La legislación laboral debe abrirse de nuevo para favorecer al trabajador responsable que vela por su familia y entorno en que este se desenvuelve. Esta nueva ley debe privar a un mayor respeto hacia los Derechos Humanos y no pactar una continuidad de trabajo cuando se pone en peligro la existencia del laborante, a riesgo de su propia vida, teniendo en cuenta un marco referencial, su propio salario.

Hay que fortalecer los mecanismos de negociación y saber manejar los instrumentos de negociación para tener capacidad de producción y obviar decisiones totalmente debilitadas u obturada por la gravedad de la situación actual que no fue atendida por los organismos internacionales y locales. ¿Quién previene de que esto no suceda? ¿Por qué la autoridad no usa los recursos legales que sí tiene (tanto en la legislación venezolana como en los instrumentos de derechos humanos) para dictar normas y medidas que sí permitan fortalecer el marco de la negociación y dé certidumbre a las partes de lo que pueden buscar? . Es decir, todavía tenemos todo incluso.

Los esquemas de negociación colectiva en el país están en inercia desde años atrás y, esto, ha traído desenlaces negativos en el intercambio mercantil, dando origen a una perversa pérdida de empleo y sirverguenzura de arropamiento a personas que se han dedicado desde hace cinco años atrás a delinquir mediante la venta de productos alimenticios sin ningún tipo de control, cuyos orígenes están en el seno de los ayuntamientos que no facilitan la fiscalización y cuyas dependencias internas están planadas de un personal no necesario y, que se debe al burocratismo. Y, constituyen los factores que promueven el anarquismo comercial, fomentando el mercado negro y a cuyos supervisores y personal de vigilancia les queda un aval de un treinta, 30 %, por ciento.

El gran asunto es que como calificar el futuro en los sindicatos, cuna de las malversaciones y criterios éticos y morales del país. Como implementar un proceso de fortaleza con un conjunto de sindicalistas que no quieren laborar, bajo la excusa de un amparo y un criterio malsano.

Sin embargo, la reforma no ha probado todavía ser capaz de superar las inercias que años de decisiones cupulares en los sindicatos, sin asamblea y sin participación directa y libre de las y los trabajadores, han dejado en el esquema de negociación colectiva del país. Y esto era todavía en situaciones normales.

La pandemia viene a hacer todavía más complicado el escenario. Cuando la autoridad laboral llama a la negociación no se puede suponer que se van a realizar las asambleas necesarias, es decir, la reunión de las y los trabajadores en sus centros de trabajo, con representantes libremente elegidos para elevar la discusión a nivel de la empresa (en el caso de empresas con varias filiales) y del sector de la industria.

Necesitamos un ejercicio democrático y de verdadera acción gurnamental.

Sin el arbitraje de la autoridad laboral, se vuelve una tarea prácticamente imposible incluso para un sindicato democrático y bien articulado. ¿Y cómo se pueden presentar reclamos o denuncias oportunas cuando las juntas e instancias que podrían recibirlas están cerradas? ¿Podrán las y los trabajadores en estas circunstancias sostener su vida, sin indemnización, esperando a que termine la contingencia para presentarlas?

Conozco una red de supermercados que no quiere abastecer sus anaqueles y a pesar de su gran estructura económica y de construcción civil para invertir, se niega hacerlo y ha retirado a más de ochocientos trabajadores y nadie dice nada. Me refiero a la red Madeirense.

No tenemos una práctica de negociación colectiva libre en el país y, en este contexto de pandemia y distanciamiento social, no hay condiciones para esperar negociaciones colectivas reales, que permitan a las y los trabajadores participar y decidir sobre el futuro de sus vidas y las de sus familias, de sus trabajos y las decisiones sobre su viabilidad económica y productiva.

Por otro lado, la autoridad laboral promete en sus comunicados, cambiantes en los primeros días y de pobre formato gubernamental (la secretaria del Trabajo ha limitado su comunicación a mensajes informativos y llamados a la solidaridad sin cursos de acción claros que expliquen la posición que se está manteniendo), que atenderá las dudas y denuncias que puedan surgir en la población para llevar a cabo estas negociaciones.

