Los paramilitares  fueron los hijos “prohibidos” del Estado  colombiano en unión
carnal  con el imperio norteamericano, creados para  hacer posible lo que el
ejército de aquella república hermana no se  atrevía a ejecutar: el terrorismo
de Estado; con ellos nacían los  asesinatos selectivos de los líderes políticos
opositores al régimen  uribista, desapariciones, la unidad intrínseca
paramilitarismo-narcotráfico o narcoparamilitarismo, en fin, el símbolo  de la
barbarie imperial en tierra suramericana.

Así como el Estado colombiano, creó el paramilitarismo para  combatir sus
enemigos internos con toda la crueldad y barbarie que  caracteriza al Estado
capitalista, y ocultar así, con ello, su verdadero  rostro; en nuestras
universidades, que replicaron el modelo neoliberal  de conducción institucional,
conllevó a la creación de instituciones y  dependencias parauniversitarias, en
las cuales el estado de derecho  reinante era el de la total flexibización
laboral y el sometimiento de  sus trabajadores/trabajadoras a condiciones de
total semiesclavitud en  cuanto a las relaciones de trabajo se refiere. Por esta
vía, las  autoridades universitarias se ahorraban ingentes recursos
presupuestarios cuyo destino es, y ha sido, totalmente desconocido para  los
miembros/miembras de las comunidades de esas universidades, ya que  salían de
los circuitos de los organismos de control interno y externo  de dichas
instituciones. Es así, que en el clímax de  la imposición de  las políticas
neoliberales a nuestras instituciones universitarias,  vimos surgir las hoy
famosas fundaciones, empresas rentales y demás  denominaciones empresariales,
como comenzaron a definir nuestras  universidades sus autoridades universitarias
y demás zamuros invitados a  comer del festín en que se convirtieron para su
beneplácito.

Eran los años en que, el hoy connotado banquero y  ayer  rector,  Giusseppe
Giannetto prometía “desmontar el estado universitario”,  Fedecámaras alentaba su
candidatura a rector y los bancos que habían  invertido para que fuera rector,
exigían la devolución de sus ganancias  por los dineros invertidos en la campaña
rectoral. La Ciudad  Universitaria, ya Patrimonio de la Humanidad, comenzaba así a llenar sus  espacios con taquillas externas y cajeros automáticos de los
bancos que  apostaron a la victoria de Giannetto. 

Con la entrada fulminante del sector financiero a tomar control de los espacios, propiedad de  todas/todos nosotros, a privatizarlos, dejando con ello, ser eso:  Patrimonio de la Humanidad, se implantó con todos los hierros en nuestra  “casa que vence la sombra”, un modelo laboral amparado en el terrorismo  laboral, de los más salvajes que haya conocido nuestra Patria. Para su  imposición, las autoridades ucevistas tuvieron que acudir al burdo  expediente de despedir, de la manera más arbitraria, al dirigente  sindical, del mayor sindicato que hace vida en la UCV, el camarada  Eduardo Sánchez. Pretendían con ello, disciplinar a los dictámenes de  las muy “democráticas” autoridades universitarias, de ese entonces, a  las trabajadoras/trabajadores universitarios.

Se iniciaba así, una operación de alto impacto laboral cuyos  efectos negativos
aún perduran, caracterizada por altísimos niveles de  corrupción en las élites
ucevistas, la tercerización de importantes  números de compañeros/compañeras
trabajadoras, cuya relación laboral con  esas empresas y fundaciones se simulaba
bajo la figura de la relación  mercantil; conllevando con ello, el sometimiento
de dichos  trabajadores/trabajadoras a condiciones de semiesclavitud en pleno
siglo  XXI.

