Sea de una forma u otra, dentro del régimen petrolero el objetivo fundamental del capital privado querrá competir con el Estado propietario venezolano en la captura de la renta petrolera. A 16 años de la Revolución Bolivariana, con el Plan de la Patria como ícono en la transición del socialismo, se hace pertinente hacer una aproximación vinculante a las fuerzas de esa histórica disputa por la captura de la renta petrolera. Esta disputa es materializada por actores, por sujetos de gran incidencia en este terreno. Como justificación, la ventaja en el desarrollo tecnológico del capital transnacional en la actividad extractiva petrolera fungió en su momento como circunstancia que abrió las puertas al régimen concesionario. Luego del nacionalización chucuta de 1976, el la cual se garantizaba las áreas medulares de la industria petrolera bajo el control del Estado, el capital transnacional como retirada táctica, para no perder espacios migró a la figura de “convenios de asistencia técnica”, para después prepararse con fuerza a través de la neoliberal “apertura petrolera” en los años 80 y 90, política esta que apunto a recuperar la presencia en las áreas medulares.
A lo largo del tiempo, nuestra principal industria ha venido tejiendo en el marco de esta disputa, un enramado de relaciones, negocios y negociados. En primer lugar, la cantidad significativa de renta petrolera que es capturada en forma de regalías, impuesto sobre la renta, otros gravámenes y dividendos, son apetecible por la burguesía improductiva nacional, como también la internacional, ambas con un andamiaje de lobbistas para ser“contratadas o asociadas” con el Estado. La otra fracción, aparentemente invisible de la renta, se revela en lo que se conoce como los costos operativos, más específicamente en lo que se invierte en empresas de servicios que son contratadas directamente por PDVSA. Sobre esta última tajada, no son pocos los negocios y negociados sobre los cuales hay mucha rienda suelta, y representa uno de lo más significativos estímulos para ocupar un alto cargo dentro de PDVSA, como también la promesa de futuro soñado de los jubilados que construyen empresas de servicios gracias a contrataciones bien tejidas y aseguradas en su momento.
En contraposición, la política de Plena Soberanía Petrolera definida por el Comandante Chávez, y orientada en la Ley Orgánica de los Hidrocarburos de 2001, y reforzada con la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos de 2009, sienta las bases jurídicas que aseguran el control, la administración y preservación de los recursos petroleros, y con ella garantizar el manejo por parte le Estado de la riqueza nacional, para ponerla al servicio de pueblo soberano. Frente a este planteamiento revolucionario y abiertamente antineoliberal los actores internos y externos, tanto del país como del gobierno, bajo la lógica del capital, apuestan al fracaso del Estado, apuestan al Estado ineficiente y mal administrador, para así favorecer a los negociados históricos constituidos a lo largo de mas de 100 años de historia petrolera, que hoy en día representan mafias económicas que defienden sus intereses de clase.
Frente al tejido histórico de intereses y negociados alrededor de nuestra principal industria, la “meritocracia” en la PDVSA de hoy, si bien ha intentado incidir en los negociados en las áreas y procesos tradicionales, ha orientado todos sus esfuerzos en la Faja. En nombre de reivindicar a la reserva de crudo más grande del mundo, se ha sobredimensionado las inversiones en esta zona, descuidando el resto del negocio petrolero, y así se ha venido constituyendo en muy poco tiempo un conglomerado de actores que defienden sus propios negociados e intereses. Todo esto bajo el eufemismo de “recuperar la confianza” con el capital privado y la “generación de estímulos”.
Es por esta razón que en tiempos de la Plena Soberanía Petrolera, el Ministro reivindica la eficiencia del capital privado, pero no menciona la eficiencia de la PDVSA del Estado que él administra y de la cual es el principal responsable técnico desde antes de ocupar Vicepresidencia de Exploración y Producción, donde tuvo suficiente libertad para destacar su talento. Por ejemplo, el Ministro nos dice que somos soberanos por que decidimos con quien perforar nuestros yacimientos, invitando a Schlumberg, Halliburton, Bakers Huges, Horizontal Well Drillers entre otras, sin aclarar que nosotros mismos no lo hemos podido hacer, y que además, él no menciona que cuando se contratan a estas “expertas” los tiempos de perforación en Venezuela exceden más de lo normal, tiempo adicional que lo paga PDVSA, lo paga pues el pueblo. La convivencia, no tan táctica, pareciera hacerse necesaria y es el rumbo que han tomado las recientes políticas definidas para el negocio petrolero, con el nombramiento de la Cámara Petrolera como principal responsable del motor hidrocarburos, el decreto de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, con ventajas tributarias para el sector empresarial privado, bajo la premisa de trascender la economía rentista petrolera.
Precios altos del crudo no permiten visibilizar las debilidades a lo interno, a pesar que Rockefeller dijese que “el mejor negocio del mundo es el petróleo bien administrado, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado”. Las mafias de los negociados, con indolencia técnica vulneran a nuestra principal industria y algunos creyentes basados en la referencia mediática, frente a esta realidad invocan una gran OLP que pueda poner orden y gobierno en PDVSA. Al parecer ese rol vendrá a asumirlo CAMIMPEG, quien mediante decreto le compete gran parte de la administración de servicios y bienes relacionados a las actividades conexas entre ellas el mantenimiento y administración de taladros de perforación de pozos petroleros. Si CAMIMPEG es la OLP que necesita PDVSA, esperemos que ésta entienda que el negocio petrolero es un negocio esencialmente tecnológico, lo cual no se debe confundir con el “orden cerrado”, aunque ya su creación pone en tela de juicio la capacidad de las actuales instituciones del Estado en esta materia.
La creación de CAMIMPEG pasa por ideas como las precedidas en el párrafo anterior que pueden aludir a la militarización de PDVSA, también pudiera aludir la creación de un órgano bajo en control del Estado que en materia de hidrocarburos materialice de primera mano las actividades conexas o de servicios, sin embargo también pudiera generarse un intermediario burocráticamente adicional para dichas materializaciones. Burocratizando o no estas actividades, el otro escenario es considerar que tomando en cuenta de rol del manejo de la legitima violencia por parte del Estado, la Fuerza Armada se plantea de manera directa, la disputa sin intermediarios de la renta petrolera, dispuesta a enfrentar a los negociados custodiados por la aun meritocracia pdvérica.
