En verdad fueron unas cuantas las cosas que se dejaron de mencionar en esta campaña por parte de los representantes del Proceso. Y no podía ser de otra manera, dada la brevedad de la misma. Sin embargo, hubo algunos temas que era necesario tratarlos para una mejor comprensión de los votantes acerca de lo que estará en juego este domingo cuando nos toque elegir por dos modelos. Uno, por la existencia misma del país, por el bienestar y seguridad de todos sus ciudadanos, representado por Nicolás Maduro y, el otro, por un gobierno de empresarios encabezado por Capriles Radonsky. La diferencia entre uno y otro, casi ni es necesario decirlo, es abismal, porque representan intereses diametralmente distintos, es más, intereses radicalmente antagónicos. Eso se debe a que lo que le conviene a los empresarios, que son las máximas ganancias, casi siempre va en contra de las aspiraciones y deseos más sentidos de la población.
Por ejemplo, a los población le conviene que la calidad de los productos que elaboren los empresarios tengan la calidad que deben tener en virtud de los precios, por lo general desmesuradamente elevados, a los que se venden. También desean que los mismos se vendan a precios justos, a precios que, sin afectar una adecuada remuneración del productor y mucho menos provocar su quiebra, tampoco signifique un descalabro para el presupuesto familiar. A todo esto se oponen furiosamente los empresarios. Por lo que siempre lo verán tratando de aumentar sus ganancias. Para lograr este “ideal” lo verán en todo momento tratando de vender lo más caro posible sus productos y disminuyendo todo lo que más puedan la calidad de los mismos. Con esta finalidad no dudan en recurrir a delitos tales como el acaparamiento y la especulación. Y si se trata de alimentos, pues no dudarán en reducir su peso o adulterarlos, sin importar las nefastas consecuencias que esta práctica delictiva pueda tener para la saludad de la gente.
Por otra parte, en sus relaciones con los trabajadores, los empresarios tratarán siempre de exprimirle hasta la última gota de sudor, de sacarle el máximo provecho posible a su fuerza de trabajo. En este sentido, tratarán de hacerlo trabajar, y en no pocas oportunidades lo logran, mucho más allá de lo legalmente permitido. Y mientras esto hacen con quienes contribuyen a la obtención de sus abultadas ganancias, tratarán de pagarles a éstos un salario que, en la mayoría de los casos, apenas les alcanzará para una precaria y muy difícil subsistencia.
Como se comprenderá, para ponerle un parao a todos estos incalificables abusos y atropellos contra la población se necesita la intervención de un ente poderoso que sea capaz de regular la actividad económica, de modo que de esta se pueda beneficiar todo el conglomerado social y no solamente una parte de éste. Ese ente no es otro que el estado, el cual mediante leyes y decretos se encarga de establecer los controles que eviten los mencionados excesos. Por supuesto, nada más contrario al gusto y deseos de los empresarios que un ente así, pues limita sus ansias desmedidas y hasta inmorales de riqueza. Para ellos, lo ideal sería que se pudiera actuar sin limitación ninguna, con plena libertad, que se pudiera explotar a los trabajadores como en los tiempos de la reina Victoria, cuando un niño entraba en una mina hoy y no se sabía cuando volvería salir; que tampoco hubiera sindicatos, ni leyes de trabajo que protegieran al trabajador de los abusos del patrón y que establecieran una cierta equidad en las relaciones de producción. Pero, además, que castigue severamente los delitos de especulación, acaparamiento y usura, tan frecuentes en estos día en Venezuela. Porque, hay que decirlo, los banqueros también constituyen una calamidad social en nuestro país.
Este ente, o sea el estado, es por consiguiente para ellos, para Fedecámaras, el enemigo al que hay que destruir por cualquier medio. Como lo hicieron el 11-A, cuando ensangrentaron las calles de Caracas para derrocar un gobierno que no les permitía sus depravados excesos, y lo lamentable es que casi lograron sus siniestros objetivos. Se instalaron brevemente en Miraflores y empezaron a desmantelar todas las instituciones. Empezando por la Constitución, que era el instrumento jurídico que contemplaba todos los derechos sociales y políticos de los trabajadores y la población. Afortunadamente, ese extraordinario binomio constituido por nuestro pueblo y la Fuerza Armada, dieron al traste con aquellos asaltantes y con su nefasto proyecto político neo-liberal. Porque de no haber ocurrido así, quién sabe lo que estuviera sucediendo en estos momentos en nuestro país. Estaríamos viviendo, con toda seguridad, la misma lamentable situación por la que en estos instantes están atravesando los países de Europa. Con el agravante de que todo ello estaría ocurriendo en medio de una brutal represión y con las cárceles repletas de presos y los cementerios y fosas comunes también repletos de muertos. Ya lo hicieron una vez durante el Caracazo y no dudarían un instante en volverlo hacer de nuevo. Así ha ocurrido todas las veces en que la burguesía ha retomado el control del estado y aquí no sería la excepción.
De manera que no pudieron mediante el crimen y la violencia llegar a controlar el poder. Por eso lo intentan en esta ocasión por la vía electoral, lo cual no descarta, por supuesto, hechos atentatorios contra la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Y si algún consuelo nos queda, es que no seríamos nosotros las únicas víctimas de un gobierno tan desalmado como el que presidiría esa parodia de hombre que es Capriles Radonsk. También los que ayudaron con su voto a entronizar a estos bastardos en el poder llevarían lo suyo. Especialmente, la clase media, que al contrario de los Borbones, ni aprenden pero sí olvidan. Porque hay que ver los palos que ha llevado esta clase en el pasado. Ha sido, si se quiere, el sector de la sociedad que con mayor rigor ha sufrido los estragos provocados por los malos gobiernos de la Cuarta. Y sin embargo, no han aprendido la lección, palos con la baba y la baba ahí.
Por otra parte, hace ya algún tiempo, ese sujeto que en estos momentos aspira a la presidencia en representación del sector empresarial, afirmó que de llegar a ser presidente de la República despediría 500 mil trabajadores de la administración pública: maestros, médicos, para-médicos, empleados, obreros, oficinistas, técnicos, es decir, una verdadera carnicería. Y no tiene nada de extraño ni que lo diga ni que lo haga, porque ese es el plan de destrucción del estado que la burguesía tiene in pectore. Y hay que ver, entre otras terribles consecuencias, lo que esto significaría para los consumidores, esto es, que llegara a desaparecer el ente estatal. Sin él la gente quedaría completamente inerme, indefensa, ante los desmanes de unos empresarios que, con tal de ver incrementadas sus ganancias, no dudarían en sacrificar una población entera. De suerte, que quienes estén pensando en votar por el candidato de los empresario, debían pensarlo muy detenidamente, porque el triunfo de ese sujeto significaría, sin retórica ninguna, el adelantamiento del apocalipsis.
Y por último, algunos voceros de Proceso andan afirmando que los terroristas que han ingresado al país lo han hecho con el propósito de sabotear las elecciones. Qué ingenuidad, porque estos sujetos no han venido para hacer eso sino para provocar otra masacre como la que ya realizaron el 11 de abril. Definitivamente, no aprendemos.
alfredoschmilinsky@hotmail.com
