Diez días de tenaz lucha en las calles duramente reprimida por la policía, con un saldo de, por lo menos, 4 muertos de bala, decenas de heridos y centenares de detenidos, es el resultado del alzamiento popular del pueblo de Colón, segunda ciudad en importancia económica y demográfica de la república de Panamá. Esta sublevación incontenible tiene dos causas, una manifiesta e inmediata y otra que se hunde en lo profundo de las razones sociales: la primera, la imposición de la Ley 72, que autoriza la venta de terrenos en el área de la Zona Libre de Colón, la mayor área de reexportación del continente americano; la otra, la extrema miseria en que vive la población de esta ciudad que habita al lado del negocio más próspero del país. La ciudad de Colón es la fotografía viva y desgarrante del capitalismo panameño con su extrema polarización de la riqueza en pocas manos y la pobreza más insultante para las mayorías.

La historia de Panamá está marcada por un determinismo geográfico: un istmo que une los océanos Atlántico y Pacífico que, desde la aparición del mercado mundial, con la conquista española, se le asignó el papel de puente de mercancías y gentes. Primero, del oro y la plata del Perú; luego de paso de la comunicación entre las costas este y oeste de los Estados Unidos; más recientemente, de las mercancías «baratas» de Asia (China-Taiwán-Hong Kong-Japón) y América Latina (Colombia, Venezuela, Brasil, etc.).

La ciudad de Colón, se fundó en 1850, cuando la Pacific Mail empezó la construcción del ferrocarril de Panamá, el primero que unió ambos océanos, en medio de la «fiebre del oro de California». Por su trazado, el ferrocarril necesitaba una terminal en la costa caribeña de Panamá, así que se procedió a rellenar la isla de Manzanillo, dando origen a una ciudad que los norteamericanos llamaron al principio Aspinwall (en honor a uno de los gerentes de la Panamá Railroad Co.).

Las empresas que se establecen en la Zona Libre no pagan ningún tipo de impuestos. Solo pagan un arrendamiento por las instalaciones que usan a un precio catastral subvalorado. En 2012 la Zona Libre de Colón manejará un movimiento comercial de 12.447.646 millones de dólares. En un país cuyo PIB fue ponderado en 2011 en 23.253.6 millones de dólares, estamos hablando de una cifra significativa.

Pese a toda esa riqueza que se mueve dentro de las 240 hectáreas que ocupa la Zona Libre, la ciudad de Colón es, a la vista del peor miope, una urbe paupérrima. A lo cual hay que agregar el desprecio racista de gobiernos, policías y empresarios contra la población colonense, en su mayoría afrodescendiente. Racismo que se expresa no sólo en el abandono de la provincia pese a su importancia económica, sino en que prefieren trabajadores de Panamá a contratar colonenses.

De ahí que no basta con exigir la derogación de la Ley 72, hay que buscar una propuesta que obligue a esos comerciantes a compartir un pedazo de la riqueza que generan… Propuesta que, aún manteniendo el negocio capitalista, haga algo de justicia al pueblo colonense y permita resolver las enormes disparidades sociales que padece. Colón es la punta del iceberg, la vanguardia de un conflicto social que atraviesa todo el país. El problema de fondo es el capitalismo transitista panameño y su sueño hanseático, cada vez más inequitativo, injusto y antidemocrático.

La lucha contra la Ley 72 ha significado un salto de calidad, porque se ha producido, no en la periferia del sistema, como en la huelga de los trabajadores bananeros de Changuinola, en 2010; y la lucha indígena del pueblo Gnäbe-Buglé contra la minería e hisdroeléctricas, en San Félix (2011 y 2012), sino en el centro neurálgico del capitalismo panameño: el área metropolitana, con la paralización de la Zona Libre de Colón y los puertos de la costa atlántica, que rápidamente se fue extendiendo a nivel nacional con la huelga de los trabajadores de la construcción (SUNTRACS), los gremios docentes y el combativo pueblo Gnäbe-Buglé, a través de la Coordinadora de Lucha y la cacica Silvia Carrera. El éxito de esta lucha se debió al carácter democrático y asambleario del Frente Amplio de Colón (FAC), que permitió la movilización unitaria de los gremios y sindicatos de la provincia, superando con ello el sectarismo y la atomización que había predominado en el movimiento obrero y popular desde las grandes luchas de 2003-2005. El funcionamiento del FAC prueba la fuerza de la democracia obrera y popular, superior a la democracia representativa burguesa (expresada en al corrupta Asamblea Nacional). El FAC debiera convertirse en una Asamblea Popular permanente, baluarte de los intereses del pueblo colonense.

