Para Salir del Laberinto

Un Candidato de Consenso y Unidad Nacional

Gustavo Márquez Marín

Sería un error considerar el proceso electoral que se avecina como si fuese uno cualquiera, sin mayores diferencias con los anteriores y sin tener en cuenta la especificidad de la coyuntura que vive el país en éste momento tan particular de su historia, en el que estamos frente a una encrucijada definitoria del futuro de la república. El 28 de julio próximo se realizarán las elecciones presidenciales en las que se definirá si el país continúa avanzando hacia la profundización del régimen autoritario patrimonialista del partido-Estado o se producirá un cambio de rumbo hacia la salvación de la república y sus instituciones democráticas.  Ese día podría convertirse en un hito de nuestra historia patria, en el cual el bravo pueblo venezolano, a través del voto masivo, podrá manifestar su rechazo al régimen autoritario establecido y su voluntad firme de recuperar la democracia y la Constitución, mediante el respaldo a una formula electoral que realmente exprese un espíritu de unidad nacional, para sacar el país del laberinto en el que se encuentra atrapado. Lo que está planteado no es un mero cambio de gobierno o un “quítate tú para ponerme yo”, sino un cambio de rumbo que permita transitar hacia el restablecimiento de la constitución, la vigencia del estado de derecho y la protección de la ley para garantizar una convivencia pacífica y democrática. Si por el contrario, el desafecto y la desconfianza en la política y el liderazgo opositor que se ha instalado en la gran mayoría del pueblo venezolano, termina traduciéndose en una alta abstención, y las organizaciones opositoras no logran construir una candidatura de consenso con opción de ganar, lamentablemente Maduro será reelegido y la salida del laberinto se haría más lejana e indescifrable. Éste sería un escenario terrible para una nación  que ha sido víctima de la expansión abrupta de la pobreza y la desigualdad social hasta niveles insospechados, provocando un éxodo masivo de más de ocho millones de compatriotas; que ha perdido el ejercicio de la soberanía sobre bastas áreas del territorio nacional en las cuales el Estado ha sido desplazado por mafias y bandas del crimen organizado transnacional; en la que el flagelo de la corrupción se ha naturalizado y  ha permeado hacia Estado y la sociedad; en la que se ha destruido el estado de derecho, se derogó de facto la Constitución y la legalidad, provocando un estado de indefensión general al haberse proscrito los derechos políticos y sociales, en un régimen que avanza hacia la profundización de un modelo autoritario que limita y conculca las libertades ciudadanas y el derecho a la disidencia; en la que existe una economía insustentable basada en el extractivismo depredador y en un modelo rentístico petro-dependiente y modelo político clientelar en fase terminal.

Desde la perspectiva política nos encontramos frente a un escenario promovido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que viene aplicando su vieja y hasta ahora exitosa estrategia de estimular la fragmentación y dispersión de la oposición y la abstención, a través  de  provocaciones sistemáticas creadas mediante la exhibición cínica de un ventajismo descarado basado en su ostensible dominio  e instrumentación del aparato del Estado y su permanente actuación al margen de la Constitución y la ley. A esto se suma la inducción del miedo y el terror a través de la práctica de la represión selectiva como método de “persuasión”, combinado con el despliegue territorial de un clientelismo paternalista rampante enfocado en el control social clientelar desde el Partido-Estado. Este juego perverso busca la dispersión del voto opositor y el incremento de la abstención, para hacer posible que una minoría que tienen el 80% de rechazo, logre la “magia” de imponerse electoralmente usando “sutilezas leguleyas” propias de un régimen autoritario que utiliza un relato “socialista” y “democrático” pretendiendo disimular su verdadera naturaleza autoritario neoliberal.

Los sectores abstencionistas de la extrema derecha que remaron a favor del gobierno-PSUV en las elecciones presidenciales de 2018 asegurándole la reelección a Maduro,  liderados ahora por la  “par de Milei”, la “libertaria” María Corina Machado, han vuelto con la misma política voluntarista fracasada del “todo o nada”, que parte de desconocer las fortalezas del régimen y sobredimensionar las suyas, al proponerle a la cúpula madurista que acepte una rendición pactada a través de una negociación que le permitiría a ésta salir del poder a salvo. Con la inhabilitación inconstitucional de María Corina Machado, triunfadora en las primarias de la oposición, y la derrota que ella le propinó a los lideres tradicionales de ese sector opositor, Maduro se aseguró un escenario en las sobrevenidas elecciones del 28 de julio en el cual, si la abstención es alta, muy probablemente logrará renovar su mandato. A esto se suma el dominio que tiene del CNE, el cual “sorpresivamente” votó por unanimidad el calendario electoral que marca las elecciones para el 28 de julio, colocando en desventaja al variopinto sector opositor que concurre al proceso fragmentado y con múltiples candidaturas.

