Crecimiento y empleo han sido dos puntos que han tenido un tratamiento residual en la conferencia llevada a cabo en Bruselas, ya que las medidas acordadas no registran un respaldo presupuestario adicional ni la concreción de las decisiones. El crecimiento y el empleo será financiados por medio de la redistribución de 22.000 millones de euros de los fondos estructurales sin utilizar –Fondos Social Europeo correspondientes al periodo 2007-13–, con la intención de apoyar a pymes y a la elaboración de programas de empleo juvenil.
Por lo que respecta al desempleo se ha puesto toda la atención en la juventud –menores de 25 años–, para lo que se propone “mecanismos de apoyo a gran escala” como manera de acceso a un trabajo o a más formación, además de elaborar “planes nacionales”. Para ello se contempla la asignación de becas, prácticas y estancias en el extranjero, pretendiendo que “en cuatro meses después de terminar el periodo de formación se disponga de una oferta real para trabajar o ejercer unas prácticas”. Para facilitar la movilidad se quiere acelerar el proceso de reconocimiento de titulaciones y cualificación profesional, así como una mejora de la coordinación en los sistemas de pensiones públicos. Para ello, la Unión Europea mandará funcionarios comunitarios a los países dónde el paro juvenil sea superior al 30% –España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania–, que junto a agentes nacionales –autoridades nacionales, sindicatos y patronales– formarán un “equipo de acción” para identificar dónde la aportación de la UE sería más útil.
Si nos detenemos en las medidas que se han planteado para ajustar la oferta y demanda del mercado laboral, comprobamos como se han centrado en dotar de mayor y mejor cualificación al capital humano juvenil. Es decir, todas las disposiciones que se han reflejado en el texto como remedios para la reducción del desempleo van dirigidas al lado de oferta.
No se debe tener exclusividad en el sentido de aplicación de las políticas de empleo, ni ser excluyentes unas con otras al decidir dónde implementarlas –oferta o demanda–. Pero ante la dirección de las medidas a tomar para la reducción del desempleo, es singular y característico los datos que arroja el último informe de Eurostat sobre correspondencia en la cualificación de los trabajadores, los cuales deberían ser tomados en muy cuenta por los responsables de estas políticas. Según el informe que apareció en prensa el 8 de diciembre de 2011, en todos los países de la UE el nivel de formación de los trabajadores es superior al que exige su empleo. En España el 31% de la mano de obra tiene una formación superior al que necesita para desarrollar su tarea, en Alemania y el Reino Unido es del 20%, en Francia, del 19%, en Italia del 13%, y la media europea es cercana al 20%. La cifra se dispara si nos detenemos en los inmigrantes, en España, este grupo roza el 60% de sobrecualifación.
Por lo tanto, está bien que se sigan implementando medidas para dotar de mayor cualificación a la oferta, deparando –como menciona Michael Spence–, en la demanda potencial en mayor grado que la efectiva, debido a la rápida evolución de los cambios a nivel global. Pero se adecuaría mejor y más rápido el mercado laboral si no sólo se actúa sobre el mismo componente del mercado. Además las medidas enumeradas en la cumbre, éstas se deben acompañar de otras ejerciéndolas sobre el sector privado, adecuándolo y determinando herramientas destinadas a las pymes en el uso y aprovechamiento de su capital humano, a la implantación de modos de gestión empresarial menos autoritarios y paternalistas, promoviendo la cultura de la información que ayude a salvar sus asimetrías, la compresión de los mercados por parte de los empresarios, la introducción de la confianza en las relaciones trabajador y empresario y el fomento del asociacionismo entre empresas.
FINANCIACIÓN DE LAS PYME
Por crecimiento debemos mencionar el especial hincapié que se ha hecho en “asegurar la financiación” a las pymes, a través del Banco Europeo de Inversiones o el funcionamiento de la institución encargada de la supervisión bancaria nacional y europea, esto es, la Autoridad Bancaria Europea, para que la recapitalizaciones bancarias que se lleven a cabo en los países no corte el acceso a la financiación por parte de las empresas.
