Esta es la tercera parte de un largo artículo escrito para el Perú a propósito del panegírico que un economista le hace a su colega ministro de educación en ese país. Las reflexiones que hago pueden servir para confrontar la educación en otros países de América latina y el Caribe, sometidos aún a las imposiciones del BM, el BID, la USAID. En esta entrega me refiero a las Conferencias mundiales de educación impuestas por el BM, UNESCO, la OCDE; sus acuerdos, y su instrumentalización en el contexto del Consenso de Washington y los Planes de Ajuste Estructural.

Jomtien, Dakar, París y Proyecto Educativo Nacional
Volver a lo de Jomtien, Dakar y París resulta clave para poder entender mejor la situación por la que atraviesa la educación y la crisis de los aprendizajes, no sólo en Perú, sino en muchos de nuestros países.

En las conferencias de Jomtien y Dakar (1990 y 2000) se definió el sentido y la acción de la educación básica de niños y adolescentes. En las de París (1998 y 2009) se hizo lo propio con la educación superior y universitaria.

En Dakar, en el año 2000, el BM, UNESCO y la OCDE impusieron el “Marco de Acción de la Educación para Todos”. Este Marco establecía que todos los gobiernos que son “asistidos” por esas instituciones y, por las demás, deberían tener un “Plan Nacional de Educación para Todos” a ser ejecutado para su “evaluación” en el 2015. El plazo para que cada país pudiera tener su “Plan” vencía el 2002. El Perú, lo empezó el 2003 y recién lo tuvo elaborado el 2005.

Entre los años 2001-2005, la ONG “Foro Educativo” del Perú dio nacimiento al llamado Consejo Nacional de Educación (CNE) contando con financiamiento de una “mesa de donantes” y el respaldo del gobierno de Alejandro Toledo.

El CNE se atribuyó la elaboración de un llamado Proyecto Nacional Educativo (PNE) al amparo de la Ley de Educación del 2003, que fue hecha por uno de los conspicuos beneficiarios de la “ayuda externa”, gran amigo del presidente Toledo y de los dirigentes del propio CNE. En el 2007, el gobierno aprista de Alán García, reconoció legalmente al CNE y al PNE.

Desde entonces nadie, y menos los docentes, sabe si el ministerio de educación ejecuta en Plan Nacional de Educación para Todos que impuso el BM, UNESCO y la OCDE, o el Proyecto Educativo Nacional (PNE) que nació de la imaginación de un sacerdote, de varios ex-ministros de educación y de los “expertos” en educación de la ONG “Foro Educativo”, de la Escuela de Empresarios IPAE, entre otros.
Lo que importa decir es que tanto el Plan Nacional de Educación para Todos como el Proyecto Educativo Nacional (PEN) son una operacionalización de lo acordado en Jomtien y Dakar. Con una salvedad. El PEN es una pésima versión; un amasijo intragable de objetivos estratégicos, resultados, políticas y medidas que se reiteran en un engorroso ejercicio tautológico a lo largo de sus 143 páginas. Esto, ciertamente, no exime de su invalidez al Plan Nacional de Educación para Todos que, como dije, nadie sabe qué es ni cómo se viene ejecutando.

¿Educación para todos o para la empresa privada?
Pero esto forma parte de la anomia y sirve al propósito de hacer de la educación pública un “lucrativo negocio” donde el BM, BID, USAID, sus socios inversionistas y sus “aliados estratégicos” (CNE, Foro Educativo, Suma-Perú, Universidad Cayetano Heredia y otros) se benefician por igual. Todos empujan la educación pública hacia el despeñadero donde esperan los promotores individuales o colectivos, la iglesia católica y las sectas cristianas para hacer de ella su coto privado. La nueva educación para la “nueva clase media”.
En el caso de la educación superior ocurre lo mismo, pero con un matiz importante. El BM, UNESCO, la OCDE y también la OMC, definieron en las conferencias mundiales de París en 1998 y 2009, las políticas, las reformas, los sistemas, la calidad, la evaluación y los estándares de la educación superior. Luego en las “cumbres” de presidentes y de ministros y, en otras reuniones, se fueron definiendo las estrategias y acciones.
A estas “reuniones” no habría sido ajeno el Comando Sur. El resultado: las propuestas de reforma de los sistemas universitarios en función de la seguridad nacional norteamericana utilizando los mitos de la “calidad”, la “competitividad”, el “combate contra el terrorismo”. No hay que olvidar que la universidad forma parte de la estructura del “poder permanente” junto al ejército, el poder judicial, la burocracia y la iglesia. (Sobre el “poder permanente, digo algo más abajo).

En conclusión, nada de cuanto ocurre en la educación de las colonias que aún quedan en América latina y el Caribe, escapa a lo que fue definido y “consensuado” tanto en las conferencias para la educación básica (Jomtien y Dakar) como en las dedicadas a la educación superior y universitaria en París.

Los Acuerdos de Jomtien, de Dakar y de París, tradujeron para la educación básica y superior lo que fue el “Decálogo” o Consenso de Washington y su inmediata transcripción en los “Programas de Ajuste Estructural”. Hacer de la educación una función ideológica de la economía y de la política ha sido siempre un presupuesto básico. Cuánto más, en circunstancias en las que el insepulto capitalismo norteamericano pretende una nueva vida neoliberal.

Por eso, y aunque para algunos “analistas” y “expertos”, el Consenso de Washington y los Programas de Ajuste son historia pasada, ésta aparece viva cada vez que el FMI y el BM imponen austeridad, disciplina presupuestaria, apertura a las inversiones extranjeras directas, privatización de empresas públicas, “reorientar” el gasto gubernamental en educación y salud.

Parte de esa “reorientación” son precisamente los bajos sueldos de los maestros. O mueren por inanición o pasan a la informalidad. En la educación de la “nueva clase media” sólo hay espacio para los maestros “meritocráticos”. Y su oportunidad está en las instituciones privadas. Para esto tienen que ser “competitivos” (arrasar con el que pueda hacerles competencia), demostrar absoluta convicción de que la “ayuda externa” es la alternativa para el “desarrollo”, completa docilidad con los patrones; ser jóvenes, católicos, judíos, o cristianos.

Algo sobre el poder permanente

“Poder permanente” es el concepto al que se “adecúan” las instituciones de los llamados “Estados nacionales” para su mejor administración, manejo y control por la institucionalidad del orden capitalista que referí en la primera parte de este artículo.

El “poder permanente” lo constituyen nuevas instituciones, nuevas representaciones, nuevos líderes, nuevas ONGs, nuevos medios de información, nuevas instancias de “participación” inducida de la población, nuevas formas de administración, gestión y gerencia de los servicios públicos.

El “poder permanente” infiltra y reemplaza la institucionalidad que no responde a los intereses de la seguridad nacional norteamericana para hacerla funcional. Es inherente a un sistema extendido de corrupción y de cohecho. Se instaura y extiende para asegurar que un Estado “nacional” funcione “adecuándose” a los conceptos, las políticas, las estrategias, del macro poder que lo gobierna.

El presupuesto básico que sustenta la necesidad del “poder permanente” es evitar que los gobiernos puedan convertirse en “estatistas”. Esta es una “tentación” que se debe evitar para asegurar la propiedad privada, el libre mercado, la libertad, la democracia.

Con el “poder permanente” debidamente controlado, no importa quien pueda ser electo, ni las ideas “izquierdistas” que pueda tener. El poder permanente se encargará de absorberlo. El “poder permanente” es consustancial a los Estados anómicos, ocupados, fallidos.