Este término se refiere a la guerra jurídica, si así mismo (guerra jurídica) la guerra no convencional ideado por E.E.U.U., la ley es usada para lograr un objetivo militar sin disparar un tiro, en este caso, para derrocar a los gobiernos populares de izquierda elegidos por el pueblo. Este término es manejado por el gobierno, en ámbitos diferentes a los de las fuerzas armadas.
Se origina luego de que el general de la Fuerza Aerea Charles Dunlap, publica un escrito en el cual esta estrategia teorizada y re-formulada por la Universidad de Harvard será aplicada en la Abia Yala nuestra.
La persecución permanente que padece la ex presidenta Cristina Kirchner y el intento de encarcelar a Lula da Silva en Brasil son ejemplos de esta nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare o Guerra Jurídica, que cuenta con la complicidad de Poder Judicial, Medios de Comunicación y políticos afines.
La Justicia Estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en una supuesta lucha anti corrupción.
Una de las acciones más importantes fue el llamado proyecto "Puentes", que consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región.
El alumno estrella es el juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato y que condenó a Lula da Silva a doce años de prisión y 3 meses en primera instancia.
Las derechas de nuestra región lo han adoptado en los últimos años como mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y derrocar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlo en el gobierno, encarcelarlos o por lo menos des-prestigiarlos cruelmente.
En esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e in-habilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.
El Poder Judicial en nuestros países se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliega casi sin límites, estrategias de des-estabilización y persecución política.
La actividad de los grandes medios es más conocida y evidente. Incluso en un rapto de extraña sinceridad un editorial de medios la caracterizó como "periodismo de guerra".
Políticos que denuncian corrupción, medios que se "hacen eco", políticos y medios que exigen celeridad a la justicia, mecanismo del poder judicial que disciplinan o excluyen a los jueces independientes y magistrados que condenan, sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso. Eso es lo que vivimos a diario en America latina.
De esta forma se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil y se encarceló al vicepresidente de Ecuador Jorge Glass y a centenares de luchadores.
Se pretende acallar con la persecución y la cárcel a aquellos representantes del pueblo que puedan interceder en su plan de desandar lo logrado en los últimos años.
La derecha en nuestra región adoptó el Lawfare en los últimos años como el mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlos en el gobierno, encarcelarlos o al menos des-prestigiarlos cruelmente, y en esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e in-habilitación de un adversario. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.
Para esto se necesita una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones populares sin piedad y políticos que participen en el ataque, siempre propalado generosamente por los medios, y luego capitalicen los resultados de derrocar, inhabilitar y desprestigiar a las representaciones populares que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos
El Poder Judicial en nuestros países se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliega, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad,
El argumento permanente es la corrupción. Se sostiene que esta debe ser extirpada del Estado apelando a las (buenas prácticas) del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la (lógica) de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de (los políticos), apostando a la suplantación de estos en el Estado por (técnicos apolíticos) provenientes del sector privado, de grandes empresas o consultoras.
La actividad de los grandes medios es más conocida y evidente. Incluso en un rapto de extraña sinceridad, un medio, que en su editorial la caracterizó como "periodismo de guerra".
Eso es lo que vivimos a diario en América Latina. De esta forma se hizo con centenares de luchadores. En Argentina se acosa descaradamente a Cristina Fernández de Kirchner. Se pretende acallar con la persecución y la cárcel a aquellos representantes del pueblo que puedan intervenir en su plan de desandar lo logrado en los últimos años por los gobiernos populares.
Políticos que denuncian "corrupción"; medios que se "hacen eco"; políticos y medios que exigen celeridad a la (justicia); mecanismos del poder judicial que disciplinan o excluyen a los jueces independientes. Todo eso para que los magistrados condenen sin pruebas, encarcelen sin el debido proceso, forzando o directamente violando la ley. Esto es el llamado LAWFARE. Sustituir gobiernos populares y democráticos sin tener que disparar un tiro.