La mesa está servida para que el gobierno gane, a menos que se imponga la racionalidad de la “realpolik” en la oposición y ésta avance con un “vuelvan caras” respaldando un candidato de consenso que proponga un gobierno de unidad nacional que se comprometa con enfrentar la pobreza y facilitar el retorno de los migrantes a la Patria. Qué abra el camino hacia un proceso de cambio que arrumbe el país hacia el restablecimiento de la Constitución, del Estado de Derecho y de justicia, que lidere la recuperación de la soberanía nacional y popular y, la construcción de una nueva Venezuela que deje atrás el modelo económico rentístico-extractivista y petro-dependiente para avanzar hacia un modelo económico diversificado sustentable. En este caso se podría producir un efecto cohesionador disruptivo de la voluntad de cambio que existe en el seno de la Nación y el triunfo será incontenible

La condición que debe cumplir dicho candidato en un contexto como el actual, caracterizado por la existencia de un profundo desprestigio de los políticos y la política, es generar confianza por su preparación y trayectoria; por su desempeño ético y político en la gestión pública; por su compromiso con el país y con la ruta del cambio pacífico, democrático y constitucional; porque tiene una visión de Estado que deje atrás la polarización estéril y en su lugar, promueva el encuentro entre los venezolanos en torno a un acuerdo de unidad de cara al futuro, que se concrete en un programa mínimo de consenso que propicie el establecimiento de un gobierno de unidad nacional  que cree las condiciones que permitirán la recuperación económica y las transformaciones necesarias que harán posible la construcción de la nueva Venezuela, libre e independiente de cualquier injerencia de intereses externos; una candidatura capaz de convocar a la unidad de todos los sectores sociales y políticos a cohesionarse en torno  a la misión de recuperar la democracia y la plena vigencia de la Constitución.  

Debe ser una candidatura con disposición y capacidad para promover un entendimiento con el bloque dominante, a fin de lograr la gobernabilidad en el contexto de una situación política e institucional compleja, en la cual la composición de los poderes públicos seguirán siendo controlados por el PSUV coexistiendo con el gobierno que eventualmente resultase electo. En el caso de que el bloque opositor logre ganar las próximas elecciones, se requerirá una gran capacidad de diálogo y entendimiento para gobernar en una transición pacífica en el marco de la Constitución. Quienes, desde la oposición, en su discurso no reconocen ésta realidad están jugando en un campo virtual y no en el real.

Eduardo Fernández es un candidato a ser candidato de consenso que cumple en buena medida esas condiciones. Él ha sido coherente en la defensa de la ruta democrática para lograr el cambio. No se puede decir lo mismo de aquellos líderes políticos opositores “doble faz, que se embarcaron en golpes de estado, en llamados a la invasión militar extranjera y en el interinato corrupto de Guaidó que condujo al rotundo fracaso de la estrategia insurreccional promovida desde Washington y en la política abstencionista con el supuesto fin de “deslegitimar al régimen” dándole el triunfo a Maduro en 2018.

A pesar de que los estudios de opinión revelan que un grueso sector de la población que rechaza al gobierno de Maduro y desea el cambio político, desconfía del liderazgo opositor tradicional y de sus partidos, a los cuales le asigna gran responsabilidad en la permanencia de Maduro en el poder y de la crisis política existente. Sin embargo, éste mismo sector está convencido que el cambio solo es posible por la vía electoral y por ello tiene una alta propensión a votar en las próximas elecciones presidenciales. Esta voluntad de lograr el cambio a través de las elecciones choca con un escenario electoral constituido, en el cual la candidata María Corina Machado. quién podría tener el mayor potencial para disputarle la presidencia a Maduro, no correrá por haber sido inhabilitada por el Partido-Estado y por la existencia de múltiples candidaturas y tarjetas partidistas que tienden a segmentar el voto opositor. Éste es el escenario ideal que trabajó y finalmente logró el gobierno de Maduro. En estas condiciones sólo un “outsider” de consenso y unidad nacional con las características de un Eduardo Fernández, podría jugar para ganar y conducir el país por la difícil y compleja transición que está planteada.