Un conjunto de medidas de reforma y ajuste macroeconómico, debe perseguir no sólo la restauración de importantes equilibrios macroeconómicos, condición necesaria para emprender la senda del desarrollo nacional. Si bien es cierto que se trata de establecer un set de medidas de rápido impacto sobre los desequilibrios más importantes –déficit fiscal, déficit de balanza de pagos y sistema de precios internos como mínimo- deben sentarse las bases para las reformas de segunda y tercera generación que conduzcan progresivamente a la superación del rentismo que los Venezolanos llevamos en el ADN social, entendido este, como la propensión a la obtención de beneficios sociales y pecuniarios con cargo a las riquezas naturales con las que Dios generosamente dotó a esta tierra de gracia. El esfuerzo, el trabajo, el ahorro, la superación personal, y el emprendimiento son vistos con demasiada frecuencia, como valores ajenos, como excentricidades imposibles dada nuestra situación social. El papel del estado y la histórica utilización de la política social como herramienta clientelar para la captura de simpatías y consecuentemente, votos, han alimentado la cultura rentística en el venezolano promedio. En este momento la necesidad del ajuste económico es incuestionable, la discusión radica en las características de ese ajuste. Desde mi punto de vista, el estado debe seguir siendo un actor de primera importancia no sólo en la esfera de la económico, sino también en la provisión de servicios de calidad al ciudadano, no de la manera como se viene haciendo, sino con un enfoque de sostenibilidad y corresponsabilidad ciudadana.
Como cierre de las ideas iniciadas en los anteriores escritos, algunos comentarios sobre algunos aspectos sociales previsiblemente impactados por las previsibles reformas económicas por venir:
Sistema de Salud: Según cifras del Banco Mundial, Venezuela destinó en 2013 0,98% del PIB al gasto en salud, luego de registrar un máximo de 2,66% en 2007. El programa de salud Misión Barrio Adentro, representó en su etapa inicial una enorme inversión en la construcción de infraestructura y dotación de la nueva red desconcentrada de medicina preventiva. En la actualidad es común observar las instalaciones cerradas, sin médicos o trabajando parcialmente. La situación de los hospitales es lamentable y ni hablar de la situación de las cirugías electivas. En un escenario de restricción de ingresos, y por tanto, de disponibilidades para el gasto por parte del estado, debe procurarse preservar en la medida de lo posible, los presupuestos del sector salud, reorientando la filosofía de atención y gestión de las instituciones.
En el mediano plazo, debe darse cabida a un sistema de financiamiento mixto, que permita, a través del cobro progresivo a los usuarios, el financiamiento de los gastos mínimos de funcionamiento y operación de las instituciones de salud. La atención de enfermedades crónicas ó de alta complejidad, que demandan considerables recursos, debe permanecer en el esquema financiado por el estado.
Vivienda: Uno de los pilares de los planes de inversión social que debe ser preservado de las oscilaciones de las disponibilidades presupuestarias. La GMVV representa un enorme potencial para el desarrollo económico y social del país, a través de la atención de la pobreza -medida por Necesidades Básicas Insatisfechas- y del impulso al sector construcción, el cual, como se sabe es intensivo en mano de obra. La forma como se ha manejado hasta ahora este programa sin embargo, no se compadece con las enormes sumas de recursos que se han destinado para su desarrollo. La GMVV es un programa inauditable, sin embargo es ampliamente conocido su recurrente incumplimiento de los volúmenes de ejecución planificados, la opacidad en los criterios de adjudicación a los beneficiarios, la imposibilidad de valorar las unidades terminadas, el robo, desvío y tráfico de materiales, las importaciones de insumos que perfectamente pudieran producirse en el país y el manejo doloso e irregular de los "convenios internacionales" que otorgan a empresas extranjeras la adjudicación de la obra pagada en dólares, mientras que la ejecución es subcontratada a empresas nacionales de otro modo excluidas del programa. Por otra parte, el manejo discrecional, clientelar y excluyente en la asignación de las viviendas, la irresponsable gratuidad generalizada otorgada a los beneficiarios, la inseguridad generalizada que caracteriza a los urbanismos GMVV y la anarquía y falta de ciudadanía que se evidencia en esos espacios, son aspectos que deben corregirse inmediatamente para que el programa se mantenga en el tiempo y cumpla con sus objetivos.
Finalmente en este punto, la GMVV no debe ser la única opción para la adquisición de viviendas. Debe impulsarse la construcción residencial privada, modificando de inmediato las leyes que restringen al sector y que prácticamente han aniquilado un importante generador de empleos en el mercado primario de ventas y de alquiler de inmuebles.
