“Que el fraude electoral jamás se olvide”
Un sector importante de la sociedad mexicana se manifiesta harta de la política y de los políticos. No es para menos. El país lleva ya más de 25 años en proceso de destrucción y no sólo en lo económico, sino que también en lo político, lo social y lo cultural. La esperanza provocada por la alternancia en el poder se frustró demasiado pronto; cambiaron las personas y las siglas partidarias, pero se mantuvo el modelo depredador y se aceleró. Las ofertas de campaña electoral no son más que artilugios propagandísticos ajenos a la actuación de los elegidos; la diatriba y la guerra sucia forman el contenido privilegiado del discurso político. En último término, el fraude es el expediente patriótico de quienes confunden su particular interés con el de la nación toda. La gente reclama un verdadero cambio en el manejo de los asuntos públicos y, parte por ceguera y parte por manipulación mediática, no alcanza a ver en el panorama algún atisbo de solución. Entre la vigencia de un nocivo régimen de partido hegemónico y la implantación de uno de competencia partidaria, la única diferencia encontrada es el alto costo para el erario y la ineficacia de su operación. El apoyo a los partidos con cargo al erario, que en su momento contribuyó al rompimiento de la hegemonía del PRI, devino en la prostitución del trabajo partidista; hoy la lucha se encajona en pos del presupuesto y las canonjías, mas no en las ideas y las propuestas de gobierno.
Dos noticias recientes, sumadas al rosario de agravios acumulados, aportan claridad al motivo del hartazgo; el siniestro de la guardería infantil en Hermosillo y el operativo michoacano que implicó la detención de diez alcaldes y el allanamiento de las sedes de los gobiernos estatal y municipales.
El caso de la guardería pone de manifiesto el perverso resultado de la privatización de servicios que corresponden a la esfera de lo público, en razón de la inconveniencia de su sometimiento a las condiciones de la rentabilidad monetaria, aderezado además por el hecho de su concesión a particulares mediante el tráfico de influencias. Algunos pretenden opacar el significado aduciendo que se trató de un accidente que, de igual forma, puede suceder en un establecimiento público. Puede ser verdad. La enorme diferencia estriba en que para prestar el servicio, los particulares adaptaron un local inadecuado y sin medidas de protección, en términos de abatir los costos y aumentar la rentabilidad de la inversión, lo que constituye su razón de ser. Independientemente de las penas que deban ser impuestas a los particulares por la imprudencia criminal, la imputabilidad del siniestro corresponde a quienes dispusieron la subrogación del servicio. No obstante las muestras palmarias de su inconveniencia, el régimen insiste en su nefasta política privatizadora. Ya ni las cárceles se salvan de la vorágine de los intereses privados.
Lo que sucedió en Michoacán es sólo otra muestra del desprecio del régimen a la legalidad y a la sana política. A la luz pública sólo se conoce el hecho de que las autoridades municipales detenidas (de elección popular, por cierto) son sospechosas de “vínculos con el crimen organizado” y nada más. El estado policiaco se da cuarenta días para formular las correspondientes acusaciones fundadas o, en su defecto, dejar en libertad a los detenidos. Independientemente de la inocencia o la culpabilidad de los indiciados, la desmesura del operativo no puede mas que obedecer a razones de un perverso diseño político de múltiples propósitos. Desde luego, mostrar que la decisión presidencial de combatir al crimen es una guerra total y sin cuartel, a fin de sustanciar la propaganda electoral de su partido; pero también aporta a la eliminación de cualquier tipo de oposición al gobierno ilegítimo, a riesgo de verse vinculada con el narcotráfico. Lo más grave es que aporta un doble efecto en el afán de desprestigiar a la política; por un lado, manda el mensaje de descalificación y, por el otro, aleja de la participación a la gente sencilla y de buena intención, con lo que logra que, en efecto, la política se convierta en oficio exclusivo de malandrines.
Ante este estado de las cosas, no es algo fuera de lo lógico el mandar al diablo a sus instituciones, equivalente verbal de la convocatoria a la anulación del voto; ni tampoco lo es el exigir que se callen las chachalacas, cuando todo lo que dicen (y dicen mucho) no son mas que mentiras propagandísticas. Con seguridad digo que, muchos de los que entonces se escandalizaron porque lo dijo Andrés Manuel, hoy lo ponen en práctica con su convocatoria a la abstención o a la anulación. López Obrador y el movimiento que encabeza, justo en la línea crítica a la nefasta política prevaleciente, convoca a transformar de raíz al sistema político y sus perversas expresiones de corrupción y agravio al interés de los nacionales; llama a la movilización popular pacífica y a la práctica electoral como único medio posible para la transformación requerida, no como un fin en sí mismo, sino como vía para la toma del poder por el verdadero pueblo mayoritario, para desde allí, emprender las tareas de la reconstrucción del país.
Valdría mucho la pena que quienes manifiestan estar hartos de la política, reflexionen en la convocatoria de AMLO. El pueblo unido jamás será vencido.
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