Recién la semana pasada se realizó en la Ciudad de México una Conferencia Global sobre Financiamiento Político, convocada por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDAE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El tema reviste la mayor importancia, tanto que hubiera merecido una amplia difusión de lo ahí tratado. Infortunadamente, sólo trascendió la información por la prensa de algunas de las ponencias presentadas, entre ellas la del Ministro Presidente del TEPJ, la del Secretario General de la OEA y alguna que otra más. En otro foro, relativo a la transparencia, Lorenzo Córdoba que es el Consejero Presidente del INE, también declaró. La tesis coincidente de los expertos es que el financiamiento público a la actividad política es indispensable para evitar que el dinero del crimen organizado la domine y, por su conducto, se apodere del estado. Creo que mucha gente acepta esto sin chistar, temerosa de que al manifestarse en contra pudiera ser tomado como una postura de apoyo a los criminales; me imagino que sea esta la razón por la que no se escuchan voces oficiales diferentes, aunque en la calle y en las redes sociales es un clamor la exigencia de acabar con el dicho financiamiento.
Un poco de historia. En México se diseñó un mecanismo de financiamiento a los partidos como medio para tratar de equilibrar la relación de fuerzas partidistas, después de 70 años de hegemonía del PRI que, además, disponía de los recursos públicos para su actividad. La medida fue un contribuyente eficaz que generó competencia electoral; el PRD ganó la Jefatura de Gobierno del DF en 1997, mientras que el PAN logró la Presidencia de la República en el año 2000. El objetivo se cumplió cabalmente con tres partidos fuertes y competitivos. Anoto que, en el origen, no se consideró lo del crimen organizado (aunque el PRI algo tenía de ello). También anoto que, una vez cumplido el objetivo original, la medida se fue convirtiendo en un lastre para la democracia y en la perversión de la política; no se debaten ideas sino que se lucha por la tajada presupuestal, además de que no impide la entrada de dinero ilícito a las campañas electorales (Monex y Soriana, por ejemplo).
Desde otro ángulo, me parece en extremo inocente suponer que los partidos, o la mayoría de ellos, queden satisfechos con el recurso fiscal. Si las elecciones se ganan con dinero buscarán conseguirlo de donde sea, adicional al dinero fiscal, aplicando fórmulas de ingeniería financiera de excelencia para ocultarlo. Si la ley marca como un delito grave la utilización de recursos de procedencia ilícita, bastaría con aplicar la ley con rigor y honestidad para impedir que se delinca. Es el caso, como me decía un querido amigo abogado, que se paga a los partidos por no cometer delitos, en lugar de castigarlos si los cometen (el Verde ha ofrecido una muy clara lección al respecto). Es como si yo, que soy pobre, pidiera dinero del gobierno para evitar que cometa el delito de robarle a algún vecino que es rico.
Otro elemento a considerar es la crisis de representatividad de las instituciones políticas. La sociedad se sabe ajena a todo lo que signifique política. Califica con la puntuación más negativa posible a diputados y senadores, junto con los partidos políticos, que son los instrumentos destinados a proveer a la participación de la ciudadanía; la gente se siente agraviada por la exagerada cantidad de recursos del erario destinados a partidos y candidatos, amén de los muy elevados salarios y bonos de que disfrutan cuando entran en funciones. De aquí que sea tan generalizada la exigencia de eliminar tales sangrías. Por cierto, MORENA anunció su agenda legislativa en la que coloca en primerísimo lugar la reducción de los salarios de todos los altos funcionarios, así como de los senadores y los diputados, comenzando por sus propios diputados que destinarán la mitad de sus ingresos a fondos para escuelas superiores y resolver el problema de los rechazados. Si tal anuncio lo hubiera formulado como compromiso de campaña, se hubiera hecho de una tamalada de votos adicionales y tendría el doble de diputados. Lástima.
El tema, desde otro ángulo, no puede ser tratado de manera independiente al conjunto del sistema político y electoral, a menos que se prefiera seguir aplicando parches sobre parches. Urge convocar a una revisión integral y a fondo. Para corregir el modelo económico hace falta corregir también el político y es la movilización social la que tiene que exigir ambos.
