La lista de politiqueros y palangristas que se rasgan las vestiduras por la lista de antichavistas que solicitaron el referéndum revocatorio presidencial, elaborada por Súmate y publicada en distintas paginas de internet, es interminable.
Los neofascistas de Primero Justicia, por ejemplo, le exigen al Fiscal General enjuiciar al diputado Luis Tascón por "discriminación política" ya que "difundió información privada que desencadenó una serie de retaliaciones públicas y abusos de los derechos civiles y constitucionales…" (El Universal, 23 de Abril de 2005) Sin embargo, los recalcitrantes derechistas olvidan que la lista fue también publicada en distintas paginas web de la oposición. En un comunicado oficial difundido por los medios de comunicación privados, la extinta Coordinadora Democrática exhortaba a sus partidarios a que verificaran el estado de su firma "llamando gratis al 0-800-4100041, o enviando desde cualquier teléfono celular un mensaje de texto y el número de tu cédula de identidad al número 1515, o a través de internet en www.coordinadora-democratica.com o www.sumate.org..." (Globovisión, 26 de Mayo de 2004) De esta manera, la oposición logró presionar a ciudadanos venezolanos que independientemente de su posición política se negaron a firmar o reparar su firma contra el presidente Chávez. Caso emblemático fue el de Adrián Guacarán, a quien no le bastó haber sido el famoso "niño" que le cantó al Papa Juan Pablo II, para que el Alcalde del Municipio Acevedo en el Estado Miranda, el copeyano Vicente Apicela, lo despidiera de su trabajo junto a su esposa, quien incluso aun se encontraba en reposo postnatal, por haber retirado su firma de la solicitud de revocatorio. (Venpres, 1 de Junio de 2004)
Igualmente, la antichavista María Corina Machado de Súmate acusó al gobierno de instigar "un proceso de persecución, discriminación y segregación masiva," pero como fiel militante oposicionista, niega que empresarios, así como gobernadores y alcaldes de oposición, hayan realizado presiones de la misma índole. Asimismo, Machado muestra una alta dosis de "institucionalidad" para con su organización antichavista financiada por Estados Unidos a través del NED para fungir como órgano paraelectoral asumiendo la guardia y custodia de datos privados, usurpando así la competencia exclusiva y constitucional del CNE. Es tal la desfachatez de esta organización, que después de haberse erguido como órgano "independiente" de la "sociedad civil", ahora asuma su postura de "partido político" bajo la mascara de "movimiento ciudadano nacional", para lo cual tendrá a su favor la "propiedad intelectual" de una base de datos nacional de ciudadanos venezolanos.
Por si fuera poco, El NaZional (24 de Abril de 2004) también arremetió en su primera pagina y a grandes titulares contra el gobierno nacional, sugiriendo que la persecución política, por medio de las firmas, "es considerada un crimen de lesa humanidad," aunque desde su propia dirección se desató una despiadada campaña discriminatoria contra ciudadanos venezolanos de acuerdo a su preferencia política, calificando de "lumpen" comprada por el gobierno "con un bollo de pan y una carterita de ron" a todo el que marchaba a favor del presidente Chávez (14 de Octubre de 2002), y execrando de sus paginas cualquier vestigio de pensamiento bolivariano como Luis Brito García y Earle Herrera, por nombrar solo a dos de los mas brillantes intelectuales venezolanos.
Lo cierto es que mas allá de la interminable lista de idiotas que acusan al gobierno de perseguir políticamente a los antichavistas que firmaron a favor del referéndum y negarles puestos de trabajo en la administración publica, la discriminación laboral en Venezuela en de muy vieja data. Solo basta con recordar los famosos "carnets" de los partido AD y Copei, requisito indispensable para ingresar a la administración publica puntofijista, o hurgar entre los anuncios clasificados de la prensa nacional para encontrar a empresas que discriminan a su personal de acuerdo al género, edad, raza y condición social. Todavía, empresas e instituciones publicas y privadas continúan exigiendo una fotografía como requisito indispensable para solicitar empleo, lo cual solo tiene sentido si se estuviera valorizando las "cualidades estéticas" del aspirante de acuerdo a los patrones de "buena apariencia" heredados de la cultura chauvinista de la Venezuela cuartarepublicana.
En todo caso, sería verdaderamente conveniente que la "lista" sirviera para identificar a la vasta legión de saboteadores que utilizaron sus puestos de trabajo para desestabilizar al gobierno y promover abiertamente su derrocamiento. En el servicio exterior, por ejemplo, continúan laborando cientos de funcionarios que desde que Chávez asumió el poder se han negado a levantar un dedo en beneficio de la patria, y todavía utilizan los espacios diplomáticos para que organizaciones antichavistas desplieguen su campaña mediática contra Venezuela en el exterior. También sería beneficioso que la lista identificara la desidia y corruptela heredada del puntofijismo que protagonizan chavistas y antichavistas, firmantes y abstencionistas, en los distintos ministerios e instituciones del Estado. Es por ello que hay que ser bien idiota para que un alto funcionario del Estado utilice la "lista" como única referencia para determinar la capacidad de un trabajador sin tomar en cuenta su desempeño y compromiso con el proceso, en caso de que así sea necesario, porque también hay que ser idiota para negarle trabajo a un obrero por antichavista, o que un opositor al proceso bolivariano que denigre de su propio presidente y no comulgue con los principios de integración, pluripolaridad, igualdad, solidaridad y justicia social que promueve la Revolución Bolivariana, pretenda ser el director de un proyecto educativo nacional o cónsul de Venezuela en alguna misión del exterior.
(*) Internacionalista
