Comenzaré por la conclusión: ¡en ese Acuerdo no están todos los que son, ni son todos los que deberían estar!

Ya la Asamblea Nacional hizo su participación en el marco de la fase pre electoral presidencial 2024: intentó unificar a la mayoría de los actores políticos venezolanos, incluso, le dio cabida a distintos sectores de la vida política, social, económica, académica, cultural y religiosa como lo señala el primer párrafo del "Acuerdo Nacional de Garantías Electorales y el Calendario de los Comicios Presidenciales 2024", suscrito el pasado miércoles 28 de febrero y entregado el día viernes 01 de marzo de 2024. Un acuerdo que reconocemos es más amplio que el Acuerdo de Barbados del 17 de octubre de 2023.

No obstante, realmente en esas discusiones no estuvieron todos los que deberían estar. En cierta forma, el Parlamento Nacional se cerró, en vez de aprovechar que el resto de la sociedad venezolana debatiera, avalara y suscribiera ese documento histórico a nivel nacional, es decir, en todos los estados del país, por todos los movimientos y organizaciones políticas regionales, municipales y comunales. Creo que más bien perdieron esa gran oportunidad histórica.

Desde mi perspectiva y experiencia en movilizaciones políticas, la Asamblea Nacional no le sacó provecho a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, o a la Dirección de Participación Ciudadana, que tiene en su estructura organizativa, para poner a participar la mayor cantidad de partidos y movimientos sociales en el resto del país al menos unos 10 días más, para llenarlo de pueblo, para legitimarlo. Pero bien, ¡lo hecho, hecho está!

De seguro al gran movilizador Darío Vivas se le hubiese ocurrido algo más participativo, abierto y masivo resaltando ese principio de participación ciudadana que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero los líderes de las negociadores vuelven a jugar de manera acelerada, se precipitan, como si tuvieran una "papa caliente" en las manos, y ahora ese pacto político quedará en la historia política de Venezuela como si todo se selló en un cenáculo cerrado con los amigos de unos y los amigos de los otros.

¡LOS QUE QUEDAMOS POR FUERA AHORA DEPENDEMOS DEL CNE!

Los que no pudieron participar en esas discusiones cerradas, centralizadas, "amarradas", entre ellos el Movimiento Político Profesionales de Venezuela (MOPROVEN) (con 20 años como movimiento social y ahora como partido político en construcción), le tocará esperar a que el Consejo Nacional Electoral se digne a garantizarles su derecho político como lo consagran la Constitución, las leyes y los reglamentos electorales.

Reconocemos, que el documento suscrito en el acuerdo de la Asamblea Nacional está bien estructurado y contempla una serie de garantías para los actores políticos para participar en las venideras elecciones presidenciales. Destacando el último párrafo de las llamadas "Propuestas innovadoras para ampliar las garantías electorales", donde prácticamente se le exhorta al CNE que retome el proceso de registro de nuevos partidos políticos que tiene pendiente desde noviembre de 2022. Más de 200 organizaciones políticas esperan que se les garantice su derecho a postular o apoyar candidatos en las venideras elecciones presidenciales.

Textualmente dice lo siguiente:

"Sobre la base de las competencias constitucionales y legales atribuidas al CNE, evaluar y agilizar –de ser procedente- los procesos de registro de movimientos con fines políticos que tienen la determinación de participar en los procesos electorales venideros y están pendientes aprobación por parte del órgano Electoral."

Ahora el CNE tiene la "papa caliente" en sus manos. Ahora es que los venezolanos vamos a saber si estamos en democracia o en otro sistema político no contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

JORGE RODRÍGUEZ DA CIFRAS IRREALES DE PARTICIPACIÓN EN EL ACUERDO

Todo el mundo sabe que ese acuerdo de la Asamblea Nacional no lo suscribieron todos los actores políticos de izquierda, de centro izquierda, de derecha y ultra derecha que existen en el país.

Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el acuerdo lo suscribieron 152 representantes de todos los sectores del país, incluyendo el 97% de los partidos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE): cincuenta y dos (52) partidos políticos legalmente "constituidos", que a su vez, representan el 84% del voto popular, valga decir, de los electores.

Habría que revisar el proceso de constitución de muchos de esas organizaciones con fines políticos, que de la noche a la mañana aparecen como partidos legalmente constituidos ante el CNE que aparecen firmando el acuerdo, tomando en cuenta que conocemos más de uno que hizo la solicitud de denominación en el mismo periodo que lo hicieron más de 200 organizaciones con fines políticos ante el CNE en el proceso convocado que cerró el 30 de noviembre de 2022.

No obstante, todo el país sabe que el sistema político venezolano actual es una sociedad cerrada, donde desde el año 2000, el Consejo Nacional Electoral no ha abierto el proceso de inscripción y renovación de nuevos partidos, que convierte ese Acuerdo de la Asamblea Nacional en un acuerdo de un grupo de intereses políticos y no en la representación total de la sociedad. Veamos porqué digo esto.

