Nota previa: Este trabajo fue escrito y publicado en 1988. Como ahora en Chile, por recomendaciones del FMI y formando parte del recetario neoliberal, el Presidente Piñera propone eliminar la gratuidad de la educación, en nuestro país, Venezuela, hubo intentos de lo mismo. Lea y entérese como políticos dirigentes durante la IV República se propusieron aquello. Tenga presente además que pese ahora no lo digan, por razones de estrategia, eso forma parte de su plan. Lo que aquí se recuerda es sólo una de las tantas formas y momentos de, con el propósito de reducir gastos, al exclusivo estilo del FMI, como se intentó negar el derecho a venezolanos de acceder a la educación gratuita. Son las mismas recetas que ahora mismo, como cuando el caracazo, hacen que miles de personas, tanto en Estados Unidos y en Europa airadamente protesten en las calles. Recomendaciones que inundan ciudades de indignados e inspiran el ideal de opositores al gobierno venezolano. Su publicación sólo atiende a dar información que contribuya al debate.
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Hemos sostenido que los gobiernos, instigados por el FMI y Banco Mundial, se están planteando la privatización del sector educativo. Esto no indica, como piensan algunos compañeros, que se vaya a poner en subasta pública, como si fuese CANTV o el sector eléctrico, a las escuelas de la educación inicial, primaria y bachillerato, que por disposición constitucional ahora son competencia del Estado. Ellos no son tan estultos, como gustaba decir a mi suegro, para aparecer violando una norma de ese rango ni descubrirse contrarios al interés popular. ¡No! Este sector maneja la misma estrategia diseñada para hacer avanzar y fortalecerse al sector privado de la salud. No se trata de vender los activos escolares, sino de empujar, hasta donde sea posible, la matrícula o los alumnos, para decirlo de otra manera, hacia el área privada. Y en eso han tenido éxito.
En el sector público de la salud, iniciaron una campaña, en la cual participaron activamente muchos médicos, por intereses de distinta naturaleza, destinada a desprestigiar los centros de salud públicos. Muchas fueron las artimañas, como inventar historias, faltar continuamente al trabajo y hasta, desde la consulta pública remitir pacientes a la privada y lanzar paros injustificados. A aquello se unió el sector oficial al dejar de invertir en correspondencia al crecimiento de las necesidades y demanda pública, también como una manera de reproducir los males. Campaña que ahora es más intensa y bien planificada desde el exterior.
Lo mismo ha venido sucediendo en la escuela. El abandono de las plantas físicas, la escasa o nula dotación de material didáctico y de distinta índole juegan junto con la estrategia de desestimular a docentes y poner aún a los opositores y de izquierda, de lado de la meta arriba indicada, disminuir hasta el máximo, la matrícula pública para que crezca la privada.
Hasta los docentes que trabajan para el Estado, mandan a sus hijos a la escuela privada. Porque la lucha por sus intereses, ha sido concebida sin tomar en cuenta la malignidad de la estrategia gubernamental, entes financieros internacionales e intereses populares. La dirigencia sindical de esta parcialidad de trabajadores, no tiene absolutamente nada claro, ni un concepto novedoso de país y sirve conscientemente o no a los intereses que debería combatir.
Pero mientras tanto, veamos como se ha venido desarrollando lo relativo a la educación universitaria, donde la norma constitucional abre la posibilidad que se cobre a quienes ingresen a ella. El cuello de botella conocido como cupo, ha excluido a miles, de los cuales unos cuantos inflan la matrícula privada, pero hay más.
A lo largo de la discusión que se ha venido dando en la Comisión de Educación del Senado de la República, con la participación de personalidades muy vinculadas al problema educativo, se han definido con nitidez tres posiciones respecto a la reforma del artículo 8 de la Ley de Educación Superior.
El sector oficial ha propuesto que se contemple el cobro de una matrícula a los estudiantes universitarios a partir de un determinado nivel del ingreso familiar. La OPSU, organismo estatal, ha especificado esta idea partiendo de niveles de ingreso familiar relativamente bajos.
Otro sector, en el cual destacan los rectores Edmundo Chirinos y Pedro Rincón Gutiérrez, ha planteado recabar, a través del impuesto sobre la renta, de las familias adineradas y de los sectores comercial e industrial, una cuota adicional para contribuir con los gastos universitarios.
Ahora, más recientemente, Ernesto Mayz Vallenilla, ha señalado en la comisión senatorial que la alternativa válida es un sistema de trabajo obligatorio para los estudiantes de educación superior que retribuya al Estado parte de los recursos invertidos en el sector educativo.
La posición oficial, de resultar aprobada, violentaría el viejo, democrático y progresista principio de la gratuidad de la enseñanza, tan caro al país y a la propia gente de AD. Aparte que golpearía a sectores hoy empobrecidos o al borde de la pobreza, realmente incapacitados para pagar una matrícula escolar, esa medida introduciría una antipática diferencia en el sector estudiantil de la escuela universitaria oficial, entre quienes pagan y no. Además, se sabe con certeza que los ingresos que se obtendrían por esa vía serían insignificantes con respecto a las necesidades del sector universitario. También sería un serio retroceso en la historia de nuestro sistema educativo y un alarmante peligro, una amenaza cierta al derecho a recibir educación que tienen los venezolanos y especialmente los hijos de los trabajadores, sobre todo si tomamos en cuenta las serias y permanentes tendencias inflacionarias de nuestra economía. Y provocaría una verdadera estampida hacia el sector privado de la educación de quienes estarían obligados y en capacidad de pagar.
La proposición de pechar a través del impuesto sobre la renta a sectores de altos ingresos no viola el principio de la gratuidad de la educación, obvia ese grave precedente, garantiza una contribución económica significativa y una menos injusta distribución del ingreso. Al aplicar esta norma con carácter obligatorio para quienes tengan o no hijos en la universidad oficial, se elimina el peligro señalado por Mayz Vallenilla de una huida a la educación privada, buscando, con el equivalente del pago de la matricula a la universidad oficial, eludir lo que él llama las incomodidades del rigor académico.
La proposición de Mayz Vallenilla del trabajo obligatorio, como una forma compensatoria del gasto estatal en educación que ha sido hecha para afirmar el principio de la gratuidad de la enseñanza, no es excluyente en relación con la de los otros rectores. Además se vincula a la del rector Edmundo Chirinos, en el sentido que el Estado contrate con la universidad el suministro de productos, como algunas medicinas, servicios, tecnología y asesorías, a costos inferiores a los que hoy cancela a la empresa privada nacional e internacional.
Esta proposición de Mayz Vallenilla tiene además un gran sentido estratégico y apunta a los cambios que demanda la sociedad venezolana. Ella implica la posibilidad de incorporar al proceso productivo a grandes sectores que hoy son desaprovechados. Generaría una actitud nueva frente al trabajo e identificaría más al educando con la universidad y los intereses de su país. Esta alternativa incita además a introducir reformas en los sistemas de estudio de la propia universidad de modo que forme los profesionales para nuestro desarrollo y cumpla, al mismo tiempo, los compromisos que ella adopte como resultado de los convenios que firme con la empresa privada y el Estado. De esta forma, iríamos en la búsqueda de ese Estado barato, eficiente y productivo que tanto anhelamos.
Las dos últimas proposiciones bien pueden aplicarse simultáneamente.
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