Los resultados de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre configuran un nuevo escenario político para Venezuela. El conjunto de los micro-partidos de oposición obtuvo 65 puestos, el 39% de la Asamblea Nacional, conformada por 165 diputados. Una proporción significativa con la que el partido de gobierno tendría que negociar, aunque sujeto a la fragilidad de la cohesión del chiripero que pulula en la llamada Mesa de la Unidad, y a la pronunciada tendencia a asumir posiciones abiertamente anti-democráticas, despóticas y golpistas de buena parte de sus dirigentes.

El partido Patria para Todos (PPT) consiguió dos diputados. El PPT es un partido de centro-izquierda, hasta muy recientemente aliado al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Difícilmente podría considerarse un aliado incondicional del chiripero derechista de la Mesa de la Unidad.

Esto no significa que el partido de gobierno perdió el 40% de los puestos de la Asamblea. La actual mayoría aplastante del PSUV en la Asamblea no fue el producto de un triunfo electoral, sino consecuencia de la torpeza de los partidos de oposición cuando 5 años atrás decidieron boicotear las elecciones parlamentarias, a último minuto, como parte de un intento de desestabilización que nunca cuajó. Al abstenerse, la oposición le cedió al PSUV los puestos que les hubiera correspondido si hubiesen participado en esas elecciones. Podríamos estimar que el conjunto de los grupos políticos de oposición habría ocupado entre 30 y 40% de los curules, en proporción con la población nacional que los ha apoyado en las múltiples confrontaciones electorales de los últimos años.

Es así un ejercicio pueril comparar los resultados de las elecciones del 26-S con la actual distribución de los puestos de la Asamblea. El partido de gobierno tenía necesariamente que reducir el número de diputados en la nueva Asamblea. ¿En qué proporción? Una comparación mas objetiva sería con la composición de la Asamblea previo al 2005. De hacerlo así, tendríamos que reconocer que el partido de gobierno aumentó significativamente su representación proporcional en la Asamblea Nacional, mientras que la del chiripero de oposición se contrajo.

En todo caso, los resultados del 26-S evidentemente conforman un escenario menos ventajoso para el partido de gobierno. La constitución nacional establece que las leyes orgánicas deben ser votadas por dos tercios de los diputados, mientras que las leyes que habilitan al Presidente a legislar por decreto sólo pueden ser aprobadas por al menos tres quintas partes de los legisladores. En consecuencia, a partir del 5 de Enero del 2011 la coalición de oposición tiene la oportunidad de impedir la aprobación tanto de leyes orgánicas como de leyes habilitantes. Hasta ahora, las principales reformas han podido realizarse por medio de leyes habilitantes.

¿Tendrá la representación de la coalición de oposición en la nueva Asamblea la facultad de ponerle freno a la revolución bolivariana liderizada por Hugo Chávez? Difícilmente. El partido de gobierno cuenta con 98 diputados, una importante mayoría del 60%. Esto le otorga holgura suficiente para aprobar leyes ordinarias que apuntalen y profundicen el modelo socialista que promueve. Son muchos los gobiernos, tanto en la región como fuera de ella, que quisieran contar con una mayoría similar en sus respectivos parlamentos.

Es justamente por este motivo que se pretende por una parte restarle legitimidad a los resultados obtenidos, y por la otra sembrar dudas entre los seguidores del proceso revolucionario bolivariano. Ambos objetivos pretenden lograrse a través de malabarismos contables de los resultados obtenidos, manipulaciones algebraicas destinadas a confundir incautos.

Se pretende señalar, por ejemplo, que aproximadamente la mitad de la población está en contra del modelo político que lidera el presidente Chávez. Aunque ciertamente los candidatos afines al partido de gobierno en su conjunto recibieron el apoyo de sólo la mitad de los votantes, igualmente cierto es que ni los votos a favor, ni los contrarios, fueron emitidos por o contra Chávez. La votación fue de carácter local, por medio de 87 circuitos electorales, con la participación de cientos de candidatos locales, la mayoría poco conocidos.

Atrás quedaron los tiempos en que la población afecta al gobierno apoyaba a sus candidatos sólo por ser chavistas. Se evidencia un proceso de maduración política, parcialmente forjado por múltiples frustraciones con gobernadores y alcaldes que han traicionado los ideales bolivarianos, o que han caído en las redes de la corrupción, la mediocridad, el oportunismo y la ineficiencia.

