Un poco de historia ayuda al objetivo de caracterizar el poder fáctico de los grandes consorcios. El antecedente fue el poder de los grandes hacendados y mineros durante la dictadura de Porfirio Díaz, cuya magnitud les permitió adueñarse de la mayor parte del territorio arrasando con las tierras y aguas de los pueblos y que, sin lugar a dudas, provocó el estallido revolucionario que lo desbarató. Los gobiernos de la Revolución pudieron concentrar el poder en la figura presidencial y asumir posturas reivindicatorias en relación a obreros y campesinos, en las que el incipiente sector empresarial registró menor valía. El proyecto industrializador iniciado por el Presidente Cárdenas incluyó el dotar de organicidad al empresariado mediante la Ley de Cámaras de Industria y de Comercio, de manera de convertirlas en interlocutores válidos para el fomento de la industria y el comercio. Especial mención merece la constitución de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en la que quedó agrupado el sector de la pequeña y mediana industria que, desde entonces se distinguió por su actitud nacionalista y de colaboración con el régimen, encontraste con la CONCAMIN, la CONCANACO y la COPARMEX que fueron siendo cooptadas por las empresas de mayor tamaño, normalmente contrarias al proyecto gubernamental. Ejemplo: en tanto que la primera se volcó en apoyo a la Expropiación Petrolera, las segundas fueron acérrimas críticas encabezadas por el ya entonces poderoso Grupo Monterrey. El éxito del proyecto industrializador trajo consigo el fortalecimiento del sector empresarial que ya jugaba el rol de grupo de presión, normalmente en equilibrio con las fuerzas de los sectores obrero y campesino operado desde la presidencia de la república. Tal equilibrio comenzó a romperse en el gobierno de Luis Echeverría cuyo primer secretario de hacienda, Hugo Margain, mantuvo una severa austeridad en el gasto para reordenar la economía; la presión de los grandes empresarios obligó a la renuncia de Margain y se soltó el gasto público con los efectos de desequilibrio que después reclamaron los mismos que lo forzaron. Ahí pasaron de ser un grupo de presión a convertirse en un poder fáctico de influencia creciente; aprendieron el juego de la desestabilización para ejercer chantaje al gobierno, siempre aliados al poder transnacional. A partir de entonces los gobiernos comenzaron a ser obsecuentes a sus demandas y, con el de Salinas de Gortari, tomaron carta de naturalización.
Hoy, a esa fuerza se le denomina ?el dictado de los mercados? para esconder su verdadera naturaleza. Toda acción de gobierno queda supeditada a lo que ?digan los mercados? y se dirigen por el termómetro de la Bolsa de Valores. En paralelo al proceso globalizador, el poder fáctico de los grandes consorcios quedó uncido al interés del gran capital internacional, multiplicando su capacidad de determinar el rumbo del país. Así reclaman y obtienen los cambios estructurales a su antojo: privatizaciones, desregulaciones, reforma laboral y de pensiones: todo menos reforma fiscal que afecte a sus utilidades. Acaba de aprobarse vía fast track la Ley de Ingresos para 2013, sin tocar un pelo al régimen de privilegios fiscales para los grandes; no obstante, el ínclito Claudio X. González se desgarra las vestiduras porque no se cumplió el propósito de bajar de 30 a 29% la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta.
Para que el Pacto por México cumpla su postulado de someter a los poderes fácticos tendrá que tomar verdaderos compromisos con el empresariado nacionalista y con los sectores de la economía popular, enfatizar en el fortalecimiento del mercado interno y someter fiscal y políticamente a los grandes consorcios. Actuar de esta forma generaría un gran impulso al crecimiento y concitaría el respaldo de las fuerzas progresistas del país.
