Los gobiernos requieren crítica, necesitan ojos que cuestionen, que pregunten, que se opongan. Solo en el debate las ideas crecen y es posible enriquecerlas. La oposición debe ser capaz de concertar y presentar ante el pueblo una propuesta de programa que exprese la lucidez en su interpretación de la historia nacional, y que sea de verdad una lectura, una visión y una acción alternativa frente a la del oficialismo.
En política no solo son importantes las acciones, sino que también es fundamental el discurso desde el cual se legitiman las acciones. Un buen discurso legitimador de acciones genera mística para atrapar emocionalmente a los potenciales votantes, y permite superar contradicciones manifiestas en la construcción política.
Es decir, una oposición que ayude a construir los grandes acuerdos, una oposición parlamentaria fuerte y vigorosa que garantice no solo el derecho al disenso de las minorías, sino que se constituya en un verdadero poder institucionalizado.
La oposición tiene funciones de controlar la acción gubernamental, como uno de sus fines primordiales, pero, se dedica a crear conflictos en el área política con la ayuda y asesoramiento de funcionarios institucionales que ejercen funciones de control y supervisión detallada del ejecutivo que contribuya a la consolidación y fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
Venezuela, debe reajustar el funcionamiento de la Asamblea a las nuevas realidades. Esto supone un Poder Legislativo fuerte, vigoroso, fuera de la órbita presidencial, que sea capaz de ejercer por la vía del control parlamentario y de sus instrumentos, un verdadero contrapeso al Ejecutivo.
Pero, debemos entender los principios de argumentación del bolivarianismo, no es socialismo, menos comunismo y algunos presidentes tienden a perpetuarse en el poder y agotan la alternabilidad democrática, como principio fundamental de la democracia.
Por lo tanto, los mecanismos de control político deben estar en manos de las minorías parlamentarias, independientemente de que puedan o no ser gobierno, pero que a través de sus distintas posturas, puedan constituir oposición en la Asamblea al Gobierno de turno.
Cabe destacar que los legisladores discuten, deciden, convocan, pero muchas veces no resuelven, y es precisamente aquí donde el uso del control político se desvirtúa, porque algunos creen que oposición política significa ser promotor de marchas, huelgas y diatribas, guarimbas, sacar presos políticos que han motivado a la muerte de ciudadanos y ser quemados vivos, sin darse cuenta de que desaprovechan los espacios convenientes de colaboración para colocar en la mesa los intereses del país.
Uno de los grandes retos que enfrenta La Asamblea Nacional venezolana es el de consolidar una oposición corresponsable, que contribuya a que el poder legislativo se convierta en un órgano que colabore, fiscalice y sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo
Tal y como lo señala Norberto Bobbio en su libro "El Futuro de la Democracia" las actuales democracias enfrentan adversidades que tambalean o, al menos ponen en entredicho, sus principios fundantes, entre las que destaca la sujeción de la colectividad y el interés general a los grupos organizados de interés particulares; la cada vez más sólida presencia de estructuras paralelas y opuestas a la institucionalidad formal; la preeminencia de lo técnico sobre lo político (muy acorde con el discurso antipolítico dominante) y la incapacidad de las autoridades de gobierno para procesar en forma efectiva y satisfactoria, el conjunto de las demandas sociales existentes y potenciales, con la consecuente pérdida de legitimidad del sistema en la percepción social
Detrás de esta ingobernabilidad del sistema democrático emerge el problema de la representación política que es expresión de una crisis de mayor envergadura: la crisis de la organización social en su conjunto, incapaz aún de aprehender las nuevas complejidades y dinámicas surgidas con el desarrollo intensivo de novedosas expresiones tecnológicas y formas de interacción social de ellas derivadas.
Detrás de esta ingobernabilidad del sistema democrático emerge el problema de la representación política que es expresión de una crisis de mayor envergadura: la crisis de la organización social en su conjunto, incapaz aún de aprehender las nuevas complejidades y dinámicas surgidas con el desarrollo intensivo de novedosas expresiones tecnológicas y formas de interacción social de ellas derivadas.
Las tazas de abstención en nuestros electores son alarmantes y el total del padrón electoral no se desarrolla y habilita en forma conjunta, en consecuencia, nuestro sistema electoral direccionado por el Consejo Nacional Electoral- CNE- debe ser reformulado en conjunto con la Asamblea Nacional por un cuerpo colegiado que dignifique los postulados de la República Bolivariana de Venezuela
A su vez, distintas encuestas y estudios de opinión reflejan que los partidos políticos son las instituciones políticas con el mayor descenso en opiniones favorables y aceptación de la población. Hoy los "sin partido" superan en forma amplia a los que señalan adherencia partidista.
