En una palabra, el pensamiento del presidente se ha centrado en recalcar la importancia de que la educación es un derecho de todos (reafirmación de lo expresado en la Constitución Nacional de 1999: Artículo 102, La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria); que la simbiosis militar-sociedad civil es necesaria para mejorar las condiciones de la prestación del servicio educativo; y que la educación en estos nuevos tiempos de revolución y transformación debe estar orientada hacia los ideales de Simón Bolívar y Simón Rodríguez, claro está, tomando ejemplos exitosos como es el del sistema educativo de la revolución cubana.
La recién aprobada Ley Orgánica de Educación (LOE), aparecida en la Gaceta Oficial Nº 5.929, del 15 de agosto del 2009; con una totalidad de 50 artículos, con sus disposiciones transitorias, es la culminación de una serie de intereses y necesidades que a juicio ideológico del gobierno (de orientación socialista-bolivariano), es el que necesita el colectivo para enriquecer su conocimiento acerca de su lugar en el mundo y la razón de ser de su identidad latinoamericana. Es un instrumento muy general que amerita reglamentaciones y normas operativas para profundizar sus pretensiones de formar en el idealismo socialista a un colectivo que ha estado transculturalizado por la sociedad de consumo occidental, entiéndase percepción neoliberal.
Una de las preguntas que más se hace la oposición al gobierno vigente en Venezuela, es el carácter autoritario, centralizador, manipulador y segregacionista de la LOE; y si revisamos a fondo el instrumento legal, lejos de encontrar contradicciones y revelaciones ciertas de estas situaciones denunciadas, nos encontramos con un cuerpo de normas que ya en resoluciones y comunicaciones internas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, se venían implementando a nivel nacional. La supervisión de los planteles privados, el respeto a la doctrina laica en instituciones que orientaban a la imposición de una sola religión oficial, así como la tipología de evaluación al personal docente, enmarcada en el criterio de integralidad y cualificación, son ejemplos de que no es una Ley extraña al sector educativo, quizás si tenga visos de control excesivo, pero como lo establece la Constitución Nacional, al final del artículo ya citado 102, “El Estado la asumirá (la educación) como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.
Por otra parte, hay algunas inquietudes que al parecer no han sido respondidas ampliamente por los personeros del Estado, y es lo referente a los “valores culturales de la venezolanidad” que esgrime el artículo 4 de la LOE. Antes que nada no existe una documentación específica, sistemática y coherente que responda a qué tipo de valores habría que referirse. Los estudios al respecto son mínimos y los que existen están construidos para ser digeridos por personas con amplia formación intelectual; por lo tanto hace falta definir este punto y dotar al colectivo docente de documentos pedagógicos desde donde sustentar esa visión de venezolanidad que a juicio del gobierno nacional es el que sería necesario en la construcción de una sociedad nueva.
En este sentido surge otra inquietud: ¿realmente la LOE propicia la ideologización de los educandos? Al ser un instrumento del Estado, la LOE es una vía para fortalecer la orientación de Gobierno de ese Estado, por tal motivo el legislador no tiene por qué establecer que la “educación sea socialista”, es socialista en la praxis, en la confrontación de ideas en el aula, es allí donde se materializará el cambio. Sin embargo, en la LOE se deja abierta una posibilidad real de carácter ideológico cuando en el Artículo 15, numeral 2, expresa en los fines de la educación: “Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica y el fortalecimiento del Poder Popular, en la democratización del saber y en la promoción de la escuela como espacio de formación de ciudadanía y de participación comunitaria, para la reconstrucción del espíritu público en los nuevos republicanos y en las nuevas republicanas con profunda conciencia del deber social.”
El artículo continua en el numeral 3: “Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico con conciencia de nacionalidad y soberanía…”
En una palabra, el legislador deja abierta la brecha para que los gobiernos construyan sus estructuras ideológicas necesarias que adapte al colectivo a los requerimientos de una sociedad que se aparte de determinados valores o intereses, y se ubique en nuevos esquemas culturales de acción social y política. Porque el ser humano es por esencia “político y social” y esa realidad va concatenada con la convivencia y el desenvolvimiento cotidiano de las sociedades enmarcadas en un estado de derecho.
En lo que se refiere a las competencia del Estado Docente, prevalece en la LOE el espíritu por construir un pensamiento pedagógico emancipador; ese pensamiento existe de forma dispersa, hay que concentrarlo, establecer sus conexiones y crear esquemas de orientación en donde el docente se involucre con las ideas de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, José Martí, José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Gabriela Mistral, Ernesto “Che” Guevara, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Paulo Freire, Jon Sobrino, Moacir Gadotti, Eduardo Galeano, Karl Marx, F. Engels, Antonio Gramsci, Fidel Castro, Rigoberta Menchú, Hugo Chávez, entre otros.
La
tarea que tiene por delante la nueva LOE es titánica, para lo cual
requiere el concurso de todos los docentes y los estudiantes; establecer
conductas rebeldes frente al nuevo instrumento de Ley es lo mismo que
asumir una defensa a ultranzas de ella: demagogia. Es un instrumento
que amerita mejorarse y profundizarse, pero no es un instrumento destructor
de la familia o mancillador de la cultura venezolana, todo lo contrario,
es una Ley que busca, léase bien, busca poner en sintonía las necesidades
del colectivo con el proceso formativo de ciudadanía republicana que
requiere toda sociedad democrática para desarrollarse.