Estas preocupaciones están marcando las conversaciones de profesionales y organizaciones que hemos seguido durante años el desarrollo de las relaciones laborales en el país. En la emergencia actual no se puede pensar en debilitar el marco legal para dar paso a la negociación, porque generará daños mayores y difícilmente recuperables después de la agresividad de la contingencia. Es necesario que la autoridad laboral repiense las medidas y dar una argumentación adecuada, sistemática que comprensa la magnitud del impacto y acorde a los aprendizajes y progresos que han quedado plasmados en las leyes e instrumentos de Derechos Humanos, en vez de dar un paso atrás y abandonar a las y los trabajadores en completa indefensión.

Significa que la crisis financiera y económica es tan grave, que ya alcanzó al sector que históricamente ha aguantado todo, luchando por mantener sus pocos privilegios y esos satisfactores que le mantienen viva la esperanza de llegar algún día a ser rico. Es el sector laboral y profesional del país.

Se necesita rescatar a la planta productiva, a la industria, porque ahí se generan esos empleos que ya se han perdido.

El problema del todavía nuevo gobierno progresista de Centroamérica y Latinoamérica es que sus dirigentes y presidentes prometieron y prometió que todo iba a cambiar en cuánto ganasen las elecciones y luego hicieron lo mismo los entonces seguros y los probables miembros de su gabinete. Ellos los presidentes y ex presidentes, el Presidente de la República y sus colaboradores, son rehenes de sus promesas; de los tiempos que prometieron para la presunta solución de los principales problemas del país; ellos los marcaron.

Todo iba estar solucionado, dijeron, gritaron, prometieron, en cuanto "la mafia del poder" perdiera el poder político. Y ya lo perdieron desde el 1º de julio de 1998 y ya no lo ejercen desde el 1º de diciembre del año 2002. Hoy el poder político en Centro y Sudamérica están en otras manos, las de ellos, los prometedores. Es probable que algunos –es decir, pocos o muchos, porque no hay manera de medirlos— hayan votado por influjo de esas promesas y hoy ya no creen en quien creyeron. Habrá más quienes sigan este proceso y otros más que mantendrán su apoyo, pese al incumplimiento de las promesas, por convicción, por resentimiento o por revanchas, por hartazgo y enojo en todo caso personales más que partidarias (en el sentido amplio del término).

La corrupción no se acabó con el ejemplo, al contrario: el ejemplo ha sido mantener prácticas antes calificadas de corruptas; los abrazos no sustituyeron a los balazos: el primer trimestre del 2017 hasta la fecha, ha sido el más violento de la historia del país; los bajos salarios se mantienen más allá de aumento al mínimo y, peor aún, el desempleo crece; la inversiones pública, privada y extranjera disminuyen; la confianza de empresarios y consumidores va a la baja; la inflación comienza a superar los pronósticos; el crecimiento económico previsto se desvanece en los análisis nacionales e internacionales; la acciones en la Bolsa de Valores acumula pérdidas; las calificadoras internacionales desconfían de algunos países progresistas, el precio de la gasolina no baja ni sube y, ahora ha habido desabasto; los presuntos ahorros en el gasto público han pegado primero a los pobres (gastos en salud, educación, bienestar social, trabajo)…

La polarización nacional que ha provocado el nuevo Presidente de la República con sus acciones, pero sobre todo con sus dichos, desde hace más de 18 años, le empieza a pasar su propia factura. No hay sorpresa. No será el primero que tenga que pagarla. Lo han tenido qué hacer todos los presidentes venezolanos, que llegaron al cargo como iluminados, tlatoanis, todopoderosos para resolver todos los problemas nacionales, pero más que nada los personales. Es decir, todos

Oramos y elevamos plegarias por nuestro presidente Maduro, que se le cumplan sus deseos y sueños para cumplir su plan de gobierno.

Los índices de popularidad no alcanzan para mucho, aunque se crea que sí. Hay ejemplos recientes todavía más allá de los presidentes: Miguel Ángel Mancera no sólo logró popularidad, sino uno de los mayores porcentajes de votación en la época democrática de México: más de 63 por ciento de los votantes de la Ciudad de México y en menos de la mitad de su gobierno casi había perdido su presunto capital político. El descenso empezó, según el escribidor, con una decisión que podría haber sido considerada casi baladí: la de cambiar el color de los taxis capitalinos

Así es como el populismo construye dictaduras, entre otros muchos factores. Entre una precariedad económica, social y política. Así sucedió con China, cuando se deslindaron de Mao Zedong y detuvieron a su anciana espesos, entre ellos mismos. La traición es presente.