Nuevamente, comienzan a retumbar los tambores del conflicto en
nuestras universidades públicas, como ya se ha hecho costumbre, las
Federaciones clasistas, cuyo único compromiso es con la clase
trabajadora universitaria, han acudido a los medios de comunicación
privados ya que, como siempre, los medios públicos se niegan a dar
cobertura a las legítimas luchas que libran los trabajadores y
trabajadoras de nuestra Patria, en defensa de sus conquistas laborales
hoy amenazadas por burgueses y burócratas contrarrevolucionarios/as. La
mismísima situación conflictiva del año pasado se presenta sobre el
tapete en nuestras universidades públicas.
Recordemos que, a finales de abril del año pasado, el camarada Chávez
decidió ajustar los salarios del sector universitario en 40%, a partir
de ese mes, la implementación de dicho ajuste quedó en manos de la Opsu
dirigida por Tibisay Hung. Crearon tabuladores salariales que, de
manera unilateral, violentaron los compromisos contractuales vigentes en
ese momento, reduciendo interescalas establecidas en cláusulas
legalmente establecidas, reduciéndolas con el expreso objetivo de
producir ahorros que permitieran ajustar los sueldos de
profesores/profesoras en el porcentaje aprobado, en detrimento de los
sueldos de empleados/empleadas y obreros/obreras, en otras palabras,
extraer plusvalías de los sueldos de los que menos ganan en beneficio de
los que más ganan. Criminal esa actuación del Mppeu, en particular, la
Opsu de Tibisay Hung.
“Los trabajadores del sector universitario afiliados a SINATRAUCV,
SUTRACV, FETRAUNIVERSITARIOS, FENASOESV y sindicatos no afiliados,
conjuntamente con representantes de la Central Sindical UNETE marcharon
masivamente a la Vicepresidencia de la República el pasado jueves
partiendo desde la UCV , para desenmascarar a la tecnoburocracia de la
OPSU y del Ministerio de Educación Universitaria, ya que el aumento de
salario del 40% anunciado por el Presidente Chávez para este sector es
sólo para los profesores, ya que el aumento real para los obreros y
empleados administrativos apenas es del 29%, siendo éstos los que menos
ganan…” (Prensa Unete).
No sería sino después de una contundente y masiva marcha de
trabajadores y trabajadoras universitarias que, por expresas
disposiciones del Presidente Chávez, seis meses después, que la
Vicepresidencia de la República reconocería la justeza de los
planteamientos que venían haciendo los trabajadores y trabajadoras
universitarias, lográndose un acuerdo que reivindicaba su justa lucha.
Así lo expresábamos entonces: “Es Chávez quien se impone y ordena a su
vicepresidente culminar el conflicto a la brevedad posible, de hecho,
así ocurrió. Se restituye con ello, la vigencia de las contrataciones
colectivas en nuestra Patria, el derecho a la seguridad social de los
trabajadores y trabajadoras, el derecho a la protesta, el derecho a la
estabilidad laboral y la formalización de las relaciones de trabajo. En
contraposición, se derrotan las políticas neoliberales impulsada desde
el minppeu, en conjunción con las autoridades universitarias, basadas en
la flexibilización laboral, la tercerización, el desmejoramiento de las
condiciones de sobrevivencia de la clase trabajadora, la restricción de
la seguridad social, practicas antisindicales, entre otras políticas
emanadas de ese ministerio. Una vez más, se demuestra, que la unidad y
movilización de la clase trabajadora es la única garantía de su
felicidad, su buen vivir…” (Victoria Universitaria. Victoria de Chávez,
Aporrea, 25-10-11).
Pues bien, nuevamente, esa provocadora de oficio en que se ha
convertido la directora de Opsu, Tibisay Hung, pretende reeditar una
nueva situación de conflicto en el ámbito universitario. Apenas el
camarada Chávez hizo los anuncios: “La nueva Ley Orgánica del Trabajo
(LOT) debe devolver el carácter retroactivo de las prestaciones
sociales, calculadas en función del último salario devengado, y
reconocer la antigüedad de los trabajadores, dijo este jueves el
presidente venezolano, Hugo Chávez Frías” (…) “Chávez expresó que desde
el cambio de régimen de prestaciones sociales en 1997, en el gobierno de
Rafael Caldera, hasta la fecha, a los trabajadores se les “robó a
futuro una cifra que se aproxima a 100 mil millones de dólares”. En este
sentido, acusó a la burguesía venezolana de expropiarle esos recursos a
los trabajadores. “Eso lo hicieron los adecos y los copeyanos. Eso lo
hizo la cuarta República. Saquearon al pueblo, robaron a los
trabajadores para cumplir con un mandato del Fondo Monetario
Internacional, del imperialismo internacional y de la burguesía
criolla”. La propuesta del Presidente de devolver el carácter
retroactivo de las prestaciones sociales se fundamenta en el artículo 92
de la Carta Magna vigente, el cual establece que “todos los
trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que
les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de
cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales
de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los
cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y
garantías de la deuda principal”. Además, el planteamiento se ajusta a
la disposición transitoria cuarta, numeral tercero, del máximo texto
legal, la cual especifica: “Dentro del primer año, contado a partir de
su instalación, la Asamblea Nacional aprobará mediante la reforma de la
Ley Orgánica del Trabajo un nuevo régimen para el derecho a prestaciones
sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual
integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de
servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado,
estableciendo un lapso para su prescripción de diez años. Durante este
lapso, mientras no entre en vigencia la reforma de la ley seguirá
aplicándose de forma transitoria el régimen de la prestación de
antigüedad establecido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Asimismo,
contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada
laboral y propendan a su disminución progresiva en los términos
previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional
del Trabajo suscritos por la República…” (Chávez: Nueva LOT debe
devolver carácter retroactivo de las prestaciones sociales, Agencia
Venezolana de Noticias (AVN) – www.aporrea.org, 10/11/11 –
www.aporrea.org/actualidad/n192626.html).
