PDVSA aspira a mejorar durante 2021 su flujo de caja mediante la apertura a ciertos capitales, apoyados en la inconsulta y controversial ley antibloqueo. Dicha corporación basa su esperanza en unos 73 campos petroleros que han dejado de producir debido a una continúa desinversión, que serian ofrecidos a estos incógnitos "inversionistas". A diferencia de los intentos anteriores, la ley antibloqueo daría carta blanca al ejecutivo para hacer y deshacer con nuestros recursos y activos, a la sombra de la oscuridad y sin pasar por control institucional alguno.

PDVSA ha intentado poner activos de producción en manos de inversionistas privados desde mucho antes. Desde la apertura petrolera de los 90 de mano de los "mitocratas", pasando por las empresas mixtas de R. Ramírez en 2010, hasta las descabelladas propuestas de M. Quevedo en 2018. Ninguna de ellas dejó nada sostenible al país más que destrucción, hambre y corrupción.

La realidad señala que a PDVSA le espera un 2021 aun más difícil que el 2019 y 2020, dado que las expectativas de mayores ingresos provenientes de la renta del petróleo, se verán opacadas por un grave y continuo deterioro de sus procesos e infraestructura. La ley antibloqueo será un fallido artilugio difícil de aplicar y complejo de explicar a Venezuela, desde el momento mismo en que se le comiencen a ver sus costuras.

DE LA APERTURA A LOS ENTUERTOS DE RAMIREZ Y QUEVEDO:

Durante la apertura petrolera nuestra industria prácticamente se descapitalizó asfixiada por rampantes costos de producción, como producto del elevado gasto operacional de sus entonces socios extranjeros, quienes impulsaron nuestro costo de producción desde $3.88 en 1993 a $8.44 en el año 2000; unos $6.4 y $12.3 en términos reales respectivamente, disminuyendo de facto la contribución fiscal al país, mientras la pobreza extrema crecía hasta superar el 50% hacia 1997-98.

Nuestros ingresos fueron centrifugados de vuelta hacia el exterior. Nada sustentable le quedó a Venezuela de un aumento de producción cuya razón de ser es hoy cuestionado, ya que coincidió con el mayor nivel de contribución a los inventarios estratégico de los EEUU, con un crudo subsidiado con la pobreza del Venezolano y la destrucción de PDVSA, como también coincidió con el endeudamiento (1992-93) irracional e innecesario del país hacia manos del FMI [https://talcualdigital.com/las-medidas-de-miguel-paquetico-rodriguez-para-levantar-la-economia-venezolana/].

Llegado R. Ramírez y su propuesta de Empresas Mixtas, la destrucción de PDVSA ha sido aun más severa. Ramírez y Del Pino ofrecieron 6.000.000 BPD para 2019, de los cuales 4.000.000 BPD provendrían de la FPO. Antes de su salida, la producción había cedido desde 3.260.000 BPD en 2008 a 2.899.000 BPD en 2014. Para Agosto’2017 antes de la salida de Del Pino, esta se había derrumbado hacia 2.100.000.

Mientras PDVSA "remontaba" producción de pesado extrapesado entre 2007 y 2013, el volumen de condensado, liviano, mediano, se desplomaba en similar proporción, a la par que se desmontaban operaciones en las áreas tradicionales, para redirigirlas hacia la FPO. El volumen neto incremental entre la producción fresca de la FPO y la producción desaparecida de activos convencionales era en realidad "negativo", mientras el costo de producir cada barril se remontaba peligrosamente, pasando de US$4.93 por barril en 2007 a US$18.05 por barril en 2014.

La razón que aludían Ramírez y Del Pino para aquel momento, era que la creación de dichas empresas apuntaba hacia la plena soberanía del recurso, la promoción de la inversión, el justo pago de regalías e impuestos y el desarrollo de los recursos de la FPO. Hasta 2014 y 2017, ninguno de esos objetivos fue alcanzados. El clan Ramírez-Del Pino endeudó nuestra industria en medio de la mayor alza del barril, desde $2.300 millones en 2006 a $46.200 millones en 2014. Se calcula que más de $21.000 millones fueron dilapidados entre corrupción y entuertos operacionales durante 2007 y 2016.

A finales de 2017 llega un novato M. Quevedo ofreciendo un incremento de producción de 2.000.000 BPD para finales de 2018. Durante el mes de Junio, ese mismo personaje en tan solo 6 meses de desafortunada gestión, había originado la merma de más de 550.000 B/D de producción de petróleo y 800 millones de pie cúbicos (MMPCD) de producción de gas. Quevedo anuncia un plan de reactivación e intervención de pozos, con miras a incorporar cerca de 1.400.000 B/D de producción fresca [http://www.elimpulso.com/noticias/economia/quevedo-pdvsa-recuperara-23-319-pozos-petroleros-para-producir-14-mmbd-adicionales-jun6].

En Febrero’2019 Quevedo es expulsado de PDVSA, habiendo sido responsable de la desaparición de cerca de 1.050.000 BPD de producción de crudo y la perdida de mercados por más de 443.000 BPD, cuando nuestro nivel de exportación había cedido desde 1.402.000 BPD al cierre de 2017 hacia 959.000 BPD al cierre de Enero’2019.

