinero papel sin su paridad de bienes reales, es volviendo al esquema de su convertibilidad en metales o en derivados, para limitar su emisión o colocarle un techo a la riqueza. Al no existir un techo, estamos en presencia de un producto interno bruto (PBI) basado en el infinito, es decir, el PBI convierte al capitalismo en un espiral devorador en constante crecimiento, que desde ayer se come a los humanos, por ser lastre del sistema imperante.
Lo que se tiene que admitir y regular son los dividendos y los impuestos como costos (ver 2do. gráfico), porque la contabilidad al ser una matemática inexacta, puede manipular los datos siempre para eludir las fiscalizaciones gubernamentales. Uruguay tuvo que legalizar la marihuana, porque su no regularización era indetectable y convertía en delincuentes a ciudadanos extremadamente dependientes del sicotrópico. Por tanto así como Uruguay y la marihuana, el gobierno socialista del Presidente Maduro debe regular son los dividendos, en vista de la alta adicción de los empresarios a las ganancias, y para ello no debe establecer un margen sobre el precio, debe es solicitar información sobre el volumen y calidad de lo vendido, el promedio de los salarios cancelados, cumplimientos de los impuestos y demás obligaciones formales, rendimiento empresarial, aportes sociales, como criterios para establecer o regular dividendos a cobrar. Es decir, los dividendos deben estar acorde al principio socialista de la equidad: a cada quien lo que corresponda. Quién más invierta, quien más calidad de productos ofrezca, quien más satisfacciones clientelares obtenga, quién más salarios pague, quien cumpla con sus obligaciones formales en forma reiterada, obtendrá mayores niveles de dividendos por acción, eso sí, regulado por el estado, no por los empresarios y gerentes de las empresas.
Además, el Gobierno debe exigir los certificados de bienes y derechos de los empresarios y gerentes, así como de sus familiares (declaración jurada de bienes), y vigilar en el tiempo el crecimiento de las riquezas de estos. Hoy no se justifica, que en el país con uno de los niveles de inflación más alto del mundo, se observe a una gran cantidad de ciudadanos viajando al extranjero a cada rato, exhibiendo vehículos enormes y de lujo, como si la crisis fuese una falacia o más bien, la inflación es un negocio para estos. Por supuestos, que existen innumerables funcionarios públicos y trabajadores de las empresas estadales, en el mismo plan de enriquecerse a costilla de una inflación desbocada.
Para alcanzar los objetivos, el gobierno debe regular toda la contabilidad de la empresa, convirtiendo a los principios contables (NIIF+NIC) en normativa legal, ajustándola a la realidad venezolana, porque dichas normas vienen impuestas por IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), que es una organización privada europea, radicada en Gran Bretaña, y en donde la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), se vuelve súbdito de este organismo internacional, en vez de ser fieles a la nación venezolana.
La FCCPV no puede seguir siendo como una ONG al margen de los intereses del país, sino que sus directivos debe ser impuesto por el estado para que estén al servicio de la nación, generando normativa contable tanto para la contabilidad de costos, como para la financiera, o hacer de ellas una sola contabilidad. La FCCPV y las NIIF-NIC, no omiten pero tampoco detallan todo el proceso que abarca la contabilidad de costos, y este detalle es necesario para hacer realidad una ley de costos, precios y ganancias justos, y la garantía de su cumplimientos, es convirtiendo a todos los contadores “públicos”, en contadores del estado. Hoy se puede observar como los fiscales del SENIAT, SUNDECOP, INDEPABIS y otros entes del estado, chocan con los contadores “públicos” de las empresas, que más bien son garantes de las partidas secretas de las empresas, y si fuesen miembros activos del estado, podría reducir las fiscalizaciones perennes y sin dudas costosas para la nación.
El estado no tiene que emplear a todos los contadores públicos, porque estos serán remunerados por la FCCPV quien se encargará de cobrar a las empresas los servicios contables y de auditorías (fiscalizaciones) que por obligación deben gestionar. Los contadores del estado tendrían que reentrenarse en contabilidad de costos, porque la mayoría aparta esta área de sus funciones y olvidan el escaso conocimiento obtenido en sus estudios universitarios. Además, las empresas incluso les ocultan a ellos los detalles de las estructuras de costos de los diferentes productos, de la obtención de la ganancia verdadera, y otros aspectos que no son necesarios en la escuálida contabilidad financiera basada en NIIF-NIC.
Un dividendo regulado y reconocido como costo, y una normativa contable regulada por el estado; no garantizará costos, precios y ganancias justas, pero su articulación sería un aspecto viable para llegar a los objetivos finales.
El Presidente Maduro pudiese no estar bien asesorado de como conllevar una ley de la importancia y magnitud que representa la ley de costos, precios y ganancias justos, y debería aprovechar el poco tiempo que le queda con la ley habilitante, para regular todo lo descompuesto no solo de la economía venezolana, sino de la sociedad que la bordea. Esto es necesario, porque cualquier margen de ganancia que establezca el estado a través de la ley habilitante, será un margen especulativo basado en una teoría supuesta, de que el margen de ganancia no debe ser mayor al 30%.
*Prof. de Contabilidad de Costos y Presupuestos
irajuca@gmail.com
