Ibéyice Pacheco está en su casa cumpliendo una condena por difamación contra otro ciudadano, luego de una espectacular entrega que recuerda a la que también protagonizó otro periodista, William Ojeda, durante el gobierno de Rafael Caldera, el 23 de enero de 1997, tras ser condenado a un año de prisión por difamar a dos jueces.

En aquella oportunidad hubo, como ahora, una ola de solidaridad automática por parte de dirigentes gremiales, políticos y periodistas, que fue adversada por quien entonces solía hacer documentadas críticas al comportamiento de los medios de comunicación, la profesora Marta Colomina.

Sus palabras lucen muy actuales. Sólo hace falta cambiar el nombre de Ojeda por el de Pacheco y el del libro de William por el de la columna de Ibéyice:

“Hace algún tiempo, a propósito de la dominante corriente de opinión a favor del periodista William Ojeda y de su pésimo libro Cuánto vale un juez, escribí sobre los efectos que el terrorismo periodístico y las solidaridades automáticas suelen producir en las opiniones de las grandes audiencias. Decía entonces que los profesionales de la comunicación criticamos constantemente la solidaridad automática practicada por gobernantes y políticos cuando un miembro de su cofradía es acusado de mal comportamiento y sin indagar la veracidad de las denuncias se lanzan a defender a su conmilitante contra viento y marea. Me preguntaba lo que ocurriría si medios (MC) y periodistas aplicamos esas mismas solidaridad en defensa de quienes infringen las normas de la ética profesional y amparados en un corporativismo peligroso convertimos en paradigma del tan necesitado periodismo de investigación a lo que sólo es un conjunto de denuncias no documentadas o venganzas personales” (“La tiranía de los
medios: Matos y Alfaro”, en El Universal, 16/11/1997).

De bisturí a guillotina

La ilustre profesora se manifestaba horrorizada por la ausencia de pruebas documentales en las denuncias publicadas por Ojeda en su libro. Ella y otra gente seria de las escuelas de comunicación social se esforzaban porque sus alumnos o lectores evitaran dejarse llevar por la comprensible tendencia a la solidaridad que provoca el encarcelamiento de un periodista, y prestaran mayor atención a las causas de un hecho lamentable como ése.

El periodismo, le escuché por aquellos días a un viejo periodista, es como un bisturí: puede salvar una vida, pero también dañarla o, incluso, destruirla.

Desde entonces -¿habrá tesista que se anime a comprobarlo con la comparación entre el contenido de las columnas publicadas en la prensa de aquellos años y el de éstos?-, el noble bisturí se convirtió en alocada guillotina, que, como el mercenario, va cortando cabezas y reputaciones sin detenerse en nimiedades como el Código de Ética o el derecho ajeno.

Otrora serios y respetados profesionales de la comunicación “chepacandelizaron” sus columnas y espacios audiovisuales en guerra sin cuartel ni escrúpulos contra un proyecto político que no les agrada o conviene y en defensa de otro de signo contrario. No se paran en artículos: inventan o reproducen acusaciones sin verificar y reparten epítetos denigrantes que antes sólo se reproducían en prensa si un político lo usaba para atacar a otro. Escudados en el periodismo, y en que todo es culpa de Chávez, convierten en tema de interés público el salón de clases donde estudia el hijo del ministro tal o cual o la dirección exacta de habitación del diputado mengano, propiciando persecuciones sociales en contra de uno y otro. Condenan, sí, el que un periodista no alineado con ellos se base en fuentes documentales “prohibidas” para divulgar noticias que ellos callan, porque no convienen a sus intereses. Su última moda es autojustificarse por la existencia de La Hojilla, como si ese programa
fuese causa y no efecto de su propio desquiciamiento.

Ibéyice Pacheco se ha visto obligada a pedir disculpas ya en dos ocasiones, y no por su propia voluntad, sino como consecuencia de las acciones judiciales que, en respuesta a alguna imputación temeraria, han tenido que impulsar sus agraviados. Una, por haber involucrado en turbios negocios a un hijo del canciller Alí Rodríguez, a pesar de que el joven había muerto varios años atrás. Otra, por haber ofendido al coronel Ángel Bellorín, sin aportar pruebas de sus acusaciones. En ambos casos reprodujo lo que le dijeron, sin siquiera parecer preocupada por verificarlo, a pesar de su gravedad implícita. Y después tuvo que retractarse, tribunales de por medio.

