No tenemos la menor duda que el recién ajuste del Salario Mínimo Nacional, las tablas salariales de toda la Administración Pública y de la base de cálculo del Cesta Ticket Socialista a ocho unidades tributarias, se ha constituido en un nuevo "dakaso" contra la opositora burguesía, en lo fundamental, contra la punta de lanza de esa furibunda oposición, como es el caso de la burguesía comercial. De hecho, Consecomercio, a través de su presidenta Cipriana Ramos, no se cansa de amenazar al país todo: "Ese aumento llevará al colapso porque la mayoría de nuestros productos están regulados…". La pregunta pertinente sería: ¿Por qué no respetan la regulación, y encima, les desaparecen esos productos tan necesarios para nuestro pueblo? ¿Por qué le siembran penurias al pueblo con sus colas inducidas? En fin, ¿Por qué no cesan en su guerra contra el pueblo?
La Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), le ha venido dando golpes certeros a esa burguesía comercial que tanto desprecia a nuestro pueblo. Más dramática que su presidenta es Consecomercio Lara, quien habla de "bárbaro incremento salarial"; lo cual, nos parece sumamente satisfactorio pues lo mismo siente el pueblo consumidor cuando va a comprar una simple canilla y encima que le colocan horarios de venta y largas colas, el precio de ese bien alimentario, de semana en semana le colocan un precio nuevo y si reclama, el comerciante le responde con su típico: "vaya donde Maduro para que lo compre más barato". Era hora ya, de ponerle coto a esa banda de delincuentes autodenominados "comerciantes". Mucho tiempo había transcurrido, y mucha la ganancia que han obtenido de sus actividades delictivas. El ejemplo más palpable, lo obtuvimos en las inspecciones que realiza la GMAS, cuando en una licorería cercana al mercado de Quinta Crespo, descubrió una tonelada y media de alimentos y productos de higiene personal, hoy en día tan escasos. Por supuesto, de esa actuación de sus afiliados, Consecomercio no dice ni pío, pues de seguro les felicitará y esperará un tiempito para declararlos como presos políticos del régimen, si cayeran presos, a esos criminales, a quienes aspiramos y esperamos, les apliquen sanciones ejemplarizantes, máximas sanciones de Ley.
Esto, solo se ve en nuestra República Bolivariana de Venezuela, en que el hampa puede expresarse abiertamente y encima, atacar al Gobierno Constitucional del Presidente Maduro, en la forma descarada como lo hace Consecomercio y sus furibundos pranes regionales. Excepción hecha de Fedeindustria, único sector empresarial que se ha mantenido en el campo de la decencia pública y ha manifestado públicamente: "Respaldamos todas las medidas que beneficien al principal recurso, nuestros trabajadores. Su bienestar y el aumento de su poder adquisitivo no solo los favorece a ellos, sino a la economía en su conjunto", en vocería de Orlando Camacho, presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas, Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, perteneciente a esa organización empresarial. Han sido tan fulminantes, los efectos de la medida presidencial, que tanto la burguesía como sus agentes políticos (la MUD y demás opinadores de oficio), no terminan de digerir el trago amargo del golpe dado por la Revolución en Ofensiva a sus fuerzas retrógradas.
En el caso de las universidades públicas, sus trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sindicales y federativas, los efectos han sido casi que similares, pues mientras unas han optado por dejar las decisiones sobre el tema al ministro Arreaza; otras, sencillamente han adelantado posición con el cuento aquel de que no les corresponde ese 50 por ciento sino el 20 por ciento que ya había sido aprobado mediante el mecanismo contractual de la Segunda Convención Colectiva Única, posiciones que han generado un clima de extrema incertidumbre en las bases de las trabajadoras y los trabajadores universitarios, quienes se preguntan si les corresponderá o no, ese ajuste salarial en sus tablas y en qué porcentaje?
A fin de dilucidar esas dudas, lo primero que debemos rememorar es mayo pasado. Ese mes, el camarada Presidente Maduro acordó un ajuste salarial del 54 por ciento para el sector universitario y, a partir de ese mes, decidió incorporar a los trabajadores y trabajadoras universitarias al nuevo esquema salarial puesto en marcha por la Revolución Bolivariana desde finales del 2015, para proteger los ingresos de la clase trabajadora. Consiste en ajustar trimestralmente, tanto el Salario Mínimo Nacional, como las tablas salariales en la misma proporción porcentual, y el llamado ahora: Cesta Ticket Socialista, con lo cual, este último beneficio laboral, no solo cambió su denominación, sino sus objetivos sociales. Así, en mayo pasado, el Presidente Maduro ordenaba a su ministro del poder popular para el proceso social del trabajo, Osvaldo Vera lo siguiente: "doy la orden aquí, compañero ministro Osvaldo Vera, usted es dirigente universitario, usted garantiza camarada, que cada vez que yo haga el aumento salarial y del cestatiquet en los meses que están no se rezaguen los trabajadores universitarios, no tiene explicación…si vamos a calcular, hacemos un solo cálculo, si hay que hacer de tripas corazón hay que hacerla…voy a proceder a firmar el ajuste y el aumento del 54 por ciento inmediato ¡aprobado! Y el 20 por ciento para septiembre!" (Alocución del Presidente Nicolás Maduro en Cadena Nacional de Radio y TV, 26-05-2016). Hasta entonces, se venían produciendo movilizaciones de trabajadoras y trabajadores universitarios exigiéndole, no solo la activación de la llamada Cláusula de Contingencia que obliga a las partes a revisar el estado del Salario del universitario o universitaria en el mes de abril, sino que, una propuesta que venían formulando era que se les incorporara a esa novedosa Política Salarial, sustentada en la variación del Salario Mínimo Nacional, puesta en práctica por el Gobierno del Presidente Maduro. Quien, les escuchó su solicitud y ordenó en consecuencia, como en efecto lo hizo, a su ministro del proceso social del trabajo, que desde esa fecha en adelante, no podían quedar por fuera o rezagados, ese fue el término que empleó, la clase trabajadora universitaria. Como hecho a resaltar, tenemos que al aprobar esa incorporación y un ajuste del 54 por ciento en ese entonces, no solo que suscribía la Orden de los Recursos para cumplir dicho aumento, sino que en la misma, iban incorporados los recursos para cumplirle a la clase trabajadora universitaria el 20 por ciento de ajuste salarial, acordado en la Segunda Convención Colectiva Única suscrita un año antes, en 2015, y que se haría efectiva en septiembre de 2016.