Entre toda la literatura que ataja el concepto de competitividad podemos fijarnos en las pautas que tiene en cuenta el Global Competitiviness Report del World Economic Forum. En su informe anual se puede contemplar más de un centenar de puntos que se agrupan en doce pilares –instituciones, ambiente macroeconómico, sanidad y educación primaria, enseñanza superior y formación, eficiencia en los mercados de bienes, eficiencia en el mercado laboral, preparación tecnológica, tamaño del mercado, negocios sofisticados e innovación–. Este índice de competitividad viene recogiendo en sus diferentes ediciones a cinco de los países con mayores niveles de equidad y cohesión social a nivel mundial entre los ocho países más competitivos en el raking que elabora, –en el informe del 2011-12: fueron Suiza , Suecia, Finlandia, Holanda y Dinamarca–.
Por tanto si equidad y cohesión social son un componente decisivo en la configuración de un Estado competitivo –además de las variables que se exponen en el documento de World Economic Forum–, llama la atención que en la pasada cumbre no se hayan propuesto como medidas de crecimiento y competitividad reducir la desigualdad –que ha crecido en todos los países de la UE, alcanzando su nivel más elevado en los últimos 30 años, según la OCDE–, o combatir la pobreza y la exclusión social –dónde en estudio reciente elaborado por la misma UE sobre riesgo de pobreza y exclusión social, se señala que 115 millones de personas en el año 2009 están bajo este riesgo, lo cual representa el 23,3% de la población europea–.
De esta forma, las medidas de accesibilidad al crédito por parte de las pymes, deben implementarse con otras que conforme una sociedad más equitativa y de mayor cohesión social como camino hacia el crecimiento y la competitividad. Políticas de igualdad de oportunidades, redistribución, inserción social y justicia deben ser los pilares dónde se apoye el crecimiento de los países de los países de la Unión Europea.
Hasta aquí la letra pequeña de la última cumbre europea, la letra grande –el pacto fiscal y la negativa a ampliar el fondo de rescate por más de 500.000 millones de euros–, no dice nada nuevo.
Por lo que respecta al desempleo se ha puesto toda la atención en la juventud –menores de 25 años–, para lo que se propone “mecanismos de apoyo a gran escala” como manera de acceso a un trabajo o a más formación, además de elaborar “planes nacionales”. Para ello se contempla la asignación de becas, prácticas y estancias en el extranjero, pretendiendo que “en cuatro meses después de terminar el periodo de formación se disponga de una oferta real para trabajar o ejercer unas prácticas”. Para facilitar la movilidad se quiere acelerar el proceso de reconocimiento de titulaciones y cualificación profesional, así como una mejora de la coordinación en los sistemas de pensiones públicos. Para ello, la Unión Europea mandará funcionarios comunitarios a los países dónde el paro juvenil sea superior al 30% –España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania–, que junto a agentes nacionales –autoridades nacionales, sindicatos y patronales– formarán un “equipo de acción” para identificar dónde la aportación de la UE sería más útil.
Si nos detenemos en las medidas que se han planteado para ajustar la oferta y demanda del mercado laboral, comprobamos como se han centrado en dotar de mayor y mejor cualificación al capital humano juvenil. Es decir, todas las disposiciones que se han reflejado en el texto como remedios para la reducción del desempleo van dirigidas al lado de oferta.
