El reajuste político institucional que se produzca por efecto de la coyuntura económica por la que atraviesa el país y por las concesiones a Washington y a las diferentes dirigencias opositoras formalizadas por el gobierno de Nicolás Maduro y la alta jerarquía del PSUV, no pueden estar por encima de los intereses y los derechos del pueblo. Las correcciones que acuerden ambos lados no deben limitarse a la realización anticipada y supervigilada por gobiernos y entes internacionales de todo tipo de unas elecciones generales, garantizándole la participación y su triunfo seguro a quienes han denostado y atentado permanentemente contra la legitimidad democrática de la Constitución y de todos los comicios celebrados en Venezuela. No obstante, independientemente de los resultados de estas negociaciones e incluso al margen de las mismas, al pueblo organizado se le presenta la ocasión de promover, en beneficio de su soberanía, un ciclo de construcción de justicia social y de democratización institucional, lo que será algo de mayor importancia para el futuro del país que dichos acuerdos. Esto contrastará abiertamente, sin duda, con el cúmulo de deficiencias prácticas y teóricas de una gran parte del funcionariado y la dirigencia chavistas con quienes los sectores populares se hallan en una pugna por hacer prevalecer sus derechos, contemplados tanto en la Constitución como en las diversas leyes del poder popular, lo que ha significado para éstos la segregación, el aislamiento o el desconocimiento de sus reclamos justificados de parte de los primeros, acusándolos de servir a la contrarrevolución. No puede, ni debe, en consecuencia, haber espacio alguno para la ambigüedad ideológica y el idealismo discursivo si de verdad se quiere concretar y profundizar, realmente, un proyecto revolucionario como el impulsado por Hugo Chávez; cosa que exige una nueva dinámica transformadora, clasista y alternativa de su principal soporte: la democracia participativa y protagónica, convirtiéndola en una democracia directa. Frente a estas deficiencias, los sectores populares revolucionarios organizados tienen ante sí el reto de construir un amplio tejido organizativo y de liderazgo social, cuyos rasgos visibles sean la pluralidad, la formación teórica y la autonomía de aquellos movimientos y sectores que las integren; lo cual daría nacimiento a una ciudadanía activa, cuestionadora y vigilante de la gestión gubernamental, otorgándole así a ésta un mayor grado de legitimidad. Todo traducido en iniciativas sociales autónomas que, de una manera u otra, contribuirán a depurar y a hacer más eficientes las instituciones; dando un mayor espacio a las aspiraciones y a las expectativas de cambio de esa mayoritaria base social que es nuestro pueblo y, como efecto de ello, como lo aspira el gobierno y el Psuv, la marea electoral a favor de las candidaturas del chavismo.
Lo dijo Hugo Chávez: "Para avanzar hacia el socialismo necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política". La infidelidad ideológica que perpetra la mayoría de los burócratas (al estilo de la extinta Unión Soviética y de sus adláteres en diversas regiones del planeta) es una de las mayores debilidades que pueda tener cualquier proyecto revolucionario y, aún más, cualquier otro proyecto político que se proponga modificar el estado de cosas de todo país. No basta que estos se vean en actos multitudinarios donde repitan las consignas de moda y porten pancartas y afiches alusivos a la Revolución mientras su ética y su moralidad es todo lo contrario a lo que se espera de cada uno al momento de proceder a favor de los intereses colectivos. A esto se suma el empeño o la obsesión de muchos dirigentes políticos y gobernantes de sólo rodearse de séquitos con personas que no les hagan sombra y sean sus seguidores incondicionales, lo que ha hecho que otros -con mejor talento y probidad- sean apartados y, en el peor de los casos, execrados del escenario político, cuestión que incide de manera significativa en los errores, la negligencia, la corrupción y la prepotencia que, en muchos casos, causan decepciones entre las bases populares y obstaculizan la construcción revolucionaria de un nuevo tipo de sociedad. Quienes incurren en esto prefieren mostrarse leales básicamente respecto a quienes fungen como sus jefes políticos y administrativos más que ser leales al pueblo, sin cuyo voto y fe en el proceso de cambios revolucionarios no tendrían, quizá, ninguna oportunidad de acceder a cualquier estructura de poder.
Hace falta, por tanto, emprender un vasto y continuo proceso de formación y de debates abiertos que le permitan al pueblo adquirir un tipo de conciencia social más cónsono (y menos fantasioso) con el proyecto revolucionario que se aspira concretar, lo que exige un nuevo liderazgo, uno menos propenso a imitar y a repetir las viejas, conservadoras y jerárquicas relaciones de poder sobre las cuales se sostiene el actual modelo civilizatorio a nivel mundial. Esta nueva conciencia tendrá que asumirse con sentido creador, de manera que exista una combinación de condiciones subjetivas y objetivas que sirvan de puente para la exigente transformación estructural que se requiere suscitar. Sin embargo, la vieja carga ideológica que muchas personas llevan consigo (prácticamente desde el instante mismo de su nacimiento) impide alcanzar del todo este objetivo. Especialmente cuando las estructuras jerárquicas de poder apenas han sido rozadas por los cambios revolucionarios que se pretenden impulsar y establecer. La autogestión, la asociación cooperativa, el consejismo comunitario, el sindicalismo, los consejos de trabajadores y otras prácticas organizativas de base popular pueden contribuir, cada una desde su campo de acción y en atención de sus anhelos particulares, a moldear esta nueva conciencia social y, por ende, a transformar las relaciones sociales, políticas y económicas imperantes. Mientras esto no sea posible, a duras penas podrá lograrse la Revolución que se proclama y espera. Los revolucionarios no pueden, en consecuencia, supeditar sus ideales y actividades a las razones de Estado que se esgriman. Sería una completa contradicción. Deben orientarse hacia la conquista del objetivo fundamental que debe guiar a toda revolución de carácter socialista que no es otra cosa que la toma del poder constituido y, mediante ésta, iniciar decididamente la transformación estructural del Estado, la economía y la sociedad en general. Si se pierde o se pasa por alto esta perspectiva, las oportunidades de lograrlo serán nulas o, por lo menos, de insistirse en ello, bastante complicadas. Tampoco pueden medirse por etapas, creyendo que las cosas se producen por sí solas, ya que mucha gente (sin una pizca mínima de conciencia social) acabará por ser víctima de la desilusión y la impotencia causada por la corrupción administrativa generalizada, la ineficiencia gubernamental y la propaganda contrarrevolucionaria.
Por eso, quienes predicen y critican, desde el bando revolucionario y chavista, con argumentaciones de dudosa cohesión, los posibles reajustes político-institucionales y económicos que engendrarán los acuerdos entre el gobierno nacional, el Psuv, las oposiciones de derecha y la Casa Blanca relegan la responsabilidad que tienen, de forma individual o colectiva, en el origen de los mismos, al no acompañar al pueblo en su formación teórica y en su organización como poder popular revolucionario, dejando todo en manos de quienes, sin pretender nunca ser radicales, ejercen la dirección de la administración pública. Aunque ésta no es ninguna novedad, tal parece que esto fuera fruto de cierta frustración al no ser bendecidos por el poder o, por lo menos, reconocidos como un factor político a ser tomado en cuenta. En lugar de esto, se debiera aprovechar la actual coyuntura política, social y económica por la que transita Venezuela para reagruparse en una estructura revolucionaria pluralista, de tipo horizontal, con unas metas en común, factibles a corto, mediano y largo plazo, reflejando un importante saldo organizativo que repercuta a través del tiempo y en el desempeño de los movimientos populares y de las distintas escalas del Estado. Es lo menos que se podría hacer en función de una Revolución efectiva.
