Exposición sobre Auditoría de Gestión, en el Colegio de Ingenieros de Venezuela.  Caracas, sábado 30 de mayo de 2015.-

Por toda la geografía de la República se ha extendido la opinión según la cual los delitos contra el patrimonio de la nación, no cesan, y de que, en infinidad de casos, los órganos encargados de su custodia omiten sus responsabilidades de vigilancia efectiva y hasta están minados por los mismos males que deben, con ayuda de todos, remediar. Asimismo, también se opina que actos lesivos a nuestro acervo patrimonial llegan a auspiciarse, para derivar el efecto pernicioso de convertir al venezolano en cooperante de las peores causas.

Los campesinos de nuestra tierra, los trabajadores dependientes y por cuenta propia, los profesionales que desempeñan oficios diversos, los técnicos en diferentes esferas del saber, los emprendedores: industriales o comerciantes que han asumido riesgos en las actividades que inician y desarrollan lícitamente; los hombres y mujeres que rinden servicios a las ciencias en sus diferentes expresiones,  o están dedicados a las letras, componiendo cantos y articulando frases para hacer ensayos, cuentos, novelas o poesía. Todos ellos, que es también decir, todos nosotros, tenemos una historia de vida incansablemente honorable; sin embargo, las maneras como se conduce un grupo, que no es pequeño, de burócratas que ha defraudado la confianza que la gente les ha depositado, y que actúa en estrecha combinación con los mercaderes de siempre, nos exhiben ante propios y extraños, como bachaquerotes, bachaqueros, pranes o miembros de bandas o carteles negociadores de cualquier cosa. Vamos a demostrar que la mayoría de los venezolanos no somos eso,  y sí somos la gente que exalta el trabajo, y que viste su gentilicio con un orgullo telúrico.

Las conversaciones en la capital o en cualquier provincia, tienen como temas obligatorios las cuestiones que atañen a la inseguridad personal que ya ha cobrado un incontable número de víctimas: En artículo reciente sobre la violencia, Pérez Esclarín sacaba a la superficie, que Venezuela es el país más violento del continente, que el promedio internacional es de 6,5 muertos por esa causa, por cada cien mil habitantes, y que, en el 2014, se alcanzó la cifra de 54 muertes por cada cien mil; ese año murieron 25.000 venezolanos, víctimas de la violencia, número superior al de países que están en guerra. Por otro lado, se habla y se padece una inflación desenfrenada, y también se comenta de la evidente escasez de alimentos, que ha provocado para su obtención, riñas rusticanas; se intercambia respecto a la falta de medicinas esenciales que acarrea agravar las condiciones de los pacientes, y hasta se produce la muerte; no se omiten los problemas acuciantes de la vivienda, o lo que concierne a la realización de diligencias engorrosas que van, desde el trámite de un boleto nacional o internacional, hasta la procuración de un crédito, en fin, conversaciones referidas a las cuestiones que son propias de nuestra vida en sociedad. Todos esos temas están cruzados por una línea transversal de coimas, robos, comisiones, dádivas, curiosos regalos, sobornos, tráfico de influencias, adoración al becerro de oro, y hasta nepotismo como uno de los peores males de la actualidad.

Pues bien, no se trata de hechos nuevos en la historia republicana, pero lo que importa es que no se han frenado, y que durante los dos últimos años se han agudizado calamitosamente. Pareciera revelarse una situación en la cual la sociedad se observa intoxicada, enferma, padeciendo síntomas peligrosos que ponen en riesgo el desenvolvimiento vital y, para peor, tenemos poderes u organismos públicos que han abandonado sus funciones. Una Asamblea Nacional que ha abdicado sus potestades; no se sabe quién ni qué legisla; una administración de justicia sesgada a la que el ciudadano acude asustado porque se le puede imponer una sentencia absurda que nadie la explica, y conformada por tribunales que padecen una metástasis que no parece retroceder; un Poder Ciudadano que es absolutamente sumiso y cuyos órganos compiten para evaluar quién hace peor la tarea. Un botón de muestra es el de un defensor que no defiende a nadie, excepto a sus allegados, pero declara en las pantallas todos los días que defiende a todos. Se trata, entonces, de que,  quienes están obligados a atender adecuadamente a una comunidad en ese estado de derivada postración, están más dedicados, no hay duda alguna, a adoptar nombramientos o destituciones, o resolver ingentes problemas de la patria,  por Twitter o por Facebook, o inventando programas de radio o televisión; en esa línea de pensamiento tenemos que subrayar que hasta se dan el lujo de impedir, sin ningún argumento válido, el derecho de asociación política, negando nombres o tarjetas a quienes lo solicitan para participar en las contiendas electorales, así es, burocracia repugnante,  sumergida en la incapacidad, la indolencia e irresponsabilidad, así como  en el boato y la farándula, y no ocupando idóneamente el tiempo en el cumplimiento de sus deberes como servidores públicos.

