Se repiten en el extranjero las opiniones de “intelectuales de izquierda” que llaman al respaldo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro, y que descalifican con argumentos absurdos a los sectores revolucionarios que desde las bases populares nos hemos deslindado del madurismo y reivindicamos el legado del Presidente Chávez y su proyecto de socialismo comunal.

Conocí hace como 8 años a Claudio Katz en el Centro Internacional Miranda. Creo que tiene una cercanía con el trotskismo argentino, aunque del mundo trotskista no conozco prácticamente nada. Desde los años 90 conozco sus obras referidas a la evolución del imperialismo y sobre la teoría de la dependencia. Creo que en este campo son relevantes sus aportes, sobre todo cuando expone el relativo desfase en que ha quedado la caracterización que Hilferding y Lenin elaboraron sobre el imperialismo hace cien años, y la necesidad de tomar en cuenta los desarrollos del imperialismo posteriores a la segunda guerra hasta llegar al contexto actual.

Pero en la caracterización del gobierno de Maduro, Claudio Katz naufraga completamente, partiendo de supuestos más o menos arbitrarios que a la distancia suenan como lógicos y coherentes para el pensamiento marxista-izquierdista latinoamericano.

El gobierno de Nicolás Maduro está en el poder desde diciembre de 2012, cuatro años y medio que son bastante tiempo para concluir que su desempeño tiene una importante responsabilidad en la crisis actual que atraviesa el país. Venezuela vive simultáneamente una profunda crisis económica y una no menos profunda crisis política que en cierta forma ha surgido como resultado de la primera.

La pérdida de respaldo popular hacia el gobierno de Maduro, ejemplificado claramente en la derrota electoral legislativa de diciembre de 2015, ha surgido de los profundos errores económicos de su desempeño como gobernante. Si bien es cierto que algunos de los componentes de la crisis económica se originaron en el mismo gobierno de Hugo Chávez, desde abril de 2013 una serie de individualidades y organizaciones de izquierda como Marea Socialista le formulamos a Maduro observaciones y propuestas de rectificación en el campo económico y otras áreas como lo político, social, ambiental, educativo, salud.

Desde el Seminario de Patria Socialista celebrado en abril de 2013, en el cual 80 ponentes de todo el país expusimos diagnósticos y propuestas para el gobierno de Maduro (https://www.aporrea.org/civico-militar/n227425.html), se han realizado múltiples documentos de análisis y medidas de rectificación enmarcadas en el famoso “Golpe de Timón” que exigió Chávez en su último consejo de ministros, el 20 de octubre de 2012. Todas estas propuestas han sido olímpicamente ignoradas, despreciadas y hasta descalificadas por Nicolás Maduro y el resto de su equipo gobernante.

El análisis de esa errónea política de Maduro se puede encontrar en muchos documentos publicados en la misma página de Aporrea, y no nos extendemos aquí en ese análisis. Resaltamos solamente el resultado desastroso de esa política, medido en el derrumbe del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores venezolanos casi diez veces con relación al 2011, situación que ha generado un empobrecimiento general de las clases populares y en el polo opuesto ha generado que el capital reciba ganancias exponenciales en el proceso de explotación de trabajo asalariado. A pesar de las medidas compensatorias que Maduro denomina “misiones socialistas”, el nivel de vida de los trabajadores y sus familias ha retrocedido a niveles previos a la llegada a Chávez al poder en febrero de 1999, y algunos datos insinúan que el retroceso del valor del salario alcanza a los tiempos de la segunda guerra mundial e incluso al período de la dictadura de Juan Vicente Gómez.

Esta caída del salario real es lo que explica el derrumbe del apoyo popular hacia Maduro y originó la derrota electoral de 2015. Hoy en junio de 2017 Venezuela tiene un salario mínimo que ocupa los últimos lugares en Latinoamérica y que es superado varias veces por el de países como Argentina, Ecuador, Colombia. Es por ello que los profesionales venezolanos emigran a otros países de América Latina pues el salario mínimo de los trabajadores en cualquier país es superior al salario de los profesionales universitarios en Venezuela.  

