Los paramilitares fueron los hijos “prohibidos” del Estado colombiano en unión carnal con el imperio norteamericano, creados para hacer posible lo que el ejército de aquella república hermana no se atrevía a ejecutar: el terrorismo de Estado; con ellos nacían los asesinatos selectivos de los líderes políticos opositores al régimen uribista, desapariciones, la unidad intrínseca paramilitarismo-narcotráfico o narcoparamilitarismo, en fin, el símbolo de la barbarie imperial en tierra suramericana.
Así como el Estado colombiano, creó el paramilitarismo para combatir sus enemigos internos con toda la crueldad y barbarie que caracteriza al Estado capitalista, y ocultar así, con ello, su verdadero rostro; en nuestras universidades, que replicaron el modelo neoliberal de conducción institucional, conllevó a la creación de instituciones y dependencias parauniversitarias, en las cuales el estado de derecho reinante era el de la total flexibización laboral y el sometimiento de sus trabajadores/trabajadoras a condiciones de total semiesclavitud en cuanto a las relaciones de trabajo se refiere. Por esta vía, las autoridades universitarias se ahorraban ingentes recursos presupuestarios cuyo destino es, y ha sido, totalmente desconocido para los miembros/miembras de las comunidades de esas universidades, ya que salían de los circuitos de los organismos de control interno y externo de dichas instituciones. Es así, que en el clímax de la imposición de las políticas neoliberales a nuestras instituciones universitarias, vimos surgir las hoy famosas fundaciones, empresas rentales y demás denominaciones empresariales, como comenzaron a definir nuestras universidades sus autoridades universitarias y demás zamuros invitados a comer del festín en que se convirtieron para su beneplácito.
Eran los años en que, el hoy connotado banquero y ayer rector, Giusseppe Giannetto prometía “desmontar el estado universitario”, Fedecámaras alentaba su candidatura a rector y los bancos que habían invertido para que fuera rector, exigían la devolución de sus ganancias por los dineros invertidos en la campaña rectoral. La Ciudad Universitaria, ya Patrimonio de la Humanidad, comenzaba así a llenar sus espacios con taquillas externas y cajeros automáticos de los bancos que apostaron a la victoria de Giannetto. Con la entrada fulminante del sector financiero a tomar control de los espacios, propiedad de todas/todos nosotros, a privatizarlos, dejando con ello, ser eso: Patrimonio de la Humanidad, se implantó con todos los hierros en nuestra “casa que vence la sombra”, un modelo laboral amparado en el terrorismo laboral, de los más salvajes que haya conocido nuestra Patria. Para su imposición, las autoridades ucevistas tuvieron que acudir al burdo expediente de despedir, de la manera más arbitraria, al dirigente sindical, del mayor sindicato que hace vida en la UCV, el camarada Eduardo Sánchez. Pretendían con ello, disciplinar a los dictámenes de las muy “democráticas” autoridades universitarias, de ese entonces, a las trabajadoras/trabajadores universitarios.
Se iniciaba así, una operación de alto impacto laboral cuyos efectos negativos aún perduran, caracterizada por altísimos niveles de corrupción en las élites ucevistas, la tercerización de importantes números de compañeros/compañeras trabajadoras, cuya relación laboral con esas empresas y fundaciones se simulaba bajo la figura de la relación mercantil; conllevando con ello, el sometimiento de dichos trabajadores/trabajadoras a condiciones de semiesclavitud en pleno siglo XXI.
Una de las Facultades en las que mayor impulso tomó la creación de esas “empresas” mal llamadas rentales, y esto lo decimos porque un número importante de ellas lo que han dejado a la Universidad, no ha sido otra cosa, sino pérdidas considerables, que ocultan en la no rendición de cuentas a la comunidad universitaria y al País, es la Facultad de Farmacia. Entre ellas, los sindicatos SINATRAUCV (de empleados/empleadas) y SUTRAUCV (de obreros/obreras), han venido denunciando con vehemencia el caso de la empresa FACFAR Distribuidora LTI C.A., la cual se ha venido caracterizando por el incumplimiento de sus obligaciones legales en materia laboral, sería importante que el Minpptrass, tú camarada María Cristina Iglesias, le expliques al País, ¿cómo es que esta empresa obtiene la SOLVENCIA LABORAL, esencial para poder contratar con el Estado, si no cumple con sus obligaciones con el IVSS y la Ley de Política Habitacional?, ¿cómo es posible que hayan obtenido la SOLVENCIA LABORAL si los tiquetes de alimentación se los entregan al trabajador/trabajadora solo después de cumplir tres(3) meses en la empresa, antes se los queda la empresa?, ¿cómo es posible que puedan contratar con el Estado, sí solo le cancelan al trabajador/trabajadoras 30 días de vacaciones y 30 días de utilidades, cuando que, las vacaciones deben ir creciendo un día adicional por cada año de servicio y las utilidades están correlacionadas con las ganancias que obtenga la empresa en el año en ejercicio?. Pero vayamos a fondo, si se trata de una empresa que utiliza espacios y recursos del Patrimonio Público de la Nación, como es que sus ganancias se privatizan, mientras sus trabajadores/trabajadoras apenas se les cancela el salario mínimo!!!
Esta situación que presentan los trabajadores/trabajadoras de FACFAR- UCV, dirigida por profesores/profesoras de la UCV, que además de cobrar sus sueldos y salarios como profesores/profesoras de la UCV, presumimos, queda en manos de la Contraloría General de la República verificar esta presunción, cobran emolumentos adicionales en sus condiciones de Presidente, Directores/Directoras por la UCV, Directores/Directoras por la Fundación UCV y Comisarios/Comisarias de esa empresa de la UCV. Es indudable que los camaradas trabajadores/trabajadoras de FACFAR-UCV, y así lo ha interpretado nuestro TSJ, en diferentes sentencias en que ha rechazado estas formas de simulación o fraude laboral en perjuicio de los trabajadores/trabajadoras, la presunción de existencia de relación laboral, y la primacía de la realidad sobre la forma jurídica que pueda tener la relación, son elementos que ha sopesado mucho nuestro TSJ a la hora de sentenciar en contra de esta forma delictiva de relación laboral. No queda la menor duda que, si los trabajadores/trabajadoras de FACFAR, realizan sus actividades en instalaciones universitarias, por ende de propiedad públicas; sus patronos son profesores/profesoras de la UCV, por ende, según la Ley Contra la Corrupción, empleados/empleadas públicas; cumplen igual carga horaria que sus símiles, los trabajadores/trabajadoras de la UCV, es indudable, que son trabajadores/trabajadoras de la UCV, por ende, según las contrataciones colectivas de Ley, deben gozar de los mismos beneficios socio-económicos que sus pares de la misma universidad, sino se incurriría en un acto masivo de discriminación laboral que nuestra Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela PROHIBEN y sancionan férreamente.
Por fortuna para los trabajadores/trabajadoras de esta y otras empresas que se desenvuelven dentro del ámbito de nuestras universidades, existen sindicatos que han entendido que la tercerización es un flagelo que debe ser desterrado de nuestras instituciones universitarias, han entendido que en la tercerización se expresa con crudeza la barbarie que implica la flexibilización de las relaciones laborales capitalistas, que solo en la búsqueda de una sociedad más justa, más Humana, Socialista, es posible la sobrevivencia de nuestra especie…
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