Una de las Facultades en las que mayor impulso tomó la creación de  esas
“empresas” mal llamadas rentales, y esto lo decimos porque un  número importante de ellas lo que han dejado a la Universidad, no ha  sido otra cosa, sino
pérdidas considerables, que ocultan en la no  rendición de cuentas a la
comunidad universitaria y al País, es la  Facultad de Farmacia. Entre ellas, los
sindicatos  SINATRAUCV (de  empleados/empleadas)  y  SUTRAUCV (de
obreros/obreras), han venido  denunciando con vehemencia el caso de la empresa
FACFAR Distribuidora  LTI C.A., la cual se ha venido caracterizando por el
incumplimiento de  sus obligaciones legales en materia laboral, sería importante
que el  Minpptrass, tú camarada María Cristina Iglesias, le expliques al País,
¿cómo es que esta empresa obtiene la SOLVENCIA  LABORAL, esencial para  poder contratar con el Estado, si no cumple con sus obligaciones con el  IVSS y la Ley de Política Habitacional?, ¿cómo es posible que hayan  obtenido la SOLVENCIA LABORAL si los tiquetes  de alimentación se los  entregan al
trabajador/trabajadora solo después de cumplir tres(3) meses  en la empresa,
antes se los queda la empresa?, ¿cómo es posible que  puedan contratar con el
Estado, sí solo le cancelan al  trabajador/trabajadoras 30 días de vacaciones y
30 días de utilidades,  cuando que, las vacaciones deben ir creciendo un día
adicional por cada  año de servicio y las utilidades están correlacionadas con
las ganancias  que obtenga la empresa en el año en ejercicio?. Pero vayamos a
fondo,  si se trata de una empresa que utiliza espacios y recursos del
Patrimonio Público de la Nación, como es que sus ganancias se  privatizan,
mientras sus trabajadores/trabajadoras apenas se les cancela  el salario
mínimo!!!

Esta situación que presentan los trabajadores/trabajadoras de FACFAR-  UCV,
dirigida por profesores/profesoras de la UCV, que además de cobrar  sus sueldos
y salarios como profesores/profesoras de la UCV, presumimos,  queda en manos de la Contraloría General de la República verificar esta  presunción, cobran
emolumentos adicionales en sus condiciones de  Presidente, Directores/Directoras
por la UCV, Directores/Directoras por  la Fundación UCV  y Comisarios/Comisarias de esa empresa de la UCV. Es  indudable que los camaradas trabajadores/trabajadoras de FACFAR-UCV, y  así lo ha interpretado nuestro TSJ, en diferentes sentencias en que ha  rechazado estas formas de simulación o fraude laboral en perjuicio de  los trabajadores/trabajadoras, la presunción de existencia de relación  laboral, y la primacía de la realidad sobre la forma jurídica que pueda  tener la relación, son elementos que ha sopesado mucho
nuestro TSJ a la  hora de sentenciar en contra de esta forma delictiva de
relación  laboral. No queda la menor duda que, si los trabajadores/trabajadoras
de  FACFAR, realizan sus actividades en instalaciones universitarias, por  ende
de propiedad públicas; sus patronos son profesores/profesoras de la  UCV, por
ende, según la Ley Contra la Corrupción, empleados/empleadas  públicas; cumplen igual carga horaria que  sus símiles, los  trabajadores/trabajadoras de la UCV, es indudable, que son  trabajadores/trabajadoras de la UCV, por ende, según las contrataciones  colectivas de Ley, deben gozar de los mismos beneficios
socio-económicos  que sus pares de la misma universidad, sino se incurriría en
un acto  masivo de discriminación laboral que nuestra Constitución y las Leyes
de  la República Bolivariana de Venezuela PROHIBEN y sancionan férreamente.
Por fortuna para los trabajadores/trabajadoras de esta y otras  empresas que se
desenvuelven dentro del ámbito de nuestras  universidades, existen sindicatos
que han entendido que la tercerización  es un flagelo que debe ser desterrado de
nuestras instituciones  universitarias, han entendido que en la tercerización se
expresa con  crudeza la barbarie que implica la flexibilización de las
relaciones  laborales capitalistas, que solo en la búsqueda de una sociedad más
justa, más Humana, Socialista, es posible la sobrevivencia de nuestra  especie…


henryesc@yahoo.es