En el marco de su política económica, Maduro ha insistido en mantener una política cambiaria absurda que ha permitido darle continuidad a un desfalco impresionante de las divisas nacionales, que suman entre los últimos años de Chávez y los de Maduro la bicoca de 500 mil millones de dólares. Suma mil millonaria que ha sido desfalcada por la propia burocracia madurista en connivencia con nuevos y viejos burgueses, criollos y extranjeros.

Desde el mismo 2013, Maduro inició un proceso de negociación sostenido con el gobierno de Obama (recordemos la famosa reunión Jaua-Kerry de diciembre de 2013), que luego se mantuvo hasta con un enviado especial, Thomas Shannon, que se reunió numerosas veces con Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y el propio Nicolás Maduro, abordando un temario y llegando a acuerdos que hasta hoy se mantienen en el más absoluto secreto.

Derivado de esas muy buenas relaciones con el gobierno de Obama, Maduro aprovechó poderes habilitantes otorgados por la Asamblea Nacional para aprobar de manera exprés nada más y nada menos que ochenta leyes habilitantes, probablemente redactadas por las mismas multinacionales, que han sentado las bases para el desarrollo de zonas económicas especiales que faciliten la instalación de industrias maquiladoras, que representan los más altos niveles de explotación del trabajo en todo el mundo y que constituyen el epicentro del programa neoliberal aplicado desde hace 40 años en Latinoamérica y el resto de países de la periferia capitalista.

En consonancia con lo anterior, Maduro realizó los contratos secretos con la Gold Reserve y otras compañías mineras para la explotación del denominado Arco Minero del Orinoco, un territorio que equivale al 12 % del territorio nacional y que es rico en oro, diamantes, coltán, torio y otros minerales altamente cotizados por la industria capitalista. Hay que recordar que Hugo Chávez expulsó a la Gold Reserve de Venezuela, compañía que luego nos demandó ante el CIADI. Maduro no solamente ha traído de vuelta a esta empresa, sino que ha comenzado a pagar la demanda de centenares de millones de dólares.

También ha traído Maduro a la compañía Barrick Gold, empresa repudiada en Argentina por la contaminación con cianuro, descalificada igualmente en Dominicana y acusada de genocidio en Tanzania, empresa que es dirigida por quien fue un alto funcionario del Departamento de Estado en tiempos de Bush, Manuel Rocha, ex-embajador gringo en Bolivia, miembro del equipo ultraderechista que encabezan Roger Noriega y Otto Reich y que constituyen un centro de conspiración permanente desde el imperio contra la revolución bolivariana y contra todos los procesos de cambio en Nuestra América. Ese Manuel Rocha estuvo en Miraflores en agosto pasado estrechándole la mano a Maduro en la firma de los contratos del Arco Minero.

No conforme con entregarles el país a las más aborrecidas multinacionales mineras del imperialismo occidental, Maduro ha iniciado un abierto financiamiento hacia la rancia burguesía tradicional venezolana. Luego de cuatro años acusando a esa misma burguesía de ser la responsable de la guerra económica que habría hundido al aparato productivo nacional, ahora Maduro ha entregado personalmente gruesos cheques en dólares a empresas como Vollmer, al cual incluso le dio la palabra en vivo y directo a todo el país. Ha contratado con el grupo Cisneros para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco. Luego de acusar mil veces a Lorenzo Mendoza como supuesto jefe de la guerra económica, ahora tiene meses anunciando un acercamiento hacia el mismo Mendoza para “retomar la recuperación productiva” del país.

Maduro ha desarrollado una política económica en cuatro años que ha desdibujado completamente el rumbo socialista que delineó y comenzó a adelantar Hugo Chávez mientras fue presidente. Negocia de manera abierta y pública con el imperialismo estadounidense y con las multinacionales mineras y petroleras, y negocia también con la burguesía tradicional que hasta hace pocos meses estaba caracterizada por el mismo Maduro como el “enemigo de clase” causante de todo el sabotaje económico de escasez, especulación y contrabando.

