El señor Calderón, a nombre del gobierno espurio que encabeza, envió al congreso una iniciativa de reforma política, que calificó como de “fondo”. Al momento de escribir estas líneas sólo dispongo del video del discurso con que la presentó ante los representantes de la prensa, en la mañana de este martes, y a él me voy a referir dando por supuesto que expresa los aspectos sustantivos de la iniciativa. Primero haré comentarios al proyecto general para luego referirme a las propuestas en lo particular.
A manera de exposición de motivos el discurso presenta un muy sucinto diagnóstico, según el cual los ciudadanos no están satisfechos con el sistema político vigente, perciben una enorme distancia respecto de los representantes que eligen y, en consecuencia, no se sienten partícipes de la atención de los asuntos públicos; así mismo, se argumenta que, por su composición actual, el sistema no es eficaz para procesar los conflictos y no se ha traducido en condiciones que garanticen gobiernos más eficaces, que rindan beneficios y que faciliten acuerdos y reformas importantes, más allá de los intereses electorales de los partidos. En efecto, lo enunciado describe el mayor problema del sistema político de siempre y en ello, estoy seguro, coincidimos todos. Pero ahí se queda; no se analizan las causas que lo originan ni se vinculan las alternativas de solución. Simplemente se brinca hasta la presentación de diez medidas inconexas, dejando de lado muchos otros aspectos relevantes de una reforma que dice ser de fondo. Se dejan sin atención, entre otros, temas tan graves como son el régimen de partidos y el financiamiento de su actividad. En el discurso se advierte que, en breve plazo, se formularán otras propuestas sobre el tema en las que, a lo mejor, se complementa la iniciativa.
El tema del sistema político es extremadamente complejo y no puede ser tratado en abonos. Se requiere de visión integral en el diagnóstico de la problemática y en la propuesta de soluciones, de no ser así, de quedar en parches cosméticos, es previsible una nueva frustración de las expectativas ciudadanas y un nuevo obstáculo en la construcción de la democracia. Sería prudente que el congreso se abstuviera de proceder a la discusión de la iniciativa hasta disponer de la documentación del paquete completo que se anuncia. Entre tanto, es imperioso que se convoque a un verdadero debate público sobre el tema.
Entre las propuestas destaca la de la reelección de diputados, senadores y ayuntamientos municipales. Bienvenida, la elección es un derecho ciudadano que no tiene por que ser coartado. Pero que su ejercicio signifique un acercamiento de la participación ciudadana no es más que un engaño, particularmente en lo que se refiere a diputados y senadores. Es un engaño hacer que la gente crea que el diputado es su representante, si acaso será representante de los que votaron por él, los que votaron en contra jamás se sentirán representados. En la cámara se debate sobre asuntos de orden nacional, en teoría siempre en busca de lo mejor para el país, lo que implica las posiciones políticas diversas que se confrontan, debaten y en ocasiones negocian y acuerdan, o definen por mayoría de votos; son las bancadas de los partidos las que operan; el diputado individual no tiene ninguna funcionalidad. En tal virtud, romper con el engaño es eliminar la figura del representante individual y fortalecer la de las plataformas representativas mediante la votación por listas presentadas por los partidos en cada circunscripción estatal; la votación proporcional obtenida por cada partido determinará el número de diputados correspondiente. Corresponderá a la real conveniencia de cada partido el mantener su presencia en cada circunscripción, para conservar y aumentar el apoyo para siguientes elecciones.
En la propuesta hay una incongruencia aberrante: de un lado se permiten las candidaturas ciudadanas independientes de los partidos y, del otro, se aumenta de 2 a 4% el mínimo de votación admisible para conservar el registro de partido. La primera atiende al reclamo de grupos ciudadanos que no encuentran cabida en los partidos existentes y la segunda los hace aún más estrechos. El objetivo de forzar la formación de partidos fuertes, necesario para romper la hegemonía del PRI, ya se cumplió con cierta eficacia; es oportuno ahora romper la camisa de fuerza de los partidos y proveer a una mayor accesibilidad a los grupos ciudadanos independientes. Desde luego modificando también el régimen de las prerrogativas presupuestales de los partidos.
Hay una propuesta que es un torpedo debajo de la línea de flotación. Me refiero a las llamadas iniciativas preferentes que, presentadas por el Ejecutivo al inicio del período ordinario, deben ser resueltas en el mismo período, sea aprobando o rechazando; de lo contrario se darán por aprobadas. En el caso de iniciativas que impliquen reforma a la Constitución, si no fuesen dictaminadas durante el período serían sometidas a consulta pública para su aprobación o rechazo. En el primero de los casos sería de lo más sencillo que el propio partido del presidente en turno provoque dilaciones que impidan el dictamen de la iniciativa, si estuviese en riesgo de ser rechazada o modificada, con lo que aseguraría su implantación al pie de la letra. En el segundo caso, podría provocarse la misma dilación para llevar la propuesta a una consulta pública en la que el gobierno pondría toda su propaganda para sacar adelante su propuesta.
Hasta aquí me da el espacio para comentar una más de las acostumbradas aberraciones calderónicas. Seguiré con el tema en entregas posteriores.
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