Según el porcentaje de participación del 84% que afirmó Jorge Rodríguez, los partidos que lo suscribieron representan 17,6 millones de un total de 21.027.120 de electores venezolanos. Algo que me parece exagerado, tomando en cuenta que nunca en Venezuela nunca han votado 17,6 de electores, como él lo manifiesta alegremente.

Ni siquiera en el referendo consultivo de defensa del Esequibo la participación alcanzó el 84% de los electores. Sólo participaron 10.554.000 de electores (51%). ¡No sé qué gana él con decirles esas mentiras al país, no tiene necesidad!

Cabe recordar, que según el CNE, la participación electoral en las presidenciales del 2018 alcanzó apenas a 9.389.056 de electores (46,07%).

También, es necesario recordar, que las encuestas serias dicen, que más del 60% de la población electoral rechaza al actual sistema político nacional conformado por todos los partidos políticos juntos.

En fin, esas cuentas dadas por el presidente de la Asamblea Nacional no cuadran.

LA ASAMBLEA NACIONAL CUMPLIÓ SU DEBER DENTRO DE UN SISTEMA POLÍTICO EN DECADENCIA

Desde mi óptica, la Asamblea Nacional hizo lo que debe hacer un parlamento nacional, donde las organizaciones partidistas que lo conforman en curules, representan a un grupo de electores y fijan posiciones políticas sobre temas importantes del país como es el caso de las elecciones presidenciales 2024. No obstante, esa es apenas la posición de uno de los cinco poderes públicos venezolanos.

Porque todo el mundo sabe, lo dicen las encuestas, la gente en las calles, en los barrios o en cualquier parte del país, el sistema político nacional está podrido, está deslegitimado, no tiene apoyo popular, y sobre todo, tiene la legitimidad por el piso debido a los sonados casos de corrupción de derecha y de izquierda en los últimos años, por los enfrentamientos viscerales entre ellos que autodestruyeron a este hermoso y rico país, que generaron la hiperinflación, la migración, acabando con la economía en crecimiento inclusivo que le dejó Hugo Chávez a Nicolás Maduro en el 2013.

Porque no es mentira que la mayoría del pueblo venezolano padece los bajos salarios, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos familiares, la violación sistemática de los derechos laborales y de los pensionados y jubilados venezolanos. Situación que se une a las limitaciones de ingresos nacionales producto de las sanciones y bloqueos convocados por algunos de los sectores enfrentados en ese sistema político en decadencia.

POR LA FALTA DE LIDERAZGOS REALES, AHORA ES QUE SALDRÁN CANDIDATOS PRESIDENCIALES PARA EL 2024

Yo aún estoy pensando ser candidato presidencial para las venideras elecciones, lo he dicho de manera pública varias veces. Considero que todos los candidatos de derecha, izquierda y ultraderecha no tienen legitimidad y tampoco son líderes que representan un cambio radical para la terrible situación económica y social que padece el país.

Sin embargo, estoy evaluando las condiciones políticas y los principios bajo el cual se desarrolla el sistema electoral venezolano, que se supone el CNE debe garantizar sea igualitario, confiable, imparcial, mostrar transparente en sus actos y que la representación proporcional de las minorías sea un hecho efectivo. Según la Constitución, ese organismo electoral tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo, del Parlamento y del resto de los poderes públicos.

Como lo dijimos arriba, en el Acuerdo de la Asamblea Nacional los planteamientos de ese grupo de partidos y de los aliados de la sociedad civil del gobierno de turno, realmente dejaron por fuera a más de 200 organizaciones partidistas que desde hace año y medio consignaron ante el CNE la solicitud de denominación de nombres de partidos como lo contempla las Leyes y Reglamentos Electorales vigentes.

Estoy seguro que de esos venezolanos que han esperado tanto para que se les garantice sus derechos políticos en un nuestro país, saldrán más candidatos presidenciales que los 14 que ya han manifestado serlo de manera anticipada.

Insisto, el 60% de los venezolanos NO QUIERE NADA CON EL SISTEMA PARTIDISTA ACTUAL. Una población electoral donde muchos tienen el derecho político a constituirse en organizaciones partidistas y participar dentro del sistema político nacional.

Esperamos que el CNE no cometa el terrible error de hacerse el "loco" ante esa realidad, y más bien garantice ese derecho político, para que el proceso presidencial que viene pueda quedar legitimado ante los ojos de los venezolanos y el mundo. Ojala que no comentan el mismo error que cometió la Asamblea Nacional que secuestró el debate, dejó por fuera a mucha gente, y quedó "chucuta" la legitimidad y la participación en la suscripción del Acuerdo político que sustituye al Acuerdo de Barbados.

Desde mi perspectiva, si el CNE no permite que esos partidos políticos en construcción tengan la oportunidad de participar en las presidenciales arrancaría mal. Sería inconstitucional y abriría las puertas para que un conjunto de esas 200 organizaciones políticas comiencen una lucha por el reconocimiento de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo de Justicia, incluso, en organismos internacionales. Un hecho que sería lamentable para la democracia del país.