El control obrero de la producción, los consejos de trabajadores, la autonomía de los sindicatos, aspectos que en los últimos años Chávez llegó a reivindicar y defender como programa de gobierno, han desaparecido completamente del accionar madurista. El proyecto de ley de consejos obreros no pasó de la primera reunión en agosto de 2013 antes de morir engavetado por el que posteriormente fue ministro del trabajo, diputado Oswaldo Vera.  La gestión económica de Maduro no trasciende a lo que en otro momento histórico desarrollaron los adecos y copeyanos al frente de un capitalismo de estado que tiene más de sesenta años de consolidación en Venezuela. Incluso en el caso particular de los contratos del Arco Minero, el gobierno de Maduro realiza una entrega del país a las multinacionales equivalente a la que realizara el dictador Juan Vicente Gómez hace un siglo (al respecto se pueden consultar múltiples documentos publicados en aporrea, entre ellos los de Edgardo Lander: https://www.aporrea.org/contraloria/n295625.html, https://www.aporrea.org/contraloria/a232524.html).

Esta política económica de abierta integración con las multinacionales occidentales (aunque al mismo tiempo desarrolle iniciativas con multinacionales rusas, chinas, iraníes, etc) y con la burguesía criolla, son una abierta contradicción con el Plan de la Patria formulado por Hugo Chávez. Este capitalismo es enemigo a muerte de la revolución bolivariana, y su fortalecimiento dentro de Venezuela es evidente que actuará como factor político desestabilizador y conspirador para terminar de hundir toda expresión de revolución popular y poder de los trabajadores.

Partimos de reconocer en todos sus puntos la caracterización que toda la izquierda marxista e incluso sectores progresistas y nacionalistas de Nuestra América comparten con respecto al imperialismo estadounidense, su papel histórico como explotadores y depredadores de nuestras riquezas expoliando el trabajo de los latinoamericanos, su intervencionismo permanente en lo político, económico, cultural y militar, y sobre la valoración como el enemigo principal de los pueblos del mundo en el contexto de sus planes guerreristas desatados desde el 2001 y que han generado invasiones y guerras civiles en Asia, África y el Medio Oriente, amén del derrocamiento de gobiernos progresistas en Latinoamérica como los de Honduras, Paraguay y Brasil.

Precisamente esa caracterización del gobierno de los Estados Unidos, la cual en el discurso es repetida todos los días por el mismo Maduro, no tiene ningún tipo de acompañamiento con la gestión económica concreta que el madurismo ha ejecutado en casi un lustro en el poder. Se nos pasaba decir el pago puntual de la deuda externa que ha realizado Maduro en los últimos años; sesenta mil millones de dólares según sus propias palabras, pagados en los últimos dos años, dólares que se necesitan para pagar las importaciones de alimentos y medicinas que tanta falta le hacen al pueblo venezolano.

Maduro se ha negado reiteradamente a rectificar su política económica. Ha mantenido el núcleo de la especulación financiera que ha derrumbado el valor del bolívar y generado la altísima inflación, expresada en los tipos de cambio que atentan contra la más elemental racionalidad, que los justifica en la supuesta defensa de los niveles de vida del pueblo cuando sus resultados han sido precisamente lo contrario y en niveles siderales. Un tipo de cambio a 10 bolívares por dólar, y otro a 2600 parece un chiste en cualquier país, sin dejar de mencionar que el tipo de cambio paralelo superó hoy los ocho mil bolívares. Los funcionarios maduristas y sus empresas afines hacen el negocio del siglo al conseguir dólares a 10, venderlos a 2600 en el Dicom o a 8000 en el mercado paralelo. Ese es el gran núcleo de la corrupción madurista, que envilece a todo el alto funcionariado del equipo económico de gobierno, y que sigue destruyendo a niveles del subsuelo el salario real de los trabajadores.

Hoy en Venezuela los trabajadores deben destinar todo su salario para mal alimentar a sus respectivas familias. La posibilidad de adquirir medicinas, vestidos, calzados, electrodomésticos, reparación y mantenimiento de vehículos, reparaciones menores en las viviendas, y ni hablar de recreación y deportes, están totalmente negadas para la gran mayoría de los trabajadores y sus familias. Para completar la alimentación familiar y para la consecución de cualquiera de los otros rubros de primera necesidad la población venezolana ha quedado dependiendo de las dádivas que reparte el gobierno  a través de las mal llamadas “misiones socialistas”. Para recibir algunas de esas dádivas se requiere el acercamiento político hacia algunos de los espacios de control social que mantiene el gobierno como los CLAPs, las tarjetas de la patria, etc. Otras dádivas como vehículos y electrodomésticos están reservadas sólo para los militares y funcionarios de mediano y alto rango en la administración pública.

