La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) ha publicado un comunicado, con las decisiones de su última junta directiva, que coloca la situación universitaria en lo que ellos quieren plantear como un conflicto universitario nacional, pero que en realidad se reduce a 11 universidades públicas que controlan autoridades oposicionistas y gremios profesorales oposicionistas al gobierno bolivariano. Esa es la justa verdad.

Hace dos años, cuando otra vez, el gremio opositor universitario paralizó las universidades (me disculpan la autocita) publiqué en este medio un artículo titulado: “Nadie es imprescindible” (http://www.aporrea.org/educacion/a168917.html) donde, entre otras cosas expresaba: “FAPUV, APUCLA,APUCV y algunas asociaciones de profesores, así como autoridades universitarias opositoras insisten en mantener un paro indefinido que todos saben conducirá a otro gran fracaso…..Estos gremios creyéndose todo-poderosos violan el derecho al estudio, violan las leyes laborales, retan al estado y se creen también imprescindibles. Acompañémosles hasta la puerta del cementerio, pero no nos enterremos con ellos. A veces la soberbia, junto a los planes oposicionistas (y creo que es lo que ocurre con PAPUV y APUCLA, entre otras asociaciones de profs.) nos hace olvidar lo que realmente somos”. ES DECIR, PRESCINDIBLES.

Ahora, la FAPUV vuelve por sus fueros y pretende condicionar el retorno a clases de sus agremiados en la UCV, ULA, UDO, LUZ, UCLA, UNEXPO, UC, UPEL, USB Y UNET, a que se aprueben todas sus exigencias salariales que ya fueron discutidas en la II Convención Colectiva Universitaria donde los aumentos, si bien no eran los que se habían solicitado por todos los gremios inicialmente, estuvieron entre el 135 y el 166% para los trabajadores universitarios (docentes, empleados, obreros y jubilados) que, en las condiciones en las que está el país en la actualidad con los ingresos petroleros y la continuidad del diálogo entre los gremios y los entes patronales, permite tener una mejoría de las condiciones de trabajo de los universitarios. No somos conformistas, pero si debemos pisar tierra respecto a las realidades nacionales e internacionales.

Obsérvese el texto de algunas decisiones de la FAPUV publicadas esta semana, casi en los mismos términos que las tomadas por meritocracia de PDVSA en 2002 lo cual llevó al retiro de 20.000 trabajadores de la nómina mayor que, en ese entonces también se creían imprescindibles.

• “Mantener la declaratoria de conflicto universitario, ratificando el no reinicio de las actividades docentes hasta tanto no estén garantizadas las condiciones laborales de los profesores universitarios, objetivas y subjetivas, para dar inicio al nuevo período académico. “

• “ Los profesores deben cumplir permanencia en las Instituciones y programar actividades con el sector estudiantil, informándoles sobre las causas del conflicto universitario, la situación de las Universidades y la crisis del país“

• “Iniciar una cruzada universitaria nacional para apoyar la solicitud del “salario mínimo vital”.

Por supuesto, el no reinicio de actividades docentes implica el abandono del trabajo para el cual fueron contratados por el estado. En dichas resoluciones se puede inferir la incitación al abandono del trabajo por parte de los docentes, el fraude laboral al revés que implica cumplir permanencia en las instituciones, pero sin dar clases y la expresión “cruzada universitaria nacional”, al estilo de las guerras socio-religiosas de la época feudal. Todo ello anuncia el preludio de otra “guarimba universitaria”, cercana a las elecciones parlamentarias nacionales.

En primer lugar, la FAPUV no es un sindicato que, de acuerdo a la LOTTT, estaría en condiciones de convocar a huelga, una vez cumplidos los requisitos establecidos en dicha Ley. No, la FAPUV no ha querido sindicalizarse y su accionar ahora, sólo pone en riesgo la situación laboral de los docentes que no se incorporen a las actividades docentes, que en términos legales se traduce en un abandono del trabajo (leer artículo 79 de la ley que, en dos de sus numerales establece: “Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o empleado: (entre otras)

- Inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el período de un mes

-La falta injustificada de asistencia del trabajador que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esta falta signifique una perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la ejecución de la obra”

Ningún gremio, por muy importante que se considere, puede considerarse u supra-estado, que esté por encima de la Constitución y de las leyes de la Patria. Debe respetarse el derecho al estudio de cientos de miles de estudiantes universitarios, así como el derecho al trabajo de quienes desean trabajar en dichas universidades. No todos estamos de acuerdo con las paralizaciones de clase como único método de lucha, más cuando el gobierno sigue pagando los sueldos y salarios, los bonos, primas, becas y todos los beneficios socio-económicos que se tienen sólo por el hecho de ser trabajadores universitarios.

En tal sentido, las instituciones del estado venezolano (tribunales, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, deben asumir las competencias que tiene cada uno para hacer respetar las leyes y permitir la normalización de las clases en esas universidades y no seguir afectando a los casi 400 mil estudiantes que hacen vida en las universidades mencionadas. Así como en términos de la seguridad pública se han establecido las OLP para proteger y defender a la ciudadanía del flagelo del delito, el narcotráfico y la inseguridad, también deben plantearse muy seriamente mecanismos de protección de los estudiantes de los flagelos de los paros universitarios.