No se puede omitir que también hay empleados públicos o contratados por tiempo determinado, cuyos contratos se prorrogan cinco, siete o diecisiete veces; es la gente que todos los días se levanta temprano, que asiste a su trabajo, que cumple las tareas que se le fijan. Es la gente de quince y último que estira su salario como un verdadero milagro, pero aún así, no le alcanza el ingreso para mantenerse, y menos para tener un ahorro previsivo de situaciones futuras. De esa misma condición conseguimos en nuestra Fuerza Armada, Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Subalternos, militares de diferentes fuerzas y rangos distintos, que no han perdido el norte de la Defensa de la Patria, que están orgullosos de ser portadores del ideario del Ejército Libertador, y mantienen una conducta intachable, no obstante, hay un sector de la misma Fuerza Armada al que no le importa el nombre de los Padres de la Patria, ni el honor de su propio nombre, y han incurrido también en comportamientos administrativos censurables. 

Es imposible pasar por alto la catastrófica imposición de un manejo complejo de las divisas. La sociedad se encuentra perpleja frente a cuatro tipos de cambio que van, desde un precio del dólar a seis bolívares, pasando por otro de aproximadamente doce bolívares, u otro llamado simadi que supera los doscientos, hasta el dólar paralelo vendido en el mes de abril a doscientos, y que en pocos días se ha montado en un monto cercano a los cuatrocientos cincuenta bolívares en el mercado negro, mientras esto se escribe. Llama la atención que mientras el Presidente declara hace pocas horas que Venezuela no estuvo, ni está, ni estará dolarizada, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), dispone oficialmente que las cesiones, fusiones, y anualidades de patentes, entre otras cosas, deberán realizarse en dólares. O el Presidente desautoriza al SAPI, o el SAPI desautoriza al Presidente. ¿ Quién puede saberlo ?. Además de la dolarización real de la economía, tal desorden ha provocado que funcionarios de la burocracia instalada, a la que nos hemos referido, en estrecha simbiosis con grupos históricamente especuladores, estén obteniendo descomunales ganancias en el obscuro mercado que se ha creado sin norma que lo rija, mientras que los venezolanos en su mayoría evidente se empobrece, a pesar de los salarios o ingresos nominales que devengan, cuando los devengan.

Planteadas así las cosas, se impone ir a la fuente original, a nuestro pacto social que está plasmado en las normas constitucionales que gobiernan el devenir de la República. La Constitución no es un librito que se muestra cada vez que una cámara enfoca a un personaje público o privado, o que se muestra, además, cuando se está realizando un acto ostensiblemente violatorio de ella. Es una norma que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, las garantías de su ejercicio, la organización del estado, las funciones  de sus órganos, las atribuciones de los organismos nacionales,  estadales o locales, y a ella y sólo a ella debemos ser sumisos, habida cuenta de la naturaleza fundamental de su imperativo contenido.

La actividad contralora dispuesta en nuestra constitución es una, única e indivisible, a pesar de que su forma de organización respeta la división territorial en sus diferentes expresiones, así como también se establecen particularidades en el decurso administrativo de la vida civil y militar. Se trata de un sistema que fue concebido para la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos y gastos, y seguimiento riguroso de las operaciones asociadas a los bienes públicos, donde quiera que éstos se administren. A estos efectos, los órganos tradicionales de contraloría, así como la creación portentosa de la contraloría social, pueden y deben practicar las investigaciones y hacer las fiscalizaciones que correspondan para el uso correcto de los fondos del estado.

Precisamente, sobre la base de esas potestades que le están atribuidas, la contraloría tradicional y el ejercicio de la contraloría social puede y debe dictar medidas contra los funcionarios públicos y entes privados, sin distinción de rangos, hacer los reparos que se deriven de sus investigaciones, e impulsar al Ministerio Público para que inicie, desarrolle y concluya las acciones cuyo conocimiento y decisión están conferidas a los tribunales de justicia. Se trata de una actividad de una importancia indiscutible, que es gravísimo menoscabarla mediante la inacción, las acciones dolosamente planteadas, o la confusión perversa con los mandatos definidos para los órganos del Poder Ciudadano o, con la omisión de responsabilidad de los tribunales, cualquiera que fuere su instancia.