Sin exagerar, en poco tiempo los trabajadores y nuestras familias estaremos vistiéndonos con harapos y andaremos descalzos, pues sólo quién vive cómodamente en el extranjero no se da cuenta del pronunciado descenso de las condiciones de vida que hemos tenido en Venezuela desde que Chávez se murió.

No conforme con esto, Maduro ha involucionado políticamente a una total y absoluta restricción de todos los mecanismos de democracia obrera y democracia formal contemplados constitucionalmente. Todas las elecciones sindicales en las cuales las fuerzas maduristas pueden ser derrotadas han sido suspendidas con medidas abiertamente violatorias del ordenamiento jurídico vigente. Para mencionar sólo dos ejemplos principales: la suspensión de las elecciones en enero de 2015 en el importante sindicato siderúrgico de SUTISS, emblemático de las luchas obreras de los últimos cincuenta años, y que ante la posibilidad de salir derrotados ante una plancha de izquierda influida por Marea Socialista, fueron suspendidas indefinidamente las elecciones y hasta el presente no se han podido realizar, siendo sus trabajadores fuertemente golpeados por bandas armadas gubernamentales cuando han tratado de reclamar esa situación. También la federación petrolera FUTPV suspendió indefinidamente sus elecciones previstas para el año 2016, luego de varias suspensiones parciales con argumentos fútiles; ante el peligro real de salir derrotados ante fuerzas que formalmente se siguen considerando de izquierda (CCURA) aunque han estado en oposición desde hace una década, la burocracia madurista optó por no realizarlas “por ahora”.

Igual ocurre en todas las universidades autónomas, el TSJ suspendió desde hace años las elecciones mientras extiende al infinito el lapso de gestión de rectores y decanos derechistas. La democracia universitaria ha desaparecido por esa componenda PSUV-MUD, y los actuales rectores ya sobrepasaron algunos su tercer período consecutivo, sin atisbos de que el gobierno y la derecha se dispongan a resolver este gravísimo problema que tiene a las universidades venezolanas en un limbo jurídico. A lo que hay que agregar que nuevas universidades como la UBV, creada por Chávez como la consentida de la revolución, en más de 14 años de existencia aún no realiza ninguna elección interna de autoridades.

El discurso entre la alta burocracia, desde mediados del 2016, es que no se realizarían en Venezuela más elecciones mientras existiera “guerra económica”. Tamaño argumento significa en pocas palabras la confiscación absoluta de la democracia y la imposición por la fuerza del estado del grupo madurista. Guerra económica siempre va a existir por parte de la burguesía criolla y extranjera. Así que entonces nunca se podrán realizar ningún tipo de eventos electorales en el marco del proceso bolivariano.

En consonancia con esto, ni siquiera fueron convocadas las elecciones de gobernadores y legisladores regionales previstas constitucionalmente para diciembre de 2016. Para salir del paso, la presidenta del CNE convocó a fines del año pasado dichas elecciones para el primer semestre del 2017, falsa convocatoria que ahora han extendido para diciembre del presente año.

Finalmente, la celebración del referéndum revocatorio solicitado por la oposición de derecha en 2016 fue suspendida de forma descaradamente violatoria del orden jurídico, cuando el CNE acató unas sentencias absurdas de tribunales penales municipales sin competencia alguna para el tema electoral y cuyas decisiones no tienen ningún tipo de jerarquía sobre el Consejo Nacional Electoral.

El socialismo lo concebimos como la más alta expresión de la democracia, como una sociedad en la cual el pueblo se organiza libremente y participa democráticamente en la gestión del estado. Así lo pensó Chávez cuando introdujo el concepto de democracia participativa y protagónica consagrado en el preámbulo de nuestra Constitución Bolivariana. Pero el gobierno de Maduro se ha caracterizado como un confiscador permanente de todos los espacios de participación popular.