Lo que ciertamente aumentó durante la gestión de Quevedo fueron los costos de producción, los cuales remontaron los $22 a $25 por cada barril producido, impulsados por un descomunal gasto, una voraz corrupción e ineficiencia, así como por la importación de crudos y refinados; el negocio predilecto de los "boliburgueses", la cual pasó de un promedio de 78.000 BPD en 2017 a 181.000 BPD al cierre de 2019 [https://www.aporrea.org/energia/a298290.html].

EL DESASTRE DE ASDRUBAL Y TARECK:

Los ministros de petróleo y cabezas de PDVSA provenientes del círculo más íntimo del gobierno, han sido cada vez más insensatos en sus propuestas y avaros de poder, aunque cada vez más fracasados e ineficientes.

Es así como para inicios del segundo trimestre de 2018, N. Maduro otorga "pleno poder" a M. Quevedo [http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/maduro-otorga-pleno-poder-de-adjudicaci%C3%B3n-directa-quevedo-para-frenar-ca%C3%ADda-en], para facilitar mecanismos de contratación pública por adjudicación directa, con amplias facultadas y prácticamente sin mecanismos de control, así como también para agilizar las compras que deba realizar la empresa "independientemente del monto", incluidas las de crudos y refinados, que en esencia al igual que el gasto y los costos, fue lo único que ciertamente aumentó.

Si lo anterior con Quevedo al frente, llevó nuestra patria e industria a adentrarse en un circulo funesto de pedidas y corrupción, la propuesta de hoy con la inconsulta y oscura ley antibloqueo resultará aun mucho más desfavorable, pudiendo acarrear consigo nefastas e irreversibles consecuencias de corto, mediano y sobretodo largo plazo, ya que PDVSA hoy por hoy, se encuentra sumergida en una situación de indefensión total impulsada por:

• ausencia de interlocutores/negociadores calificados de alto nivel
• destrucción agravada de su infraestructura medular
• procesos sin la debida continuidad en la cadena de valor
• desconocimiento de los indicadores base
• abandono y envejecimiento de la base de datos
• desconocimiento de la verdadera situación de sus activos y su potencial
• personal sin cultura organizacional, sin disciplina, sin prepararon técnica
• escasez de bienes y servicios

A lo anterior se le superponen variables de percepción país, así como geopolíticas, que conlleva a la conformación de un ambiente verdaderamente desventajoso para Venezuela y particularmente para PDVSA. Ello, sumado a la falta de control institucional y el desconocimiento del origen real de dichos eventuales capitales, constituye una fuente de riesgo severo, dado que podría ser el refugio perfecto para la legitimación de capitales producto de la corrupción y/o negocios oscuros, así como para la fácil entrega de nuestras riquezas a manos desconocidas. La posibilidad de éxito bajo el entendido de mayores ingresos fiscales seria remota con esos supuestos inversionistas, dado que las variables financieras y de mercados se conjugaría en su contra con un barril y un mercado como el prevaleciente; a menos que: el mercado retorne a las condiciones 2005-2014, o que se le otorguen beneficios fiscales y condiciones similares a las de Exxon en Guyana.

El primer caso resultaría en un escenario remoto/irreal, mientras que el segundo desembocaría en ingresos írritos/despreciables para Venezuela, donde nada le quedaría al país más que unos cuantos corruptos y nuevos ricos que buscaran cada vez acceder a mayores prebendas, terminado por llevar al país hacia una mayor pobreza extrema.

En los EEUU aun con abundancia de bienes, servicios y mano de obra especializada, entre 2013 y la primera mitad de 2020 cayeron en bancarrota unas 332 empresas operadoras y de servicio, asociadas a una deuda de unos $177.000 millones al hacerse prohibitivo el costo marginal y de financiamiento.

Cuando se trata de arrancar activos desacelerados, estancados y abandonados bajo la óptica de la inversión privada, el costo marginal para lograr un escalamiento en la economía del proyecto, así como el costo de financiamiento, son variables criticas. En el caso de los activos de PDVSA en cuestión, desde la base de datos, hasta la infraestructura más básica yace en profundo deterioro y abandono, no existe fácil acceso a bienes, servicios, ni mano de obra preparada y para colmo el liderazgo de PDVSA y el MENPET es "tecnológicamente y estratégicamente marginal y no competitivo".

Estimaciones clase 2 para PDVSA prevén que al día de hoy el costo integral o CPF podría incluso superar los $60.000 por barril, para poder poner en pie y operar muchos de esos activos abandonados, con lo cual los costos de producción fácilmente podría superar los $35 a $40 por cada barril, sin contar con el abandono, la inseguridad del campo y la eventual multiplicación de crímenes, accidentes e ilícitos ambientales. Distinta era la situación hasta la primera mitad de 2018.

LA SOLUCION:

Hoy la solución reposa en un reseteo total sustentado en una minuciosa auditoria técnica detallada y profunda del estado real tanto financiero, como técnicamente operativo de PDVSA efectuada por expertos y conocedores; no por habladores de pistoladas.

Es complejo lograr un rescate de corto y mediano de nuestra producción, mientras PDVSA se encuentre en manos de corruptos, ineptos, politiqueros y militares; mientras Venezuela sea percibida como la cuna de la corrupción y mientras la institucionalidad no sea realmente rescatada. Solo la conjugación de todo lo anterior crearía el sustrato propicio para negociar con cualquiera bajo bases seguras, garantizando la mayor suma de valor para el país y su gente. Lo demás aseguraría la presencia de negocios turbios que bien podrían desembocar en ofertas vacías, en mayor pobreza, en vulgar saqueo de nuestros recursos y en una mayor destrucción.