Venezuela ha estado sometida durante ya bastante tiempo a esfuerzos imperialistas de destruir su institucionalidad, por razones políticas o de orden económico. Como resultado de ello la institucionalidad tanto pública como privada ha quedado por una parte desorganizada y con una pérdida de planificación y por lo tanto de sus objetivos y por la otra penetrada e infiltrada por grupos que no distinguen entre lo delincuencial y lo politico.
La medida más común que se ha aplicado ha sido la destitución de los gerentes y como ha sucedido fundamentalmente en la industria petrolera su apresamiento para ser llevado a los tribunales correspondientes y otros se encuentran en fuga. Sin embargo para la mayoría de la galería popular esto no es suficiente y pide mayor presencia antes y después de las autoridades correspondientes para tratar de contener este fenómeno delincuencial que se ve masivo.
Una de las causas de la persistencia e intensidad del desfalco en las instituciones del estado es que no se ha evaluado suficientemente las situaciones que quedan institucionalmente tras la salida de un político negativo de un cargo debiéndose reconocer la complejidad de su influencia, que trasciende su mera presencia en el poder. Es un error simplista asumir que su destitución o renuncia marca el fin automático de su impacto negativo. La realidad es que su legado persiste a través de múltiples vías, requiriendo un análisis más profundo para comprender la verdadera dimensión de su paso por la administración.
Una de las principales formas en que la influencia de un político perdura es a través de las personas que designó en puestos clave. Estos individuos, leales a su visión y formados bajo su égida, permanecen en sus cargos incluso después de su partida. Mantienen inercias, defienden las políticas previamente establecidas y, en muchos casos, continúan implementando la agenda del político saliente ya que para eso fueron incorporadas en la organización. Esta red de colaboradores incrustados en la estructura gubernamental puede obstaculizar cambios significativos y perpetuar prácticas cuestionables o ineficientes. Esto no parece tomarse en cuenta, y organismos como la Contraloría debería ponerle más empaño o crear un organismo público más eficaz.
Además, las políticas implementadas durante la gestión corrupta sobreviven, lo cual podemos fácilmente verlo en el caso de PDVSA que hasta hoy sufre los embates de los grupos delincuenciales que dejo Ramírez, y que tienen una inercia propia. O el reciente caso de ejecutivas renunciantes del Banco Central. La nómina de personal debe ser revisada cada rato por las nuevas autoridades para evaluar el desempeño en función de lo ético. Leyes, regulaciones y programas sociales o económicos se arraigan en el sistema y requieren tiempo y voluntad política para ser modificados o derogados.
Por lo tanto, al evaluar el impacto de la salida de un político, es crucial no centrarse únicamente en el cambio de rostro en la cúpula del poder. Se debe analizar la permanencia de sus designados en puestos estratégicos, la vigencia de las políticas implementadas y las consecuencias que estas siguen generando en la sociedad.
Sacar conclusiones adecuadas exige una visión sistémica que reconozca que la influencia política es un fenómeno complejo y duradero, cuyas ramificaciones se extienden mucho más allá del tiempo que un individuo ocupa un cargo. La verdadera evaluación de su legado requiere un seguimiento continuo de las estructuras que creó, las designaciones que realizo y la siguiente generación, junto con las normas que impuso. El PSUV como organización revolucionaria debe generar una estructura adecuada para cumplir esta tarea.
La complejidad de la que hablamos se refleja en la reciente acción contra el narcotráfico en el Zulia, donde hubo necesidad de intervenir 120 empresas y quedando la incertidumbre de la captación de por lo menos 120 nuevos gerentes para mantener en funcionamiento esas organizaciones productivas zulianas.
