A raíz de la caída de los precios del petróleo, se generó una merma importante en el ingreso de los recursos monetarios necesarios para el sostenimiento a mediano y largo plazo del estado socialista. Es decir, el mantenimiento en la inversión social y el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, el ingreso de divisas a través del sistema de recaudación de impuestos, ha permitido cumplir con muchas de las obligaciones asumidas por el gobierno revolucionario con el pueblo venezolano.
Esto implica que el Estado puede lograr, relativamente, un soporte económico mediante el sistema fiscal. En este orden de ideas, surge como una posibilidad la generación de divisas derivadas del incumplimiento del sector privado en cuanto al aseguramiento de las condiciones de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores y trabajadoras, que permitan garantizar un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social..." (Artículo 1, numeral 1 de la LOPCYMAT).
La violación de este mandato constitucional (Artículo 87 CRBV), conlleva aparejado sanciones con multas que van desde veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) hasta cien (100) unidades tributarias (U.T.) por cada trabajador o trabajadora expuesto a condiciones laborales que atenten contra su integridad física, la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Considerando que muchas empresas se encuentran en mora, en cuanto a minimizar y controlar las condiciones inseguras e insalubres y optimizar las condiciones de seguridad y salud laboral, el ingreso al fisco nacional por multas sería cuantioso, diríamos que equiparable a los ingresos por concepto de los distintos impuestos que recauda el SENIAT.
Otro aspecto que se vería potenciado, con la supervisión y fiscalización a profundidad de las condiciones de seguridad y salud laboral, es la mejora en la salud de los trabajadores y trabajadoras debido a que habría un mayor control de los riesgos a la salud derivados de los procesos peligrosos surgidos a raíz de los procesos de trabajo llevados a cabo en las empresas. Esto minimizaría los gastos en medicamentos y tratamientos médicos y aumentaría la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.
Sumado a lo anterior, y como resultado de la obligación de los empresarios de promover la seguridad, salud y ambientes adecuados de trabajo; así como lo relativo a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, surgirán nuevos puestos de trabajo al germinar empresas, posadas, centros clínicos dedicados a estas actividades laborales. A su vez, estas empresas contribuirán con el fisco mediante el pago de impuestos.
Al margen del factor económico que surgirá del control, por parte del Estado, de las condiciones de seguridad y salud laboral en que funcionan las empresas, esto es un deuda social que se tiene con el derecho de todos los venezolanos de gozar de una seguridad social, tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
