descarnan públicamente la designación de Hadel Mostafá Paolini como nuestro (me cuesta decirlo) embajador ante una nación tan estratégica desde el punto de vista de la geopolítica mundial como lo es Kuwait.
En los primeros días de agosto, me atreví a denunciar este hecho en el portal de www.aporrea.org bajo el título: “¿Borrón y cuenta nueva? A propósito de la designación de Hadel Mostafa como Embajador ante Kuwait”
http://www.aporrea.org/
En esa oportunidad, la Asamblea Nacional aprobó el nihil obstat para la designación de este personaje como embajador ante ese país petrolero. Luego de mi publicación, repicaron otras personas, entre ellas, el profesor José Sant Roz quien con vehemencia escatológica, por demás justificada, sumaba su protesta. Abrigaba la esperanza que este asunto se revisara en el Alto Gobierno y frenara semejante afrenta contra el proceso revolucionario.
Pero es que hay agregar a las notas publicada que este magistrado, hoy jubilado, es al ater ego de Henrique Salas Römer, quien lo llevó de su mano para la designación como magistrado en el año 2000. Viene del foro jurídico más reaccionario de Valencia, que ya es mucho decir.
Aun más, no sólo suscribió aquella célebre sentencia “preñada de buenas intenciones” sino que se sumó al coro de magistrados miquelenistas en aquellos días aciagos del “paro petrolero”. En “El País” de Uruguay en su edición digital del 11 de diciembre de 2002 reseñaba cómo el Tribunal Supremo de Justicia se “sumaba al paro general”. En efecto, dicho diario informaba que “Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia decidieron ayer suspender parcialmente sus actividades en rechazo a las presiones que han recibido de parte del gobierno. La decisión de ocho de los 20 jueces del máximo tribunal complica la difícil situación que vive el país desde el 2 de diciembre a consecuencia del paro de la oposición. El vicepresidente Franklin Arrieche reconoció que el país está viviendo momentos de "verdadera conmoción" a consecuencia de la huelga y el asesinato de tres personas ocurrida el viernes durante una concentración opositora.
Los magistrados del Tribunal Supremo emitieron un comunicado en el que expresan su rechazo por la "intimidación y exposición al escarnio público, a la humillación e irrespeto de nuestras personas y por consiguiente a la majestad del poder judicial".
"Hemos venido siendo víctimas de prácticas perversas", dijo el magistrado Alberto Martini al denunciar las investigaciones iniciadas por miembros de la policía del gobierno contra los integrantes del Tribunal Supremo.
Los jueces Antonio García, Pedro Rondón, Hadel Mostafá, Alfonso Valbuena, Antonio Ramírez, Blanca Rosa Mármol, Martini y Arrieche acordaron pedir a las cortes supremas de Iberoamérica que exijan el "cese de los referidos agravios que constituyen un grave menoscabo a la integridad del poder judicial y que afectan el orden jurídico constitucional". (Huelga cualquier comentario) (Destacado justificado).
http://www.elpais.com.uy/02/
Consecuente con esa línea, salvó el voto en una sentencia de la Sala Político Administrativa que anulaba una medida cautelar que había otorgado la entonces Corte Primera de lo Contencioso Administrativa a favor de los trabajadores golpistas recién despedidos de PDVSA. Más adelante, salvó el voto en una sentencia también de la Sala Político Administrativa que revocaba la decisión de la Corte Primera en contra de la Misión Barrio Adentro.
Además, este personaje se sumó a ese grupo obstruccionista dentro de la Sala Plena del TSJ que funcionó hasta la nueva cohorte de magistrados nombrados a finales de 2004, cuando empezó a “mimetizarse”, bajar el perfil y sin estridencia alguna gozar de las mieles del poder. Un tránsfuga cualquiera pues.
Esto es una injusticia que clama al cielo. ¿Acaso no hay más compatriotas que puedan serle útiles a la patria Bolivariana?