El duro conflicto que mantienen los enseñantes canarios con el gobierno autonómico canario está poniendo en evidencia la naturaleza misma del papel que la educación juega en nuestra sociedad. 

Más de quince años después, un acuerdo del parlamento canario, que homologaba el sueldo de los docentes de la enseñanza pública canaria no universitaria con el de sus equivalentes del mismo nivel en la administración autonómica, sigue sin cumplirse. Desde hace quince meses (la verdad que con un sospechoso retraso), los sindicatos del sector vienen negociando y luchando porque se cumpla ese acuerdo. 

La respuesta negativa del ejecutivo autonómico ha venido envuelta en la exigencia de supuestas “contrapartidas”, la mayoría de las cuales consistían en las mismas tareas que ya vienen realizando los enseñantes. Otras se limitan a añadir más carga de trabajo para ahorrar la contratación de más docentes.  

Frente a esta actitud obstruccionista, los enseñantes sacaron la consigna “homologación sin contrapartidas”, que quizá debió ser “homologación con las contrapartidas que ya estamos prestando gratis”.  

Lo cierto es que, ante grandes sectores sociales, son los estereotipos lanzados desde el poder los que calan mayoritariamente en la opinión pública. Y no sólo por los argumentos del gobierno autonómico, sino por un largo deterioro de la imagen de los enseñantes.  

Uno de estos tópicos es que las maestras y los maestros trabajan poco y tienen unas largas vacaciones. En todos los países del mundo, con pequeñas diferencias, los enseñantes adaptan su horario al horario escolar. Las vacaciones y otras interrupciones del curso son necesarias, en primer lugar, para los propios alumnos, cuyo rendimiento es decreciente a medida que avanza el curso escolar. Por otra parte, todos los estudios internacionales solventes sitúan la enseñanza como una de las profesiones más estresantes y con un más alto nivel de desgaste personal, con depresiones y otras enfermedades.  

No es de extrañar que muchos diplomados y licenciados abandonen la enseñanza si tienen la oportunidad de pasarse a otras áreas de la administración. Salvo una fuertísima vocación, es muchísimo más cómodo trabajar de ocho a tres con papeles, y luego desconectar totalmente al irte a casa, que batallar con los problemas y las dificultades de treinta seres humanos. Unas semanas más de vacaciones no compensan. Y, además, de burócrata se gana más dinero. 

La realidad es que el trabajo del maestro y de la maestra no termina al acabar la jornada lectiva. Cada día dedican bastantes horas de su tiempo personal a preparar clases, a elaborar exámenes, a preparar informes… Por no hablar de claustros, permanencias, atención a padres, etc. Y de las horas dedicadas a dar vueltas en la cabeza a decenas de situaciones familiares dramáticas: las de sus alumnos. 

Esta situación se agrava por el sectario ejercicio de comisariado político por parte de los inspectores de la Consejería de Educación quienes, en vez de controlar la calidad de la enseñanza, acribillan a los docentes con una inacabable batería de impresos e informes de nula utilidad, y de los que no se extrae ni unas estadísticas dignas de tal nombre. Papeles y más papeles, en vez de atención a los problemas reales. 

Por si fuera poco, la situación laboral de muchos profesores es más que precaria. Por una parte, un disparatado sistema de oposiciones, de muy dudosa imparcialidad, y cuyo resultado práctico es un cada vez mayor número de españoles en el cuerpo docente, especialmente entre los licenciados.  

Por otra parte, un sistema de listas de sustituciones que roza la esclavitud, y en la que los maestros y las maestras son llamados para diez días de clase en Fuerteventura, por ejemplo, para luego volver al paro. De forma que no pueden buscarse un trabajo que les permita comer sin salirse de las listas. 

Añadan ustedes a eso los acuerdos del gobierno autonómico con la Junta de Andalucía para que los enseñantes en listas de sustitución en esa comunidad española se consideren automáticamente inscritos, si lo desean, en las listas de sustituciones canarias. 

Sin embargo, el problema de fondo es el continuo recorte de fondos para la enseñanza pública y su desvío a la enseñanza privada, en el mejor de los casos, cuando no a subvencionar a las empresas del núcleo oligárquico al que sirve el ejecutivo autonómico. 

A lo largo de quince años, el gobierno que padecemos en Canarias ha ido mermando sistemáticamente los recursos de la enseñanza pública. Y eso se ha concretado en recortar gastos de personal a toda costa, tanto en número de profesores como en sus sueldos. 

La traducción práctica de esa política ha sido terrible. Los “ratios” han subido de 22 alumnos por aula, a más de 30 en muchos casos. Sin embargo, al disminuir –y hasta desaparecer– profesores de educación especial, psicólogos y orientadores (más “ahorro”), la composición de las aulas debería obligar a reducir muchísimo más los “ratios”.  

Para no bajar el número de alumnos por aula y ahorrase profesores, se llega al extremo de formar aulas con alumnos de 2º y 3º, o 3º y 4ª, un disparate pedagógico. Donde antes se sustituía un maestro enfermo o una maestra con baja por maternidad en tres días a los sumo, ahora se tardan no menos de veinte días. Los alumnos de ese profesor o de esa profesora se reparten mientras tanto entre otras aulas, donde es imposible la labor educativa. 

El asunto es minimizar el gasto educativo a toda costa. Y a costa, precisamente, de la calidad de la enseñanza. 

No importa. Las nuevas tendencias en toda la Unión Europea es simplificar la educación. Basta con que el futuro asalariado sepa qué botón es el de encendido y cuál el de apagado de la correspondiente máquina y un par de cosas más. La mayoría de los padres, agobiados por largas jornadas de trabajo y por pagar la hipoteca, tampoco quieren más que una guardería. Y, en todo caso, que el niño o la niña aprenda los suficiente para poder ponerse a trabajar. 

Quienes quieren una formación integral de nuestros niños van contracorriente. Ni formación humanística ni otras zarandajas.  

Los enseñantes lo tienen crudo. La opinión pública está en su contra. Un día de huelga es un día que nos crean problemas a toso para ver donde aparcamos al niño. Encima tienen trabajo. Y en la mayoría de las empresas privadas se gana menos, y se trabaja más. El mecánico de coches, el dentista o el fontanero tienen mejor consideración. Los resultados de su trabajo son inmediatos.  

tdr.santana@gmail.comPor eso aumenta el número de docentes agredidos, verbal y hasta físicamente. Y no sólo por los alumnos, sino por los padres. Si, encima, el gobierno autonómico habla de ellos como si se tratara de gandules (en vez de decidirse a apartar a los pocos verdaderamente gandules, cosa que ni se plantea), lo raro es que no haya más agresiones. 

Lo siento por mis amigas y mis amigos maestros, pero la pedagogía que deberían emplear es una pedagogía social, que rompa su mala imagen y su aislamiento del resto de las trabajadoras y de los trabajadores. Si no, están perdidos. 

(http://teodorosantana.blogspot.com/) 

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