La votación no sólo fue afectada por gestiones deficientes por parte de alcaldes y gobernadores. También fue afectada por una inflación galopante, vinculada a una curiosamente oportuna especulación por parte de empresas y comerciantes; las penurias derivadas de un racionamiento eléctrico apenas superado, y los alarmantes índices de inseguridad.

Pero quizás la mayor afectación sobre la tendencia del voto fue la feroz campaña mediática, tanto nacional como internacional, para demonizar sistemáticamente la gestión del presidente Chávez: dictador, narcotraficante, terrorista, apoyo a las FARC y a la ETA, consolidación de un sistema totalitario y comunista, amenaza a la propiedad privada, etc.

Los jerarcas de la iglesia católica participaron descaradamente en la jauría para despellejar a Chávez y satanizar la revolución bolivariana, desde el cardenal en los medios de comunicación hasta los sacerdotes en sus púlpitos, pasando por reiterados pronunciamientos con amplio despliegue mediático por parte de la conferencia episcopal.


Los resultados y el fraude

El objetivo del 26-S era elegir 165 diputados a la Asamblea Nacional. Dos terceras partes (110 cargos, 66,7%) de modo nominal, 52 puestos (31,5%) por listas, y tres diputados indígenas.

En el caso de la elección nominal, la opción ganadora corresponde a quien reciba la mayoría simple de votos.

En el segundo caso, la lista con más del 50% de los votos recibe el 75% de los escaños reservados al escrutinio proporcional. Partiendo del método D'Hondt, utilizado en numerosos países del mundo, el objetivo es respetar una representación de las minorías en el parlamento.

Este sistema mixto de elecciones parlamentarias, diseñado para garantizarle representación a las minorías, sólo permite que un partido obtenga la totalidad de las diputaciones si, además de ganar la votación nominal, al menos duplica a sus contendores en las elecciones por lista.

Todos los actores políticos aceptaron, sin objeciones y con suficiente antelación, la metodología propuesta por el Consejo Nacional Electoral.

El PSUV ganó en 56 de los 87 circuitos electorales (64%) para alcanzar 98 diputados, el 60% de los puestos en la Asamblea Nacional.

El chiripero de oposición señala ahora, después de las elecciones, que el resultado le parece injusto. ¿Porqué - señalan - si el total de votos emitidos a nivel nacional se dividió de manera aproximadamente equitativa entre los partidarios del gobierno y los de la oposición, el PSUV alcanzó la elección de 98 diputados, mientras que la oposición solo 65?

Este señalamiento deja expuesta la descarada disposición de los principales líderes de la oposición venezolana para tratar de engañar y manipular a los sectores de la población que les sirven de apoyo.

Saben con certeza que este señalamiento carece de la más elemental validez. Sin embargo, en alianza con medios de comunicación carentes de ética y adversos a la verdad, insisten en denunciar por esta vía un fraude electoral, irrespetando la credibilidad y buena voluntad de sus propios seguidores.

Sin embargo, se abstienen cuidadosamente de mencionar la multiplicidad de evidencias sobre la falsedad e hipocresía de sus planteamientos.

En el municipio Libertador de Caracas, por ejemplo, la oposición recibió el apoyo de 484.850 votantes (50,04%), mientras que el PSUV capitalizó 484,100 votos (49,96%). Esta ínfima diferencia permitió que la oposición ganara dos (2) de los tres (3) puestos en la Asamblea Nacional que correspondían por lista, es decir, el 67% de los cargos en disputa por listas. Este triunfo parcial de la oposición sólo pudo ocurrir gracias a la aplicación de la metodología utilizada.

En este mismo municipio el PSUV consiguió 6 de los 7 diputados elegidos de manera nominal.

En el estado Zulia, el PSUV consiguió el 45% de los votos. Sin embargo, la oposición con sólo el 55% de los votos, consiguió 12 de las 15 diputaciones (80%).

En el estado Anzoátegui, el PSUV consiguió el apoyo de 46% de los votos por lista y el 47% de los votos nominales. Sin embargo, la oposición se quedó con 7 de las 8 diputaciones en contienda, el 88%.

¿Cómo pueden mentirle tan descaradamente a sus seguidores argumentando que el método, previamente aprobado por ellos mismos, favorece extrañamente sólo al PSUV?