Todos los congresos realizados desde el 2014, comenzando por el del PSUV, los congresos sectoriales (de trabajadores, de jóvenes, de mujeres, etc) y los llamados congresos de la patria en 2016, fueron ejecutados como simples eventos para sentarse y aplaudir. Sus conclusiones no han tenido aplicabilidad en ninguna parte y las observaciones críticas de la militancia a la gestión gubernamental no han trascendido esos mismos espacios de falso debate.

En los hechos el núcleo dirigente del PSUV ha ido estrechándose en número desde que Chávez falleció. Todos los que no integraban alguna de las mafias de burócratas que dominan las distintas instancias del estado fueron los primeros expulsados entre 2013 y 2014 (muchos exministros que ahora integran junto a Marea Socialista la Plataforma en Defensa de la Constitución). Luego comenzaron a botar a los líderes de grupos de burócratas con los cuales Maduro tenía diferencias, como ocurrió con Rafael Ramírez y Rodríguez Torres. Últimamente han expulsado a algunos gobernadores no muy afines, como Luis Acuña, obligado a renunciar a la gobernación de Sucre. Algo similar intentó Maduro de ejecutar contra otros gobernadores no afines, como Arias, pero la guarimba de 2014 le echó los planes a perder y ha tenido que calárselo hasta el presente. Según ellos mismos indican, la instalación de la Constituyente le servirá a Maduro para terminar de aniquilar a todas las fracciones del PSUV que sobrevivían en tiempos de Chávez, incluyendo a una serie de gobernadores regionales que provienen de la fuerza armada y que han desarrollado su propia mafia gobernante y sus propios vínculos con la burguesía criolla y extranjera. Esa razzia o purga interna la van a realizar a nombre de la “lucha contra la corrupción”, que no pasa de ser una simple excusa porque corrupción la tiene Maduro por igual entre sus colaboradores más cercanos, como el mismo Tarek El Aissami, a cuyo mentor Samark López le bloquearon cuentas en USA por tres mil millones de dólares.

Finalmente, el análisis del gobierno de Maduro tiene que aterrizar en el llamado a Constituyente. El Madurismo se dio cuenta desde diciembre de 2015 que estaba derrotado políticamente y que no podía ganar ninguna otra elección en Venezuela. No obstante, en vez de rectificar su política económica, que implicaba combatir de verdad a las decenas de corruptos que forman parte de su equipo del alto gobierno, Maduro y el resto de la cúpula pesuvista optaron por mantenerse en el poder “como sea”, así tuvieran que violentar de manera descarada la propia Constitución Bolivariana. Para ello intentaron en el mes de marzo las sentencias del TSJ que buscaban concentrar todo el poder legislativo en el propio tribunal supremo y en la presidencia de la República, anulando la Asamblea Nacional y asumiendo sus funciones. Al no poder avanzar por ese camino, Maduro convoca en mayo a la constituyente, como instrumento que le puede permitir reordenar todo el aparato del estado venezolano y asumir un control total de todas las instituciones existentes o por crear.

Vale la pena exponer aquí nuestra caracterización de la oposición de derecha, organizada hoy en la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Todos los partidos de esta organización constituyen referencias políticas de derecha, vinculadas a diversos organismos de la burguesía estadounidense y sus países aliados (socialdemócratas, socialcristianos, ultraconservadores, etc). En términos políticos representan a las mismas fuerzas adecas y copeyanas que fueron desplazadas por Chávez al ganar las elecciones en 1998. A diferencia del 2014, cuando esta derecha se mostró dividida y sólo una parte de ella fue la promovente de las protestas denominadas Guarimba (protestas que analizamos en un artículo publicado en la revista científica de la UBV, https://www.aporrea.org/ddhh/a243976.html),  hoy la MUD se muestra unida en las protestas que viene promoviendo en todo el país desde el pasado mes de abril.

En el contexto de la profunda crisis económica que afecta al pueblo venezolano, con niveles altísimos de inflación y desabastecimiento, las protestas que impulsa la MUD han encontrado un escenario totalmente favorable para desarrollarse. Es por ello la considerable movilización que han logrado sobre todo en Caracas y en algunas otras ciudades importantes. Con el paso de las semanas, estas protestas se han ido extendiendo a todo el país, y no solamente a las grandes ciudades, sino que se manifiestan también en pequeños poblados y zonas vinculadas al agro.

