A riesgo que este título sea descontextualizado y utilizado para otros fines distintos al que me propongo, decidí mantenerlo, tal vez con fines de estimular la curiosidad de las personas a quienes va dirigido: las autoridades.

El OLPP, (palabra que nunca me ha gustado cuando se trata de tomar medidas tendientes a incidir en el ámbito estructural donde se aplica), no puede a mi juicio seguir aplicando las medidas intimidatorias o de diagnóstico detectando donde están y como se comportan los malandros. Si, así llamados, pues no se les puede calificar con otro término a quienes delinquen y ponen en peligro la tranquilidad y la paz de una sociedad.

Por eso no me gusta la palabra operativo, pues como su nombre lo indica es algo puntual, efectista, pasajero y luego desaparece sin dejar resultados concretos de modificación de la situación. Es una creencia muy arraigada en los venezolanos que las leyes en Venezuela duran 15 días. Y la realidad así lo demuestra.

Pero volviendo al título de este artículo quiero expresar mi opinión sobre los correctivos aplicables y el seguimiento y control sobre los mismos para ir liberando los espacios que ya han sido invadidos por esta plaga y que conspiran contra el buen vivir del venezolano.

No se explica que en cada redada aparecen individuos que han tenido varias entradas a la policía y otros centros penitienciarios por delitos muy graves como violaciones, asesinatos, cobro de peaje, vinculo con el narcotráfico, y ahora también con paramilitares, etc, y que estén libres cometiendo nuevos delitos. Además, muy bien armados y circulando con mayor libertad y tranquilidad que la gran mayoría sometida a un toque de queda permanente.

Independientemente de la opinión de los opositores de oficio, quienes se quejan de las colas, de la carestía de los alimentos y medicinas, de la inseguridad, de los precios especulativos, donde ellos tienen protagonismo principal, y cuando se aplican correctivos, salen a defender a los delincuentes, cada operativo debe llevar consigo un plan de reeducacion y de formación para el trabajo. Nada se hace con detener a un grupo de personas incursas en delitos y en muchos casos en flagrancia, para hacinarlos en centros de ocio donde salen peor que cuando entraron.

Los programas educativos y de formación para una actividad productiva, con metas, controles, seguimiento, vigilancia y evaluación permanente puestos en práctica con equipos interdisciplinarios, tienen que dar mejores frutos que el cumplimiento de un largo encierro improductivo. Habrá casos, no lo dudo, en que sacarlos de este marasmo, es casi imposible, pero estos no son la mayoría.

Duele ver como la edades de estos delincuentes no superan los 25 años, lo cual quiere decir que cuando llegó la revolución tenían menos de 10 años. Por lo tanto debemos reconocer que en este campo hemos fallado.

Estimo que un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en educación, formación para el trabajo, psicólogos, médicos y apoyo de la parte religiosa, pero de manera continua, puede dar sus frutos en poco tiempo. Es lo que llamo una sobredosis de herramientas para la reinserción de estos individuos a la sociedad.

Mucho en este sentido ha hecho la ministra Iris Varela, pero su actividad se circunscribe a la población carcelaria. Seleccionando cuadrantes o sectores determinados para comenzar un trabajo de profilaxia, debe ser tarea inminente.

Otra cosa preocupante ha sido la entrega indiscriminada de las viviendas de la Misión Vivienda. En muchos casos, los beneficiarios la requieren por elemental razón de vivir en viviendas insalubres y de alto riesgo, pero también hay muchos beneficiarios que llegan por los caminos verdes sin que hayan justificado una real necesidad y donde el amiguismo y el tráfico de influencia han sido los que han incidido para obtenerla.

Siempre he pensado que una buena práctica llevada a cabo por lo que era el Banco Obrero que se transformó mas tarde en el INAVI, tendría que recuperarse. Es cierto que la gran mayoría de las asignaciones de estas viviendas fueron por la vía del amiguismo y de la recomendación partidista, sin embargo hay que reconocer que las condiciones para su usufructo eran bastante rígidas y en la mayoría de los casos se cumplía bajo la fiscalización permanente de este organismo. Por Ej.: nadie podía alquilar una vivienda del BO sin la autorización de este instituto, previa una justificación altamente convincente. El monto del alquiler no podía superar el precio de la cuota que este pagaba al Banco y el período de tiempo no podía exceder a los dos años, al final del cual lo convocaban para verificar su situación.

Una vez que se asignaban las viviendas, una Trabajadora Social hacía reuniones obligatorias con los nuevos copropietarios para que se conocieran los futuros vecinos y donde se impartían normas de convivencia en el nuevo conjunto residencial.

La venta de estas no se podía hacer antes de los 5 años consecutivos de residencia del beneficiario en la misma, para lo cual debía cancelar en su totalidad el monto restante y ofrecerla en venta en primer lugar y con carácter obligatorio al Banco Obrero, quien a su juicio lo liberaba de compromiso y podía ofrecerla en el mercado.

En esa época, prácticas como esta, no se les catalogaba como violación de los Derechos humanos. Era una norma y se imponía, y los beneficiarios se comprometían a aceptarlas. Conocí de casos de viviendas que fueron recuperadas por el Banco, por el hecho de no estas habitadas por el beneficiario sin una previa autorización y asignársela a quien en el momento la habitaba. Lamentablemente, esta medida duró poco tiempo, muy pronto se abandonó.

Sería muy largo enumerar estas condiciones, pero valdría la pena revisarlas, mejorarlas y ponerlas en práctica para minimizar los riesgos de fracaso de la Misión Vivienda como espacio de vida.

Apoyo la decisión del presidente de la República de recuperar las viviendas a quienes una vez habérsele asignado, las han convertido en antros de corrupción de cualquier naturaleza.