Además de la reducción de la capacidad activa de algunas empresas y del acaparamiento que sólo alargan los ciclos correspondientes, Venezuela confronta la carencia de incentivos a la producción por parte del sector privado que ha perdido su poder político o el pivote para el libre funcionamiento del mercado del capital. No hay zamuro donde no haya cadáveres.
De entrada, reconozcamos que la dinámica económica actual se halla ralentizada en sí misma como logro de la derecha.
Es que el dinero-el capital-en su circulación se halla en constante movimiento y metamorfosis que pueden sufrir intervalos de aparente quietud o de pausas reales. De allí la importancia de que el flujo producción-circulación, o sea, compra-producción-venta, fluya con sus respectivos intervalos que por lo general suelen ser periódicos de acuerdo a la naturaleza de las mercancías y de la salud de la economía del país estudiado. Las huelgas, por ejemplo, causan severas dilaciones o interrupciones en la libre circulación y producción.
Pero también forma parte de esa incesante circulación el volumen de dinero que se halle en poder de productores y consumidores. Por ejemplo, una empresa con problemas de liquidez para el pago de la nómina de su personal posiblemente se declare en quiebra, salvo que consiga créditos oportunos resolutorios al respecto. De aquí la forzosa ligazón entre empresas productivas e intermediarios y la banca.
También debe haber un volumen de dinero en la población potencialmente consumidora que garantizaría la realización de todas las compraventas practicables por los productores, los intermediarios y los consumidores finales en general. En el caso venezolano, principal empleador en materia de servicios públicos burocráticos y en algunas empresas mercantiles y productivas, hasta en su propia Constitución está prevista una vigilancia exhaustiva de las necesidades de dinero que el Banco Central de Venezuela (BCV)- Art. 318, CRBV, Edit. Cavalieri-debe facilitar a la banca privada, pública y al Ejecutivo Nacional para que estos protagonistas puedan desenvolverse frente a los gastos varios, salarios y remuneraciones de sus trabajadores públicos y privados.
Al BCV, hasta ahora, no lo vemos pronunciarse ante la evidente falta de circulante que pueda cubrir la presente inflación, no ya para incrementarla, sino para evitar más estancamientos en la producción y la distribución.
Es que también, en materia macroeconómica, el Art. 320 de la misma Constitución dice: “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios para asegurar el bienestar social.”
Ambos, BCV y el Ejecutivo Nacional deben reconsiderar estos mandatos constitucionales porque actualmente dejan mucho que desear en cuanto a su estricto cumplimiento. Una osa es ajustar a los salarios a los costes corrientes de la cesta básica y otra, mantener la estabilidad de precios y la estabilidad monetaria. Debe estimarse un nuevo salario mínimo que sirva de nueva base para futuros ajustes. Si bien la coordinación BCV-Ejecutivo Nacional suele acordarse una vez a l año, la emergencia de la presente guerra económica obliga a la revisión de esta periodicidad.