Alimentación: Aun cuando no se dispone de cifras, es evidente que buena parte de eso que el gobierno nacional llama inversión social, se ha destinado a las políticas en materia de alimentación. El gobierno nacional ha fundamentado su política social de acceso a los alimentos, en una generalizada política de subsidios y controles a los precios de venta que ha conducido a una considerable disminución de la producción nacional, a través de la destrucción de la rentabilidad de la producción privada, y un incremento de la participación del estado como importador, productor y distribuidor de alimentos. Esta creciente participación del estado logra explicar buena parte de la actual situación de escasez y desabastecimiento record para el país. Las millonarias sumas destinadas a las masivas importaciones de alimentos, pagados en divisas a precios superiores a los reconocidos al productor nacional, la enorme corrupción asociada a esos procesos de importación y que se tradujeron en la pérdida por descomposición de miles de toneladas de alimentos –sin un sólo culpable por ello- son insostenibles con la merma de los ingresos petroleros que permitieron financiar las importaciones que mantuvieron parcialmente bajo control el abastecimiento. Por otra parte, la intervención del estado como productor, mediante la expropiación de tierras, frigoríficos, comercio e industrias ha demostrado ser un colosal fracaso.
En el contexto de las reformas económicas por venir, considerando que los precios internos basados en un tipo de cambio absurdamente sobrevaluado tenderán a ajustarse, debe garantizarse el acceso a los alimentos por parte de los sectores más débiles. Los mecanismos para mitigar el impacto de las medidas son diversos entre ellos:
Redes estatales de distribución: La reorientación de las redes estatales hacia el expendio de alimentos y productos con márgenes mínimos –pero sostenibles- de rentabilidad son un elemento de competencia que influye en la formación de precios de la economía nacional.
Subsidios Directos: En el contexto de las reformas, se hace necesario eliminar las políticas de control de precios y precios máximos de venta. La compensación del impacto del previsible aumento en los precios (ya absorbido parcialmente en la actualidad dada la escasez y la necesidad de los consumidores promedio de acudir a canales no formales de abastecimiento que manejan precios muchísimo más altos que las regulaciones establecidas) debe realizarse a las familias necesitadas, censadas y en magnitudes limitadas, de acuerdo a criterios transparentes y prestablecidos. Dicha compensación podría ser en efectivo, a través de tarjetas electrónicas como en las experiencias de Stamp Foods (SNAP) de los Estados Unidos ó el programa Bolsa Familia en Brasil.
Servicios: La política de subsidios a la gasolina, que generó en 2014 pérdidas a PDVSA por el orden de los 10.000 millones de dólares y que junto con los subsidios al servicio eléctrico, el gas doméstico, el agua potable y hasta telefonía e internet; representan una pesada carga para el fisco nacional y un importante condicionante en la idiosincrasia del venezolano promedio que desconoce en realidad el valor de los servicios recibidos. Por otra parte, el hecho de que importantes sectores de la población no paguen nada –ni siquiera la tarifa social preferencial subsidiada- lejos de ser una política de inclusión, es realmente una discriminación con el segmento de la población que cumple con la responsabilidad de participar en el financiamiento de los servicios recibidos.
Deben establecerse entonces, estructuras diferenciadas donde todos los venezolanos cancelen por los servicios recibidos, y que, aquellos servicios con mayor valor agregado –una mayor velocidad de internet, una banda de consumo superior- permita subsidiar los paquetes mínimos sociales para las personas de menor ingreso.
Seguridad Social: Entre las políticas inclusivas más acertadas adelantadas por la administración del presidente Chávez, la masificación y homologación al salario mínimo de las pensiones de vejez han tenido un impacto considerable en la recuperación del ingreso y del consumo agregado. Esta política sin embargo, carece de sustentabilidad económica en el mediano plazo lo cual constituye el principal desafío en la reformulación de los programas fiscales en el marco del proceso de reformas. Factores como cobertura, contribución, base contributiva y las tendencias demográficas del país, atentan contra la posibilidad de continuar incorporando nuevos pensionados e incluso, de poder pagar las pensiones ya otorgadas. Una revisión de los aportes, las inversiones de los recursos de la tesorería de la seguridad social entre otros, son determinantes para el diseño de un sistema socialmente beneficioso y económicamente sustentable.
Un asunto pendiente que arrastra la sociedad venezolana es la aprobación del marco legal de los diferentes subsistemas de seguridad social, que han sido sustituidos por una institucionalidad paralela basada en misiones, decretos extraordinarios y otras figuras discrecionales. Urge rescatar la institucionalidad de la seguridad social y de hecho, la institucionalidad de todas las esferas del estado.
Como puede verse, y para no hacer el cuento más largo, un paquete de medidas económicas trasciende por mucho el ámbito estrictamente macroeconómico. Las medidas estrictamente económicas, generan importantes efectos sociales. Las políticas sociales por su parte, más allá de cubrir necesidades materiales en determinadas condiciones, sirven también para crear ciudadanía y sentido de corresponsabilidad entre los ciudadanos de un país. En Venezuela vivimos en este momento la peor situación económica en muchos años y por otra parte, años de erradas políticas sociales han causado un daño muy profundo en el tejido social, reforzando en muchos casos comportamientos ciudadanos que se constituyen en severos obstáculos a superar para avanzar en la construcción del país posible. Con ó sin petróleo.
@jhernandezucv