La Asamblea Legislativa y el Régimen Municipal no gozan de la confianza de la ciudadanía, convirtiéndose en focos permanentes de crítica y sanción social
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Ante ese panorama negativo enfrentado por las entidades del sistema político, ha surgido en el ambiente nacional, una tendencia caracterizada por promover modelos de organización política que descansen en formas institucionales alternativas o sustitutivas de aquellas, cuya lógica se sustenta en la búsqueda de un esquema de democracia participativa, con amplio protagonismo de la denominada "sociedad civil".
Aunado a ello, grupos de distinta naturaleza y afiliación, se han aglutinado en torno a la defensa de intereses específicos y concretos, autoerigiéndose para ello, como voceros auténticos de la sociedad. Bajo este contexto, resulta esencial para el futuro del modelo democrático venezolano, analizar las implicaciones, riesgos y eventuales escenarios surgidos como consecuencia de la reproducción de la tendencia observada.
Hoy la democracia, como forma de organización política de la sociedad, enfrenta varios y muy serios desafíos. Un asunto que jamás Michelt Bachelet va a solucionar, porque abiertamente no le interesa por su representatividad pública y sus intereses personales.
El mundo globalizado comporta una serie de problemas y retos de gran magnitud, cuya resolución integral escapa del accionar específico de la actividad política. Por ejemplo, en gran medida, las más relevantes decisiones en el plano económico y social que afectan a la sociedad en su conjunto, se adoptan en los despachos de los responsables de las grandes transnacionales y no en las oficinas de los líderes políticos de los distintos países del orbe.
Lo anterior se contrapone a una creciente demanda de la sociedad al sistema político, de dar solución a sus más apremiantes problemas cotidianos: acceso fijo y digno a fuentes de ingresos económicos; vivienda; salud; educación; seguridad social y física, entre otros.
Se abre entonces la puerta a una contradicción difícil de superar: cada día hay más presión sobre el marco institucional de la política para que dé respuesta a los requerimientos de la sociedad y paralelo a ello, los márgenes de acción de este, se van reduciendo y limitando ante el proceso de globalización que caracteriza la actual época de la historia humana. Aunado a la deslegitimación del sistema, que tal contradicción coadyuva a provocar, las propias instituciones políticas parecen no advertir la complejidad del entorno y se dedican a reproducir una dinámica interna que parece no estar en sintonía con los signos de los tiempos.
Así, uno de los principales actores del sistema, los partidos políticos, centran sus principales esfuerzos y energía en temas electorales (renovación de sus cuadros dirigentes y escogencia de sus candidatos (as) a puestos de elección popular), en lugar de construir vasos comunicantes con los actores sociales y económicos, que les permita articular y agregar intereses en forma ordenada y coherente, de manera que expresen en forma efectiva el sentir de estos y puedan cumplir su rol de intermediación entre la sociedad y el poder político público, contribuyendo con ello a la institucionalización del conflicto social y a la concreción de mayores espacios de gobernabilidad.
Ante un escenario caracterizado entonces, por la imposibilidad del espacio político institucional de procesar satisfactoriamente la totalidad de demandas presentadas por la sociedad y por el "ensimismamiento político" en el que desarrollan su accionar muchas de sus principales instituciones, la sociedad civil ha comenzado a abrir un espacio en el espectro político, buscando dar respuesta a sus reivindicaciones y necesidades históricamente postergadas.
En este marco, la presencia de la sociedad civil, entendida esta como una esfera organizada de la vida social, en la que los actores colectivos expresan, dentro de un marco legal, intereses y valores y efectúan demandas al poder político público, no solamente es positiva sino necesaria para el sistema político democrático, en el tanto puede contribuir a la intensificación y democratización del espacio público.
Como señala Grzobowski en su artículo "Democracia, Sociedad civil y política en América Latina: notas para un debate: "el fortalecimiento de la sociedad civil, conlleva a una ampliación radical del ámbito de la política y de su acercamiento a lo cotidiano, y al lugar donde vive la gente"
A pesar del aporte que la sociedad civil puede dar al sistema político, la ausencia de mecanismos de comunicación y coordinación entre esta y los partidos políticos, puede debilitar o trastocar la naturaleza y valor de esa contribución Así, en nombre de una democracia participativa químicamente pura, se puede propiciar una descalificación del carácter democrático de la institución de la representación política, fundamento central de la democracia sustentada en los partidos políticos y favorecer con ello, formas de gobierno de corte populista y/o autoritario, de lo que algunos países de América Latina son testigos vivenciales en la actual coyuntura.
Ante ello, la solución pasa por establecer la necesaria y sana relación que debe existir entre las instituciones de la democracia representativa, especialmente los partidos políticos, y la sociedad autoorganizada. De ello deviene el que cada una, en su espacio, en forma coordinada aporte su esfuerzo al sostenimiento del sistema democrático.