En su momento abogué por la libertad de Ojeda y ahora, muy a pesar del océano político que nos separa, preferiría que Pacheco estuviese libre y escribiendo sus columnas y hablando por su programa de radio. Pero que, sin renunciar a sus posiciones políticas, lo hiciera con el mínimo de responsabilidad y respeto al derecho ajeno al que obligan el periodismo y la ley.

Abusos de libertad
Si le interesa el tema, le sugiero continuar con las palabras de Joaquín Estefanía en el prólogo del Libro de Estilo del diario El País, de España:

“La libertad de expresión y el derecho a la información son dos principios esenciales para la existencia de la prensa libre, que es una de las instituciones básicas del Estado de Derecho. Tanto es así que no se puede hablar de democracia en ausencia de una prensa que no tenga las garantías suficientes para desarrollar su labor. Los periodistas ejercemos estos dos derechos esenciales en nombre de la opinión pública, de nuestros lectores. Ello nos obliga ante la sociedad en una medida más amplia que el estricto apego a las leyes, que debemos acatar como el resto de los ciudadanos. Cuando los periodistas exigimos información en nombre de la opinión pública, o criticamos a personas o instituciones de la Administración o de la sociedad civil, contraemos una responsabilidad moral y política, además de jurídica. Es decir, que se puede abusar del derecho a la libertad de expresión o del derecho a la información sin infringir la ley. De vez en cuando, la prensa española ofrece ejemplos que
demuestran cómo el periodismo puede ser puesto al servicio de intereses ajenos a los lectores; cómo se desarrollan a la luz pública campañas de opinión que responden a oscuras pugnas financieras o mercantiles; cómo a veces la caza y captura de ciudadanos se disfraza de periodismo de investigación. Convertir los medios de comunicación en armas del tráfico de influencias al servicio de intereses que no se declaran es una práctica de abuso que crece a la sombra de la libertad (…). La defensa de la libertad de expresión pasa por el establecimiento de mecanismos de transparencia en el ejercicio de esta profesión, a fin de no arruinar el único patrimonio de nuestro oficio: la credibilidad”.

Recuerdo que William Ojeda aprovechó los 6 meses que estuvo en la cárcel -mientras Caldera se decidió a indultarlo- para hacer un postgrado a distancia. Ojalá que Ibéyice también pueda aprovechar los dos meses de ocio en casa, si es que no sale antes, para abrevar del párrafo anterior.

Taquitos

MARQUESEÑA. Entrevisto al presidente del INTI, Richad Vivas, y me dice que quien violó el acuerdo entre el presidente Chávez y Carlos Azpúrua, representante del hato La Marqueseña, fue éste último, al no ejercer acciones ante los tribunales para clarificar la propiedad de la tierra. Luego entrevisto a Azpúrua y me dice que Vivas miente, pues ellos sí han ido a tribunales. ¿Quién tendrá la razón? Lo cierto es que las medidas del INTI sorprendieron a propios y extraños, pues La Marqueseña había sido mostrada como modelo de solución amistosa a los conflictos que genera la lucha contra el latifundio. ONU. Pocos venezolanos saben tanto de Derecho Internacional como Fermín Toro Jiménez, actual embajador de Venezuela en la ONU. Sus libros sobre la materia son de consulta obligada para los estudiantes de leyes, así como para cualquier interesado en el Derecho Internacional. Erudición académica que va acompañada de firmes convicciones revolucionarias. En los años de la IV, no había acto o manifiesto de solidaridad internacional en que su nombre no figurase. En la ONU, ha sido clave en la detección y denuncia de las iniciativas de EEUU para restringir aún más la democracia en ese foro. Por estos días circulan versiones sobre su posible regreso a Venezuela. Como sustituto, se menciona a Francisco Arias Cárdenas. CITA. “El periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe acusaciones sin prueba o ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de las personas, instituciones o agrupaciones”. Artículo 10 del Código de Ética del Periodista Venezolano.