Pues bien, lo cierto es que llegado agosto, el Presidente Maduro ha sorprendido a propios y extraños con un nuevo ajuste del Salario Mínimo Nacional, tablas salariales y del Cestaticket Socialista en un 50 por ciento, según anunció: "Quiero anunciar que producto de las consultas que voy sosteniendo durante el año, y producto de la vigilancia del salario de nuestros obreros y la defensa de la calidad de los trabajadores, he decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos y de Fuerza Armada a un 50% a partir del 1 de agosto. Y además, un elemento clave para la defensa de la familia, he decidido aumentar la base de cálculo del cesta ticket, que está en 3,5 por unidad tributaria, a 8 puntos de la unidad tributaria. Quiere decir que el ingreso mínimo legal pasa a 65.056 bolívares, la pelea es peleando, la guerra es guerreando", y lo decía en cadena nacional de radio y tv, o sea, dudas no debieran haber sobre el contenido de su mensaje. En contexto, el anuncio es bien explícito: "todas las tablas de salario de trabajadores público y de Fuerza Armada". Las instituciones de educación universitaria, las hay públicas y privadas. En el caso específico de las "públicas", no solo que procede el ajuste del Salario Mínimo Nacional a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentren en ese nivel o grado salarial, sino que los niveles y grados de las tablas salariales también deben ser aumentadas. En qué porcentaje?
En la actualidad se debate esa materia, pues aquel 20 por ciento de la Segunda Convención Colectiva Única aprobada en 2015 y cuyos recursos reposan en el MPPEUCT desde mayo pasado, está vigente y se ajustaría a las tablas universitarias en fecha tan cercana como el venidero 1ro de septiembre próximo. Al igual, lo haría ese 50 por ciento, decidido este agosto por el camarada Presidente Maduro, para sumar un 70 por ciento. A quienes nos han preguntado sobre: ¿Cómo sería instrumentado esa conjunción de aumentos a las tablas salariales? Les respondemos de la siguiente manera: si el MPPEUCT decidiera unilateralmente aplicar solo el 20 por ciento acordado contractualmente, estaría echando al basurero la palabra presidencial, poco valdrían sus decisiones en ese ministerio. Si aplicara tan solo el 50 por ciento, tendría que hacerlo solo y solo sí, las trabajadoras y trabajadores universitarios han renunciado a su 20 por ciento contractual, aplicándoles tan solo un 30 por ciento de incremento. Esta decisión ministerial, en los hechos, violaría un principio laboral de rango Constitucional: "Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos…" (CRBV, artículo 89). De hecho, nuestro Máximo Tribunal de la República, ha dictaminado un sinnúmero de Sentencias cuyo objetivo no ha sido otro, sino dar garantías del cumplimiento de dicho Principio Constitucional. Señala así, el Magistrado Ponente Alfonso Valbuena Cordero, en la Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha del 10-05-2005: "La institución de la irrenunciabilidad, persigue garantizar con la prohibición de renuncia, que el trabajador en una negociación contractual disfrute durante su desarrollo de un mínimo inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en su perjuicio, pero sí en su mejora. La previsión del legislador tiene como fin garantizar el que el interés particular del sujeto débil o menos fuerte de la relación laboral, quede incólume antes y durante la relación, y que no se vea compelido a dejar de percibir los beneficios que le correspondan y en caso de no recibirlos pueda exigirlos ante los órganos competentes…"
Este Principio Protectorio, en este caso, aumento del Salario y, por ende, al mejoramiento y la protección de sus ingresos, debe mantenerse como bien lo señala el propio Presidente Maduro: "Estas son medidas de guerra para proteger a un pueblo sometido a la guerra económica de una burguesía y de un imperialismo que cree que nos puede arrodillar, no podrán con nosotros", y para que ello sea así, no se puede seguir dando un trato discriminatorio a ese sector de los trabajadores y trabajadoras, con relación a sus pares de la Administración Pública Central, cuyas tablas salariales están sustancialmente mejoradas –comparativamente- con respecto a las universitarias. En función de equipararlas, en la medida de lo posible, se le deben unificar ambos incrementos en un sólido 70 por ciento lineal a las tablas salariales de todo el personal universitario en condición de activos y jubilados, con las excepciones previstas en el Decreto Ley. Con lo cual, se haría Justicia, pues recuérdese que el incremento del 30 por ciento de noviembre 2015, no fue percibido por ese grupo importante de trabajadores y trabajadoras, siendo en el universo de las trabajadoras y trabajadores del sector público, los únicos que no lo percibieron en ese entonces. De allí proviene ese rezago, que tanto enojo causara al Presidente Maduro en mayo pasado. Nunca es tarde, cuando de hacer Justicia se trata…
Caracas, 21-08-2016