Estos partidos de la MUD aparte de estar financiados desde el exterior, y responder a programas políticos pronorteamericanos, mantienen un discurso clasista y racista que les ha impedido mayores respaldos en sectores populares, conservando grandes apoyos en la clase media y profesional, aunque en los últimos meses han tenido mejor aceptación entre sectores de trabajadores y barrios populares. En los hechos, las protestas en Caracas, que al comienzo se concentraban en el este dominado por las clases medias, se manifiestan ahora también en los barrios populares del oeste.

La hegemonía política alcanzada por la derecha en Venezuela es consecuencia directa de la equivocada política de Nicolás Maduro. En cierta forma, también es consecuencia de la inexistencia de fuerzas organizadas a la izquierda del madurismo, aunque es bueno resaltar que el mismo Maduro ha hecho todo lo posible para perseguir cualquier atisbo de oposición de izquierda; un ejemplo lo vemos en la negativa a permitir la legalización como partido de Marea Socialista, unido a una feroz persecución política, laboral y policial contra sus militantes y simpatizantes, los cuales han sido botados de todas las instituciones de la administración pública que controla el madurismo.

La MUD, al igual que el imperialismo gringo, busca la salida del poder de Maduro por cualquier vía, legal o ilegal, pacífica o violenta. De eso no tenemos la menor duda. La actual campaña de protestas de calle, que es la más prolongada y violenta que se haya desarrollado en todo el período de la revolución bolivariana, se tropieza con las confusas y cambiantes definiciones y objetivos de sus dirigentes. Después de prometer la salida de Maduro en seis meses en enero del año pasado, tardaron varios meses en unificar la propuesta de solicitud de revocatorio. Al ser descartado el revocatorio por el CNE, en vez de solicitar la realización de elecciones de gobernadores optaron por decidir lo del “abandono del cargo”, propuesta bastante descabellada, y luego por pedir elecciones generales adelantadas (no contempladas constitucionalmente).

Tal es la pérdida de rumbo político de la MUD, que han terminado asumiendo las propuestas de la Fiscal General contra las decisiones del TSJ y contra la convocatoria a constituyente, asumiendo también lo que venimos haciendo desde el año pasado como Plataforma de Defensa de la Constitución. Sin proponernos eso, los de la MUD han terminado coincidiendo parcialmente con nuestras consignas. Aunque las mismas tengan un claro perfil democrático, popular y revolucionario. La democracia ejecutada al servicio del pueblo es lo más revolucionario que puede existir, y en esa dirección es que venimos actuando al cuestionar por la izquierda al gobierno de Nicolás Maduro.

Que una derecha sin programa y sin estrategia termine repitiendo algunas de las cosas que nosotros decimos no nos preocupa. Lo de sin programa es relativo. Sucede que el programa neoliberal de la derecha lo viene ejecutando Maduro por la calle del medio desde hace años. Ellos no pueden decir públicamente que comparten lo que viene haciendo Maduro: liberación de precios, ausencia de controles inflacionarios, apertura al capitalismo minero depredador, etc.

En la contención de esta derecha pitiyanqui Maduro siempre ha tenido mano de seda. Lorenzo Mendoza ha sido acusado mil veces de ser el principal saboteador de nuestro aparato productivo y responsable directo del hambre del pueblo venezolano. No obstante, ninguna empresa de Mendoza ha sido expropiada, el mismo Mendoza no ha sido sometido a procedimiento jurídico alguno ni siquiera porque se coma un semáforo, en 2014 se le permitió hablar incluso en cadena nacional desde Miraflores, y últimamente Maduro le ha vuelto a extender invitaciones para “dialogar” y aprobar proyectos productivos conjuntos.