La lucha produjo un resquebrajamiento en la unidad de la clase dominante en torno al gobierno de Cambio Democrático y el presidente Ricardo Martinelli. Surgieron opiniones divergentes entre las Cámaras de Comercio, principalmente la de Colón (que declaró un paro de 48 horas), la poderosa Asociación de Usuarios de la Z.L.C. y el gobierno. Divisiones que aún se mantienen respecto a de dónde saldrán los fondos para saldar la «deuda social» con el pueblo colonense. Incluso hubo elementos de una grave crisis política y vacío de poder, acicateados por la ausencia del presidente, en particular en la mañana del 26 de octubre, cuando las autoridades no atinaban cómo proceder frente a la paralización casi total de la economía, lo cual obligó a finalmente aceptar la derogación total de la Ley 72.

Esta crisis ha generado una situación política nueva: Martinelli y su gobierno venían de una recuperación que le permitía acariciar la idea de la reelección, ahora se ha pasado a una crisis de credibilidad que amenaza su continuidad. Desde muchos lados se alzan voces con la demanda: «¡Que renuncie Martinelli!». Consigna que puede llegar a ser el eje de la movilización, combinada con la de Asamblea Constituyente. La crisis no es mayor porque, al igual que en las coyunturas anteriores, los partidos políticos burgueses de «oposición» (PRD, Panameñista y Popular) juegan a estabilizar con miras a 2014.

El Frente Amplio de Colón (FAC), se ha constituido en la vanguardia de las luchas nacionales, y todo va a depender de que sostenga la negociación con el gobierno junto con la movilización. Sólo con la movilización podrá materializar las justas demandas de que los grandes negocios de la provincia (Zona Libre y puertos) compartan la riqueza que acumulan para subsanar las miserias que sufre el pueblo colonense; además de exigir la investigación y castigo contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos, la represión y asesinatos. Es clave exigir la liberación de las decenas de presos políticos que quedan e impedir el uso del terrorismo judicial contra los dirigentes. Si se pierde la iniciativa en las calles, gobiernos y empresarios darán largas y harán humo las demandas.

A nivel nacional, el Frente de Defensa de la Democracia (FDD), siguiendo el ejemplo del FAC, debiera consolidarse como el organismo democrático que concite la unidad de todo el movimiento sindical y popular. Para ello hay que formular un Plan de Lucha contra las medidas neoliberales del gobierno. Su éxito dependerá de cómo el FDD maneje la presencia de partidos y políticos tradicionales en su seno: se debe estar alerta ante el intento de esos partidos oligárquicos de «oposición» de utilizar este Frente como un instrumento de su proyecto electoral, para que en 2014 gane otro empresario y el régimen político siga igual.

El problema de fondo es qué sectores canalizarán políticamente las luchas sociales y el descontento acumulado contra Martinelli: o, los partidos burgueses de «oposición», quienes ya han lanzado el lazo para amarrar a sectores sindicales, en un gran «frente electoral de oposición», con lo cual se repetiría lo mismo que en otros momentos, dando continuidad al régimen neoliberal; o, un proyecto político electoral independiente, de carácter antineoliberal y popular.

La lucha empieza también a producir una maduración de amplios sectores de vanguardia que comprenden que la crisis panameña hace parte de una crisis mundial del sistema capitalista, y que la realidad demanda un programa que avance mucho más allá del antineoliberalismo y la «democracia participativa». Se requiere empezar a trabajar en función de la unidad de un proyecto político que levante con claridad un programa SOCIALISTA.