Sabemos que la justicia propia del sistema judicial de los Estados Unidos ha estado errabunda y perdida en el caso de los cinco Héroes cubanos.



Fue violada cuando se les achacaron cargos criminales aberrantes en la acusación realizada por la Fiscalía en nombre del Gobierno.



La justicia fue burlada cuando se aplicaron sanciones infames a los cinco cubanos.



Fue rescatada y mostrada visiblemente en forma legítima por el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Atlanta, cuando declaró nulas las sanciones y ordenó un nuevo juicio en otra sede de los Estados Unidos.



Fue secuestrada inauditamente por el Pleno de la Corte de Atlanta al anular la decisión del panel de tres jueces y al considerar mentirosamente a Miami como una sede neutral para el juicio.



Fue contradictoria y venal cuando el otro panel de tres jueces, para ventilar los cargos, determinó por una parte la resentencia de tres de los acusados (Ramón, Antonio y Fernando) y por otra, mantuvo inalterables las sanciones de Gerardo y René.



Fue sacrificada en el altar de la impudicia cuando el Pleno de la Corte de Atlanta ratificó el anterior fallo y luego la Corte Suprema se negó a analizar la petición de revisión de la causa que hicieron los abogados de la defensa, con fundamentos más que suficientes para ser considerada.



La intervención del presidente Obama se impone en esta causa porque la esencia de la misma es fundamentalmente política. Se justifica porque en el desenlace de este caso han intervenido antes, en forma decisiva, otros dos presidentes que le precedieron. William Clinton , a final de su mandato, recibió un mensaje especial de Fidel Castro a través de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, imponiéndole sobre los planes terroristas que se organizaban contra Cuba desde el territorio de Miami. Clinton comisionó a una delegación del FBI para que se trasladara a La Habana y recibiera las informaciones precisas. Después de cumplida esta misión, el FBI no ofreció información al respecto a las autoridades cubanas, aunque prometieron hacerlo. Clinton careció de la grandeza moral en este caso, pues permitió que los cinco cubanos fueran mantenidos en prisión y posteriormente encausados con cargos criminales, a pesar de la supuesta colaboración que buscara con el envío de la delegación a La Habana.



Posteriormente, el presidente Bush, cegado por un espíritu cavernario de venganza contra Cuba, presionó, a través del Fiscal General, a los tribunales a todos los niveles para conseguir la imposición de las máximas penas y rigores a los cinco cubanos, incluyendo la negación de visas a las esposas de René y Gerardo para las visitas en las cárceles.



Después de once años, cumplidos el 12 de septiembre, corresponde al presidente Obama, si poseyera un espíritu moral superior a sus precedentes, como pensamos, rectificar la postura acusadora de la Fiscalía, para propiciar la liberación de los tres acusados que el día 13 de Octubre se presentarán ante la jueza Lenard en el acto de resentencia.



Acto seguido, también corresponde a Obama, en uso de sus facultades constitucionales, ejercer el acto de conceder la libertad a René y Gerardo.



Este sería un acto justo, signado por un apremio de carácter ético, en que pueda hacerse realidad el reclamo de la comunidad internacional y de amplios sectores de la sociedad norteamericana. Sería una actuación honorable ante la herencia deshonrosa que recibió de los presidentes anteriores.



Pero más allá de las peticiones elevadas a todas las instancias del gobierno de los Estados Unidos, debe primar el hecho de que, más que condenas, esos cinco hombres extraordinarios son acreedores de honor. Debe cesar la venganza aplicada desde hace once años, pues la dignidad con que han asumido este castigo injusto, refleja el espíritu indomable de los héroes. Ellos nunca aceptaron la traición a cambio del premio o del perdón. Y, por el contrario, han reconocido su misión de preservar la vida de los ciudadanos de su país y abortar los planes terroristas planificados por la mafia cubano-norteamericana desde el territorio de los Estados Unidos.



Por razones ineludibles de verdad, moral y justicia, Obama tiene el deber de tomar carta en el asunto y, en uso de sus facultades, proceder a liberar a cinco personas admirables y retornarlas al seno de su familia y su pueblo.


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