“La Asamblea Nacional (AN) aprobó la Ley Orgánica de Emolumentos para altos funcionarios del poder público, la cual regula los salarios de quienes ocupan cargos como el vicepresidente de la República, los ministros, gobernadores, etc. La legislación aprobada establece como tope de salarios para estos cargos el equivalente a 15 salarios mínimos que sólo podrá ser devengado por los funcionarios de mayor nivel. Asimismo, la normativa establece que los altos funcionarios públicos no podrán recibir bonificaciones por su trabajo… que los depósitos de estos pagos sólo podrán efectuarse en la banca pública”.
Aquí cabe bien el viejo refrán: “De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”, y el “infierno político” no podía escapar de ello. No hay duda que los diputados pretenden establecer un poco de orden en cuanto a la asignación de ingresos por parte de aquellos funcionarios que practican otro refrán muy conocido: “Quien parte y bien reparte, le queda la mejor parte”.
En esta repartición, consideran que la importancia de sus cargos es tal que deberían devengar una remuneración acorde con ellos. ¿Tienen razón en ello? ¡Yo diría que sí! Es preferible un buen sueldo que muchas malas tentaciones. ¿Se ha pensado en la proporción de su ingreso como funcionario y el monto de las cantidades en bolívares que por la condición del cargo deben autorizar en gastos o inversiones? ¡No estoy queriendo decir que su ingreso deba ser proporcional, sino racional!
Es conveniente recordar la anécdota del mexicano que esperó durante años su ingreso a la Policía de Tránsito de Ciudad México y cuando vio su deseo cumplido, se encontró que no podía comenzar a trabajar porque se carecía de una motocicleta para asignársela. Con la misma “vocación” que le permitió esperar su ingreso durante años, respondió rápidamente: “¡Yo compro la moto!”.
Algunos cargos públicos son tan apetecibles que muchas personas serían capaces de someterse al “sacrificio” de ejercerlos sin ninguna remuneración; en México, Venezuela, o cualquier parte del mundo. La remuneración por el ejercicio del cargo es la menor de las preocupaciones: con sólo los gastos de representación, les bastaría a muchos; en la mayoría de los casos.
Considero que el análisis de los ingresos debió comenzar desde abajo; por ejemplo, desde un cargo de un conserje que percibe un salario mínimo; pero al cual se le asigna un apartamento que suele corresponderle un arrendamiento de dos salarios mínimos, entonces no puede afirmarse que sólo gana el salario básico. Si de aquí se pasa a un pintor de brocha gorda, quien aspira ganar un salario mínimo semanal, y de este al técnico que gana dos salarios mínimos básicos, más un adicional equivalente por el mismo monto, por horas extras y viáticos, y luego lo multiplicas por veinte, para establecer el ingreso equivalente a un año, con los beneficios adicionales; entonces comienzas a pensar más detenidamente.
Vamos con los médicos, tan duramente criticados por algunos, por los supuestos sueldos elevados que devengan (producto de guardias de hasta veinticuatro, o treinta y seis horas, que nos les permiten descansar el tiempo requerido por su organismo, y dentro de las cuales salvan vidas que valen mucho más de 15 salarios mínimos); si se analizan sus ingresos de abajo hacia arriba, deberían ser el doble de los actuales, como mínimo; si lo haces de arriba hacia abajo, entonces nuestros centros de asistencia médica se quedarán sin profesionales, si se pretende aplicarles esta Ley de Emolumentos; o utilizarla como referencia.
La escasez de profesionales que se nota actualmente en los postgrados de medicina –los mismos cuyas solicitudes antes se abarrotaban– se debe a que un medico sin especialización puede llegar a devengar en una clínica privada hasta veinte salarios mínimos en un mes. Un postgrado no le ofrecería una mejora económica en un cargo público; peor, aún, cuando se observan casos como el del bono de los seis mil bolívares fuertes que le dieron a todo el personal de Sanidad, con excepción de los médicos, porque su “convención colectiva” no lo contemplaba. Si bien no son todos; algunos se entregan a su profesión de tal manera que sería inaudito exigirles más por menos salario, sin antes mejorarles sus condiciones generales de trabajo. Ocurre algo similar en la mayoría de las profesiones universitarias.
La “moral política” siempre ha sido diferente de la “moral pública”; la primera la describe adecuadamente Maquiavelo en su criticado “El Príncipe” y nada ha cambiado substancialmente desde entonces; así se pretenda presumir de lo contrario. Capitalista, o socialista, un cargo público es una oportunidad de mejoramiento económico para la mayoría de las personas; sea “pat’enelsuelo”, u oligarca. De eso está claro todo el mundo; por eso fue que durante el gobierno de Caldera se promulgó una ley semejante que, presumo, nunca fue derogada; tampoco, aplicada. Ni entonces hubo; ni habrá ahora, “quién le ponga el cascabel del salario al gato del funcionario”.
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