Contrastando con esa falta de represión y medidas de fuerza contra los representantes fundamentales del poder burgués, Maduro ha optado siempre por la represión masiva contra el pueblo que protesta. La criminalización de todas las luchas populares se realiza bajo el formato de descalificarlas por su real o presunta vinculación con los dirigentes de la MUD. En esta represión masiva Maduro ha resucitado el criminal expediente de los juicios militares contra civiles, procedimiento preferido de la democracia adeca para combatir a los revolucionarios en las décadas de 1960, 70 y 80. Hoy día son centenares los civiles sometidos a juicios militares, así como son centenares los detenidos y heridos en la represión contra las miles de manifestaciones que se vienen presentando desde hace tres meses. No son sólo activistas de la derecha los sometidos a juicios militares; activistas revolucionarios del Zulia, colaboradores del movimiento revolucionario colombiano, también han sido sometidos a juicio militar en el presente año 2017.

El nivel de descontento social, de desprestigio y rechazo que existe en el seno del pueblo contra el gobierno de Nicolás Maduro es tan alto que consideramos difícil que las protestas vayan a amainar en el futuro inmediato. Los ochenta y pico de muertos que tenemos para hoy 15 de junio de 2017, podrían aumentar a varios centenares de concretarse el llamado a constituyente.

La convocatoria a constituyente no significa otra cosa que el intento de una minoría política de mantenerse en el poder a toda costa, imponiendo un golpe de estado con apariencia constitucional, pero que en los hechos les puede permitir apoderarse con un férreo control de todas las instituciones del estado, suprimiendo de hecho todas las expresiones democráticas y todos los espacios de participación que no estén controlados por la cúpula madurista. Que esa minoría política se presente como la heredera del profundo proceso de transformaciones sociopolíticas que encabezó Hugo Chávez en Venezuela y en el resto del continente latinoamericano es una paradoja de la historia, pero no le confiere un cheque en blanco a esa elite corrupta y entreguista para perpetuarse al infinito en un poder que en nada le sirve a las luchas de los pueblos del mundo contra el capitalismo imperialista.

Claudio Katz, en su apoyo a Maduro, recuerda que los revolucionarios bolcheviques en la Rusia de 1917 confirmaron “que los actos de fuerza contra la reacción forman parte de la confrontación con la barbarie derechista”. Entendemos aquí que está justificando la violación abierta y descarada que Maduro hace del propio texto constitucional, pues lo concibe como un “acto de fuerza” justo y necesario para poder derrotar a la “barbarie” de la derecha. Pero el problema es que ni Maduro es revolucionario ni el PSUV se acerca en un mínimo porcentaje a lo que era el partido bolchevique hace un siglo. La práctica política del gobierno de Maduro no tiene ningún componente que se pueda asociar a un programa comunista o medianamente socialista. A menos que se considera como socialismo repartir dádivas de manera clientelar a los sectores populares más depauperados.

Ciertamente la derecha de la MUD “sólo pretende comicios que le aseguren primacía”. Pero eso nunca se puede interpretar como la necesaria supresión de todos los procedimientos democráticos. Si el gobierno de Maduro desarrollara un programa realmente socialista y revolucionario, el apoyo popular sería masivo y la derecha nunca tendría posibilidades de triunfos electorales. Perdió el apoyo popular por su programa económico neoliberal y su política estalinista (una mezcla rara, pero es la realidad).

Nuestra política no ignora al “enemigo principal” ni es de “pasiva neutralidad”. Nos hemos cansado de alertar que precisamente es la política de Maduro la que le está abriendo la puerta al imperialismo yanqui para que intervenga en Venezuela y termine de aplastar a la revolución bolivariana. Por una parte, ya dijimos que el crecimiento electoral de la derecha es responsabilidad total de Maduro y su política neoliberal. Pero no sólo eso, al violentar los procedimientos electorales previstos constitucionalmente, Maduro le pone en bandeja de plata la excusa perfecta al imperio para todo tipo de sanciones y de ataques desde instancias internacionales. Al intentar ejecutar una asamblea constituyente y crear un nuevo marco jurídico sin el apoyo de la mayoría de la población y sin el respaldo de otras fuerzas políticas distintas al PSUV, y estando objetivamente en minoría pírrica, sustentándose exclusivamente en el apoyo militar y en el control total sobre el TSJ y el CNE, Maduro está creando las condiciones para que se produzca un catastrófico baño de sangre entre venezolanos.