Con fundamento en las razones que adelantamos, se impone realizar una auditoría pública y ciudadana que examine la gestión de los diferentes órganos del estado, realice un escrutinio del modo como se han administrado los bienes de la nación, e intente identificar a quienes han depredado el patrimonio público. Es una actividad que requiere un esfuerzo monumental, que invita a la concurrencia de mucha gente, éticamente incuestionable, con un compromiso indiscutible que haya sido precedido de una épica política que se requiere en estos momentos, y con conocimiento adecuado para abordar la tarea. Se trata de convocar al pueblo venezolano a marchar por la defensa a todo costo de la Constitución, y contra la impunidad que es una plaga que es necesario extirpar. La sociedad venezolana no estará satisfecha hasta no ver privado de la libertad o que se le revoque el ejercicio de su licencia, a un civil, ministro, rector o magistrado, a quien se le haya comprobado actos lesivos contra los caudales de la nación, o ver condenado a un empresario corruptor, o ver a un militar sancionado con la sentencia legal correspondiente, y castigado con la degradación de su rango ante la tropa cuyo comando o dirección se le ha confiado.

Señores administradores temporales del Estado Venezolano:

Yo aspiro que el grupo impulsor de la Auditoría Pública y Ciudadana tenga la determinación firme de perforar el miedo. No es posible que cada venezolano sencillo del pueblo esté invadido por los temores provocados por la inseguridad, o por las amenazas internas o externas, o por las incertidumbres respecto a su porvenir. Deploramos que el hombre y la mujer de nuestra patria no sientan que hay reglas de juego claras para los ciudadanos entre sí, o con los jerarcas del estado, ni con los conspicuos dirigentes de una tal Unidad Democrática que nada tiene, ni de una cosa ni de la otra, pero si tiene bastante de plutócrata, y que quisiera restaurar sus indecentes privilegios. Lamentamos que ese mismo pueblo, no sienta que hay, hasta el momento, alternativas políticas legítimas con las cuales pueda seriamente identificarse. La opción de la auditoría ciudadana aspira abrir los anchos cauces de la democracia protagónica, y que cada expresión de cualquier venezolano, sea escrupulosamente respetada, y sus planteamientos levantados ante quien corresponda.  

La acción auditora que ahora debería emprenderse tendría, a mi entender,  la intención de ser sostenida en el tiempo. Estamos convencidos de que nuestro pueblo venezolano es decente y que, en el orden político más profundo, saca fuerzas arrolladoras cuando es maltratado, agredido externa o internamente, y tiene las resistencias probadas para contrarrestar las enfermedades sociopáticas que se le intentan inocular. Así ha sido en diferentes episodios de nuestra vibrante  historia patria, y estamos seguros de que así será en este momento agobiante. La auditoría aspirada está acotada en estos marcos. Precisamente, una de las resistencias de la que hablamos, es la política como un oficio digno que se ejerce con tenacidad y no convencionalmente, entendiendo que al poder se llega para servir con humildad y coraje, y no para usufructuarlo y gozar obscenamente de sus privilegios, y que la política concebida en esos términos, lleva implícito un compromiso de solidaridad existencial con la comunidad amplia en la que se desarrolla la cotidianidad, y también en los momentos estelares de la vida.

Los resultados del escrutinio que se realizará deben ser publicados, y además conocidos y debatidos por todos los venezolanos, en un ejercicio de diálogo protagónico y democrático. Iniciar el trabajo con las denuncias fundadas que se presenten. Hay casos socialmente sospechosos, pero aún sin los necesarios indicios. ¿ Será cierto que hay funcionarios que ocupan dos, seis o hasta diez cargos? ¿Se podrá saber cuándo y de que manera cumplen las funciones en cada caso, y de que manera? ¿ Será cierto que hay torcidos empalmes entre padres e hijos, hermanos o primos, tíos y sobrinos, ocupando cargos como funcionarios, en una abierta confusión de intereses? ¿ será verdad que hay encompinchamiento entre altos funcionarios públicos y empresas privadas importadoras de existencia dudosa, para obtener divisas baratas y obtener ganancias exorbitantes ?  Muchas preguntas surgirán. Yo guardo la esperanza de que la solución a los problemas descritos pase, como corresponde, por la auditoría, sin pretender que esta sola acción constituya remedio suficiente. Bajo estas circunstancias venezolanas y en estos momentos difíciles, recuerdo la expresión de un dirigente político del siglo XX, quien decía durante momentos complejos que requerían la adopción de decisiones relevantes: “No parece que es el final, ni siquiera, el principio del final, pero es, tal vez,  el final del principio”

La Auditoría es una actividad que no admite demora, y que requiere el concurso de los  hombres y mujeres a quienes la República les duele, y que estén determinados a cumplir una tarea exigente y que implica riesgos. El único modo de llevarla a cabo sin mayores temores, es asociándola al convite, la minga o la cayapa, que fueron los modos que utilizaron nuestros antepasados para lograr los mejores resultados con su trabajo.