En Venezuela, la distinción entre salario y bonificaciones estatales se ha vuelto difusa, impactando directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores.

La situación salarial en este país es compleja y desafiante. Si bien las bonificaciones estatales pueden paliar la situación a corto plazo, no resuelven el problema de fondo. Es necesario un debate profundo sobre la política salarial y la necesidad de garantizar un salario digno que permita a los trabajadores vivir con dignidad. La brecha entre ingresos y canasta básica es insostenible y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades.

Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y adopte medidas urgentes para garantizar el cumplimiento del Artículo 91 de la Constitución y proteger los derechos laborales de los trabajadores. Asimismo, el seguimiento al Índice de Ajuste Salarial Multidimensional (IASM) es una herramienta clave para alcanzar este objetivo.

Analicemos la situación actual y sus implicaciones.

¿Qué es salario según la LOTTT?

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) define el salario como la remuneración por el servicio prestado, incluyendo comisiones, primas, gratificaciones, participación en beneficios, sobresueldos, bono vacacional y recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno, así como alimentación y vivienda (Art. 104).

Ingresos que forman parte del salario:

• Salario básico: Remuneración fija por tiempo o obra.

• Comisiones: Porcentaje sobre ventas.

• Primas: Pagos adicionales por objetivos, antigüedad, etc.

• Gratificaciones: Pagos extraordinarios discrecionales.

• Participación en beneficios: Parte de las ganancias de la empresa.

• Sobresueldos: Incremento por responsabilidad, condiciones de trabajo, etc.

• Bono vacacional: Pago previo a las vacaciones.

• Recargos: Pagos adicionales por trabajar en días feriados, horas extras o horario nocturno.

• Alimentación y vivienda: Si son proporcionados por el empleador como parte de la remuneración.

¿Qué NO es salario según la LOTTT?

El artículo 105 de la LOTTT establece que no tienen carácter salarial las siguientes prestaciones:

• Beneficios sociales: Seguro social, prestaciones de salud, utilidades, bono vacacional (aunque este último tiene un tratamiento especial para el cálculo de prestaciones sociales).

• Viáticos y pasajes: Gastos de viaje y transporte reembolsados.

• Indemnizaciones: Pagos por despido injustificado, accidente laboral, etc.

• Prestaciones de carácter social: Guarderías, becas, planes de ahorro, etc.

El Ingreso Mínimo Integral: ¿Salario o Bonificación?

Actualmente, el Ingreso Mínimo Integral en Venezuela se compone de un salario mínimo de Bs. 130 (aprox. USD 2,1 según el tipo de cambio actual) y bonificaciones estatales que suman USD 130 (USD 40 por bono de alimentos y USD 80 por Bono de Guerra).

Ingresos vs. Canasta Básica: Una brecha inevitable

La realidad económica venezolana ha generado una preocupante disparidad entre los ingresos de los trabajadores y el costo de la canasta básica familiar. Según datos recientes de Poli-data.com, el precio de la canasta básica se ubicó alrededor de $750,9 mensuales a inicios de 2025. Esta cifra supera con creces el Ingreso Mínimo Integral, dejando a las familias venezolanas en una situación de vulnerabilidad y precariedad.

¿Qué dice la Constitución?

El Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que:

"Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales."

Asimismo, establece que el Estado garantizará un salario mínimo vital que será ajustado anualmente, tomando como referencia el costo de la canasta básica.

La realidad actual

Lamentablemente, la realidad dista mucho de lo establecido en la Constitución. Con un Ingreso Mínimo Integral compuesto por un salario mínimo de Bs. 130 (aprox. USD 2,1) y bonificaciones estatales que suman USD 130, los ingresos de los trabajadores apenas alcanzan para cubrir una fracción del costo de la canasta básica familiar ($750,9 según Poli-data.com).

Esto evidencia un incumplimiento del mandato constitucional y una grave afectación al derecho a un salario digno.

Reflexiones para el trabajador:

• Pérdida del poder adquisitivo: La alta inflación y la devaluación constante erosionan el valor real del salario mínimo, a pesar de las bonificaciones.

• Incertidumbre laboral: Las bonificaciones estatales no están garantizadas y pueden variar, generando incertidumbre sobre los ingresos a largo plazo.

• Impacto en las prestaciones sociales: Al no formar parte del salario, las bonificaciones no se toman en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales, lo que puede afectar los beneficios laborales a futuro.

• Violación de derechos: La situación actual vulnera el derecho fundamental de los trabajadores a un salario digno que les permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas.

• Impacto social: La precarización de los ingresos tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las familias, limitando su acceso a alimentos, salud, educación y otros bienes y servicios esenciales.

Críticas al Estado:

• Maquillaje de cifras: El Estado ha priorizado el aumento de bonificaciones en lugar del salario mínimo, lo que distorsiona la realidad económica y precariza las condiciones laborales.

• Falta de transparencia: No existe información clara sobre fuentes de ingresos petroleros y no petroleros y cómo se financian las bonificaciones estatales, lo que genera dudas sobre su sostenibilidad.

• Desprotección del trabajador: Al no considerar las bonificaciones como parte del salario, se vulneran los derechos laborales y se reduce la protección social de los trabajadores.

• Incumplimiento constitucional: El Estado no está garantizando el cumplimiento del Artículo 91 de la Constitución y no está adoptando medidas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Recomendaciones:

• Exigir un salario digno: Es fundamental que los trabajadores demanden un salario mínimo que cubra las necesidades básicas y se ajuste a la realidad económica del país.

• Promover la organización sindical: La unión y la lucha colectiva son clave para defender los derechos laborales y exigir mejoras salariales.

• Buscar alternativas de ingreso: Ante la precarización del salario, muchos trabajadores se ven obligados a buscar fuentes de ingreso adicionales para subsistir.

• Ajuste salarial: Es urgente un ajuste salarial que permita a los trabajadores cubrir el costo de la canasta básica y vivir con dignidad.

• Políticas públicas: Se requieren políticas públicas que promuevan la estabilidad económica, controlen la inflación y fomenten la creación de empleo digno.

• Diálogo social: Es fundamental establecer un diálogo social entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores para encontrar soluciones a la crisis salarial.

Seguimiento al Ajuste Salarial Multidimensional

Es crucial que el Estado, los empresarios, los trabajadores y los sindicatos realicen un seguimiento continuo al Ajuste Salarial Multidimensional (IASM) que publica Poli-data.com.

Este indicador, que al 31 de diciembre de 2024 se ubicó en 69,6%, muestra cómo las variaciones del costo de la canasta básica familiar, el tipo de cambio oficial, el PIB y el desempleo inciden en el poder de compra de los ingresos de los trabajadores venezolanos. El IASM es una herramienta fundamental para comprender la dinámica salarial y orientar las políticas públicas y las negociaciones colectivas.

Correo: admin@poli-data.com