El llamado a Constituyente violenta lo consagrado en la propia constitución al establecer que la soberanía reside en el pueblo y es este pueblo el único que puede convocar a una asamblea constituyente. Maduro, el poder constituido, ha usurpado la soberanía del pueblo, y se ha arrogado la condición de supuesto poder constituyente, asumiendo facultades que nadie le ha dado para convocar la ANC. No contento con eso, ha impuesto las bases comiciales, que se expresan en dos sistemas electorales abiertamente fraudulentos, que colocan por una parte una elección territorial municipalizada que permite la sobrerepresentación de los municipios pequeños (dominados en su mayoría por el madurismo) y la subrepresentación de los grandes municipios (que concentran la mayoría absoluta de la población y en los cuales dominan tendencias opositoras). Un sistema electoral que puede permitir que una tendencia política con 20% de los votos obtenga el 60% de la representación, y viceversa. El otro sistema, votación por sectores, es tan confuso hasta hoy que implica en sí mismo un fraude mayor aún que el anterior, con el agregado que no toda la población está representada sectorialmente lo que implica que le están negando el derecho a voto a ese porcentaje no determinado de ciudadanos no distribuidos en los sectores que han previsto (lo que confirmado con una de mis hijas que no aparece asignada a ningún sector en la página del CNE). Y para remate, una asamblea constituyente plenipotenciaria y que no tiene fecha límite de duración, por lo cual podría durar varios años y convertirse en sí misma en la instancia de gobierno que le permita al Madurismo mantenerse en el poder por la próxima década (el prometido referéndum aprobatorio se realizaría en un futuro incierto).

Hemos propuesto desde el 2013 las medidas para el Golpe de Timón que hubieran permitido cerrarle el paso a la derecha y retomar el rumbo revolucionario. Maduro ha optado todo el tiempo por la profundización del modelo neoliberal y por la ejecución de una política estalinista que ha destruido la unidad interna del chavismo y aísla cada día más a la cúpula gobernante. Es esta la realidad venezolana en la cual una serie de intelectuales extranjeros totalmente desinformados vienen insistiendo en el respaldo incondicional a la equivocada política madurista.

Nosotros decimos que el camino que sigue Maduro conduce necesariamente a una profundización de la represión contra el pueblo que justificadamente protesta por la destrucción total de sus condiciones de vida. Que la hegemonía que la derecha de la MUD mantiene sobre buena parte de esas protestas populares no son razón para que se respalde a Maduro en sus medidas represivas y menos en su violación abierta del texto constitucional al convocar la ANC. Que dado el tiempo que ha pasado sin que se produzca ningún tipo de rectificación en el grupo madurista, lo que queda es promover su desplazamiento del poder por vías pacíficas, democráticas y constitucionales, buscando al mismo tiempo la manera de impedir que la derecha tradicional recupere espacios de poder en el país. De todos modos, el mismo grupo Madurista se constituye como una nueva burguesía que asume las funciones de explotación de la renta petrolera y de control social que antes cumplieron los adecos y copeyanos, y que antes que ellos cumplieron las dictaduras de Juan Vicente Gómez y de Marcos Pérez Jiménez. La eventual caída de Maduro no es la caída de un proceso revolucionario que bajo su conducción perdió todo perfil político y traicionó abiertamente el legado de Chávez. Maduro avanza hacia la destrucción final de uno de los logros fundamentales de ese legado, la Constitución de 1999. La instalación de la constituyente tal como la concibe Maduro ejemplificará históricamente esa traición de Maduro hacia quien lo propuso como sucesor, de la misma manera en que Páez traicionara a Bolívar, Guzmán Blanco a Zamora, Gómez a Cipriano Castro, Pérez Jiménez a Gallegos. Nuestra historia está llena de traidores pero también de revoluciones.

Ese baño de sangre que se avizora en cuestión de semanas, sólo podrá ser impedido mediante la acción revolucionaria del pueblo chavista. La vocación de lucha y las esperanzas de transformación que mantiene el pueblo trabajador deben manifestarse con urgencia para impedir que una nueva traición histórica sea consumada. Del baño de sangre que se anuncia sólo saldrá o el regreso al poder de unas élites caducas que nada tienen que ofrecer, o la consolidación de una elite neoadeca que tampoco tendrá por delante ningún futuro para Venezuela.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 15 de junio de 2017