Aparentemente la OLP en Táchira está dando buenos resultados, parece que lo que tanto denunciaban los habitantes del estado era cierto. Años para una respuesta oficial, y declaraciones de sentirse impactados por lo que encontraron (y, por cierto, encontraron muy poco para como es la realidad). Todo esto indica que nunca le pararon a las denuncias, que durante años las mafias cívico-militares se enriquecieron a expensas del sufrimiento del pueblo y del caos económico del país de manera impune, y siguen impunes. ¿Podía ocurrir todo eso que impactó a los funcionarios de alto nivel sin que se enterara la FANB, el Sebin y los altos funcionarios del gobierno a pesar de las denuncias reiteradas y con fotos y vídeos? ¿Dónde están los verdaderos responsables? ¿Dónde están los que minimizaron el problema de manera consciente y cómplice? ¿Son los resultados tan buenos como parecen? Porque solo vemos a pobres cruzando ríos, anuncios de paracos detenidos y mucho anuncio de toneladas decomisadas con unos bultos como muestra que huelen a falsos positivos. Los verdaderos mafiosos, los que pasaban y dejaban pasar gandolas, los que cuadraban las cuentas de MERCAL, PDVAL y PDVSA ¿dónde están? ¿Van a seguir pagando solo los pobres? ¿Y el poder corrupto?
Ahora se anuncia la OLP minera para Bolívar. Guerra avisada no mata soldado, dicen. ¿Ahora sí es cierto que hay un saqueo de nuestros recursos minerales? ¿Ahora sí van a actuar? Nombren por lo menos también a Amazonas. Antes en época electoral solo veíamos que se inundaban las calles de dinero, servicios e inauguración de obras, esto es nuevo en campaña electoral, el gobierno se destapa los ojos y descubre que el país está siendo asaltado, asesinado y saqueado, y por fin reacciona. ¿Porqué no actuaban antes? Exigían PRUEBAS a los denunciantes, no les bastaban los vídeos, las fotos. En Caracas le preguntaban a los jefes locales de la mafia si era verdad lo que denunciábamos. La solicitud de pruebas es un insulto a la inteligencia del pueblo, el ciudadano común que es testigo de un delito (y por ley está obligado a denunciar) no puede dedicarse a tomar muestras de sangre o semen, a levantar cadáveres, a detener vehículos o embarcaciones, a allanar residencias o empresas, no posee en su casa un laboratorio de criminalística ni puede llevarse a nadie detenido para ser interrogado. ¿Pruebas? Quien debe actuar ante la información que suministra el pueblo (inteligencia social la llamaban en otros tiempos) es el gobierno, sus cuerpos de seguridad, incluso cuando una denuncia se realiza públicamente contra alguien en particular, sometiéndolo a la opinión pública, el gobierno tiene el deber de investigar el posible delito, no puede dejar eso solo como una responsabilidad del denunciante que muchas veces lo hace pensando que el gobierno va a hacer su parte.
La OLP en Amazonas deja mucho para la duda, mientras actuaban en Luisa Cáceres decomisando armas roñosas, el flujo de mercancías y gasolina se incrementó fuertemente por Quebrada Seca y San Enrique ¿Guerra avisada? ¿Y quién le da un parao a “las gandolas del general” en el paso de Garcitas, donde un caletero Hiwi puede cobrar 8.000 BsF por noche. ¿ Cuándo van a descubrir que las denuncias de los pueblos indígenas sobre la minería y el contrabando de gasolina son ciertas, mientras restringen gasolina al pueblo para que abunde en el contrabando?
De todas maneras, a pesar de lo inmensamente aparente de la guerra avisada, de la impunidad de las mafias, y de la concentración de las acciones contra el pueblo pobre de Colombia y Venezuela, hay que profundizar las acciones y extenderlas a toda la frontera, recordemos que el contrabando no es solo con Colombia, está Brasil y Guyana, no podemos salir ahora conque el gobierno debe ablandar las acciones, más bien hay que endurecerlas pero contra los verdaderos responsables, si no (para no usar palabras ofensivas en Aporrea, voy a usar las de nuestro canciller) es que al gobierno le faltan cojones para desmantelar a la mafia cívico-militar que mantiene en saqueo permanente al país.