La razón fundamental de estas aparentes incongruencias es que no se deben ni pueden sumar los votos de diferentes circunscripciones electorales.

En las últimas elecciones de gobernadores, el PSUV ganó 18 de los 23 estados, el 78% de las gobernaciones. Sin embargo, sólo recibió el 55% de los votos emitidos a nivel nacional.

¿Quiere esto decir que hubo fraude? Evidentemente que no, pues los votos emitidos en un estado para elegir un gobernador, no pueden sumarse a los votos emitidos en otro estado para elegir otro gobernador. Sería un ejercicio producto de la mas abyecta estupidez.

Lo que se avecina

El partido de gobierno no sólo se quedó corto en sus aspiraciones electorales, sino que debe digerir con serenidad los resultados de las elecciones parlamentarias del 26 de Septiembre.

La mitad de los votantes se parcializó por opciones diferentes a las que les presentara el PSUV, a pesar del incansable trabajo del presidente Chávez en su recorrido por todos los rincones del país solicitando apoyo a sus candidatos.

Sería un error garrafal subestimar la contundencia del mensaje de la sociedad venezolana que se movilizó para emitir su voto. Tampoco pueden subestimarse las razones por las que buena parte de los simpatizantes del proceso bolivariano se abstuvo de votar.

Aunque Chávez continúa recibiendo el apoyo de la mayoría de los venezolanos, no menos cierto es que la población toda, tanto simpatizantes como opositores a su gestión, aspiran por un cambio de rumbo.

Los simpatizantes por la superación de al menos los principales obstáculos de la gestión pública: la corrupción, la ineptitud, la burocracia, la indiferencia de los gobernantes ante los problemas cotidianos de la ciudadanía. Las necesidades prioritarias de la población: la educación, la salud, la alimentación y la vivienda, deberían convertirse en engranajes fundamentales de la gestión pública, al punto de convertirse en derechos fundamentales de la sociedad venezolana. Ninguno de estas necesidades debería dejarse a merced del mercantilismo y la especulación.

Urgen igualmente medidas eficaces para diversificar la economía, fortalecer y diversificar el comercio exterior, y profundizar la integración latinoamericana. La producción de alimentos debe fortalecerse, tanto en Venezuela como en las demás naciones del ALBA, para mejorar la seguridad alimentaria del conjunto de países y fortalecer su integración e interdependencia.

Se requieren así mismo medidas eficaces y contundentes para contrarrestar la inseguridad ciudadana y la especulación con bienes de primera necesidad.

Todo esto implica una profundización audaz de la revolución socialista, una creciente polarización con los sectores minoritarios de la población que se enriquecen comerciando con estas necesidades fundamentales, o manipulando aspiraciones y necesidades sociales para conspirar contra el orden constitucional vigente.

Los opositores aspiran también a un cambio de rumbo. Pregonan que los logros alcanzados en las pasadas elecciones parlamentarias les otorga una posición negociadora suficiente para conciliar con el gobierno políticas públicas que corrijan las tendencias hacia lo que consideran un sistema totalitario y comunista. Entre sus integrantes no faltan quienes abiertamente promueven aprovechar lo que perciben como una debilidad del gobierno para salir de Chávez por cualquier vía posible, incluyendo la violencia, antes de las elecciones del 2012. Su frustración no tardará en materializarse.

Se avecina así una mayor polarización de la sociedad venezolana, una pugna entre dos opciones fundamentales que se harán cada vez mas evidentes para el ciudadano común: el capitalismo vs el socialismo, según la visión bolivariana; la libertad vs el comunismo, según la manipulación de los sectores mas retrógrados de la sociedad venezolana y de sus patrocinantes en el extranjero.

Esta creciente confrontación no debe ni puede evitarse. Llegara a una cúspide para finales del 2012, cuando la sociedad venezolana tendrá que escoger, libre y democráticamente, el camino a seguir.

Depende ahora en buena medida de las rectificaciones oportunas y necesarias por parte del gobierno, con el apoyo del PSUV y de los sectores mas progresistas de la sociedad venezolana, que la mayoría del pueblo se convenza, a tiempo y sin vacilaciones, de las bondades del socialismo y de las perversiones y amenazas del capitalismo para la vida, la seguridad y la estabilidad de Venezuela.


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