Anunciando también, en esa oportunidad, la cancelación de los Pasivos Laborales mediante el siguiente mecanismo: “El presidente de la República, Hugo Chávez, propuso este jueves lanzar un “petrobono” para pagar la deuda acumulada de prestaciones con los trabajadores venezolanos…” (AVN, 10-11-2011).
Desde ese mismo instante, se puso en marcha todo un mecanismo para cuantificar la deuda a ser cancelada, generándose entre trabajadores y trabajadoras universitarias y, en general, expectativas positivas de que éste Gobierno Revolucionario, obrerista como lo define el camarada Chávez, daría solución a esa enorme deuda social heredada de los irresponsables gobiernos de AD y Copei. Pero, no todos/todas, a lo interno del Gobierno Revolucionario, trabajan en función que los buenos deseos del camarada Presidente Chávez y la clase trabajadora, coincidentes ambos, se hagan realidad. De allí, que se ha puesto en marcha una maquinaria contrarrevolucionaria cuyo único fin, no es otro sino llenar de desesperanza y frustración a las trabajadoras y trabajadores de la Patria.
Es por ello que, al igual que lo hiciera en 2011, la Opsu, convertido
en un reducto oposicionista a las pretensiones presidenciales de
restituirle a las trabajadoras y trabajadores universitarios sus
legítimos derechos Constitucionales a “prestaciones sociales que les
recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de
cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales
de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los
cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y
garantías de la deuda principal”. Tal cual, hicieron en 2011 con
empleados/empleadas y obreros/obreras a quienes cercenaron su porcentaje
de ajuste salarial decretado por el Jefe de Estado, ahora pretenden
cercenar los montos correspondientes a los Pasivos Laborales, ya no solo
de empleados/as y obreros/as, sino ahora incluyen a profesores y
profesoras, en una actuación que, de concretarse, sería solo comparable
al “robo del siglo”, ejecutado en abril de 1997. “En ese entonces, el
ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, aseguró al país que la
eliminación del beneficio para la clase obrera, “ayudaría” a la
generación de empleo y “estimularía” al aparato productivo” (…) “La
propuesta que eliminaría el carácter retroactivo de las prestaciones se
negoció en una comisión tripartita conformada por Fedecámaras, la
Confederación de Trabajadores de Venezuela y Petkoff, este último como
representante del Ejecutivo…” (Hace 14 años la CTV, Fedecámaras y
Caldera eliminaron la retroactividad de las prestaciones, MinCI/AVN/VTV,
29/04/11 – www.aporrea.org/oposicion/n179991.html).
Llamamos la atención del Jefe de Estado, camarada Hugo Chávez, como
trabajador que es, a prestar la atención adecuada a la forma en que
desde Opsu se viene dirigiendo la política universitaria. El
neoliberalismo es contrario a los fines y propósitos que orientan y
guían las políticas de este Gobierno Revolucionario. Extirpar sus
gérmenes, es fundamental para no propiciar su crecimiento y
fortalecimiento a lo interno del mismo. De allí, nuestro llamado a
cortar de raíz esa pretensión de desconocer las premisas establecidas en
nuestra Constitución Bolivariana en lo referente a las prestaciones
sociales y al pago de los intereses que ha generado su mora a través de
los años.
Desconocer los acuerdos, suscritos por este Gobierno, como es el
caso del concretado en diciembre de 2009 por la Comisión de Alto Nivel,
constituida por representantes de Opsu, Universidades, Gremios
universitarios y Asamblea Nacional, sería funesto para la credibilidad
de la palabra empeñada por el Jefe de Estado de dar solución a este
problemática heredada de los gobiernos de la cuarta república. Razón por
la cual, nos permitimos exhortar al Gobierno Revolucionario a
mantenerse apegado a dichos acuerdos suscritos en ese entonces y al
mandato Constitucional: “El salario y las prestaciones sociales son
créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago
genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de
los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.
Las “agendas ocultas”, es nuestra obligación abortarlas y
denunciarlas, de allí nuestro llamado a la dirigencia revolucionaria a
emplazar a la ministra Córdova, su directora de Opsu, Tibisay Hung,
solicitándoles nos aclaren ¿qué buscan propiciando un conflicto en el
ámbito universitario?
henryesc@yahoo.es
Caracas, 20-01-2012