No se debe tener exclusividad en el sentido de aplicación de las políticas de empleo, ni ser excluyentes unas con otras al decidir dónde implementarlas –oferta o demanda–. Pero ante la dirección de las medidas a tomar para la reducción del desempleo, es singular y característico los datos que arroja el último informe de Eurostat sobre correspondencia en la cualificación de los trabajadores, los cuales deberían ser tomados en muy cuenta por los responsables de estas políticas. Según el informe que apareció en prensa el 8 de diciembre de 2011, en todos los países de la UE el nivel de formación de los trabajadores es superior al que exige su empleo. En España el 31% de la mano de obra tiene una formación superior al que necesita para desarrollar su tarea, en Alemania y el Reino Unido es del 20%, en Francia, del 19%, en Italia del 13%, y la media europea es cercana al 20%. La cifra se dispara si nos detenemos en los inmigrantes, en España, este grupo roza el 60% de sobrecualifación.
Por lo tanto, está bien que se sigan implementando medidas para dotar de mayor cualificación a la oferta, deparando –como menciona Michael Spence–, en la demanda potencial en mayor grado que la efectiva, debido a la rápida evolución de los cambios a nivel global. Pero se adecuaría mejor y más rápido el mercado laboral si no sólo se actúa sobre el mismo componente del mercado. Además las medidas enumeradas en la cumbre, éstas se deben acompañar de otras ejerciéndolas sobre el sector privado, adecuándolo y determinando herramientas destinadas a las pymes en el uso y aprovechamiento de su capital humano, a la implantación de modos de gestión empresarial menos autoritarios y paternalistas, promoviendo la cultura de la información que ayude a salvar sus asimetrías, la compresión de los mercados por parte de los empresarios, la introducción de la confianza en las relaciones trabajador y empresario y el fomento del asociacionismo entre empresas.
FINANCIACIÓN DE LAS PYME
Por crecimiento debemos mencionar el especial hincapié que se ha hecho en “asegurar la financiación” a las pymes, a través del Banco Europeo de Inversiones o el funcionamiento de la institución encargada de la supervisión bancaria nacional y europea, esto es, la Autoridad Bancaria Europea, para que la recapitalizaciones bancarias que se lleven a cabo en los países no corte el acceso a la financiación por parte de las empresas.
Entre toda la literatura que ataja el concepto de competitividad podemos fijarnos en las pautas que tiene en cuenta el Global Competitiviness Report del World Economic Forum. En su informe anual se puede contemplar más de un centenar de puntos que se agrupan en doce pilares –instituciones, ambiente macroeconómico, sanidad y educación primaria, enseñanza superior y formación, eficiencia en los mercados de bienes, eficiencia en el mercado laboral, preparación tecnológica, tamaño del mercado, negocios sofisticados e innovación–. Este índice de competitividad viene recogiendo en sus diferentes ediciones a cinco de los países con mayores niveles de equidad y cohesión social a nivel mundial entre los ocho países más competitivos en el raking que elabora, –en el informe del 2011-12: fueron Suiza , Suecia, Finlandia, Holanda y Dinamarca–.
Por tanto si equidad y cohesión social son un componente decisivo en la configuración de un Estado competitivo –además de las variables que se exponen en el documento de World Economic Forum–, llama la atención que en la pasada cumbre no se hayan propuesto como medidas de crecimiento y competitividad reducir la desigualdad –que ha crecido en todos los países de la UE, alcanzando su nivel más elevado en los últimos 30 años, según la OCDE–, o combatir la pobreza y la exclusión social –dónde en estudio reciente elaborado por la misma UE sobre riesgo de pobreza y exclusión social, se señala que 115 millones de personas en el año 2009 están bajo este riesgo, lo cual representa el 23,3% de la población europea–.
De esta forma, las medidas de accesibilidad al crédito por parte de las pymes, deben implementarse con otras que conforme una sociedad más equitativa y de mayor cohesión social como camino hacia el crecimiento y la competitividad. Políticas de igualdad de oportunidades, redistribución, inserción social y justicia deben ser los pilares dónde se apoye el crecimiento de los países de los países de la Unión Europea.
Hasta aquí la letra pequeña de la última cumbre europea, la letra grande –el pacto fiscal y la negativa a ampliar el fondo de rescate por más de 500.000 millones de euros–, no dice nada nuevo.