Un tal Gonzalo Marroquín, director de un diario guatemalteco llamado “Prensa Libre”, actual presidente de la SIP, electo en el mes de noviembre en la 66 Asamblea del organismo que asocia a los dueños de periódicos, reunida en la ciudad mexicana de Mérida, acaba de dar unas declaraciones que ya son un “refrito”, como llaman los periodistas a informaciones repetidas.
Después de hacer lo que la SIP viene haciendo por años, como por costumbre y satisfacer a quienes mueven las manivelas, condenar a Venezuela porque aquí se censura el derecho a opinar e informar, el señor Marroquín, como si fuese original y libre, pasó a detallar las razones de esta nueva condena.
Empezó, con aspaviento, como para demostrar a quienes tanto empeño pone en servir, diciendo: “Ya no quedan dudas”. Y luego se explicó, sumamente preocupado por nosotros, pese a que todavía no ha pensado en cómo ayudar a los damnificados,
“Estamos en presencia de un acto grave de connivencia entre los poderes públicos para negar a los ciudadanos dos garantías a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”.
Es obvio, antes de todo, que al señor Marroquín, le importa un bledo los efectos que la furia de la naturaleza produjo sobre los venezolanos. Lo que le mortifica en demasía, es que los diarios de sus socios de la SIP, dejarán de percibir cuantiosos beneficios por no poder publicar publicidad sobre alcohol, cigarrillos y usar la violencia, el sexo, pornografía y otras cosas parecidas para aumentar la venta de sus diarios.
Días atrás, publicamos por este mismo medio, un artículo titulado “Curioso rechazo opositor a Ley resorte”, en el cual señalamos en detalle las prohibiciones previstas en el proyecto de reforma, ahora ley, las cuales la oposición rechaza. Aparte que el lector tenga la deferencia de leer ese trabajo, que en gran medida recoge textualmente la posición fijada por un medio opositor, queremos informarle que se han prohibido cosas o conductas ya sancionados desde casi siempre en otros textos. Como la de promover el consumo de alcohol, tabaco, alucinógenos; la incitación a la violencia, exhibición de actos sexuales y desnudez que no esté asociada al arte y lo educativo; incitación al desconocimiento a la autoridad pública y al magnicidio y otras disposiciones de lo más común en otras sociedades. En España, es delito grave que se paga con pena dura decir o hacer cosas que puedan considerarse irrespetuosas contra el rey y su familia. Hace poco, una revista humorística fue sancionada severamente, su director encarcelado junto al autor de una caricatura en la que aparecían el príncipe heredero y su esposa. Por aquello, nadie se sintió incomodado y con derecho a batirse por la libertad de prensa.
Pero por la reforma hecha en Venezuela, cuyos contenidos hemos señalado y basándonos en lo escrito por la oposición misma, el señor Marroquín, más que exagerado, dramático, dijo: “estamos ante una censura profunda y generalizada de los contenidos informativos y de las comunicaciones personales que ya escapa al derecho de los medios y periodistas de publicar”.
El nivel de la queja de Marroquín, quien como los políticos de la oposición venezolana, se cuida en exceso de no mencionar los contenidos específicos a que se refiere la reforma, alcanza el ridículo ante el lector si éste no se queda en las generalizaciones de aquél y va a los detalles. Porque lo que llama “censura profunda y generalizada”, es lo que en todas partes se prohíbe hacer.
En tipos como Marroquìn, tìpico presidente de la SIP no se puede creer. No sólo exagera y dramatiza al hablar de limitaciones al ejercicio periodístico, sino que en sus declaraciones llegó a mentir de manera descarada y reiterada.
Dijo que la Ley de Responsabilidad Social, sancionada en 2004, se utilizó para perseguir periodistas y cerrar medios de comunicación. Tal afirmación que nada tiene de verdad, no es propia de un hombre mal informado sino lleno de mala fe.
Pidámosle que mencione un periodista perseguido o preso en Venezuela por ejercer su profesión. Hay uno o dos periodistas sometidos a juicios por delitos del ámbito penal y que nada tienen que ver con el gobierno. Sobre Guillermo Zuloaga, quien no es periodista pero presentan como tal, pende juicio por presunto agavillamiento y acaparamiento de vehículos con fines especulativos.
Radio Caracas, medio al cual se refiere Marroquín, es resabido no fue cerrado y menos por razones de su práctica informativa, sino que finalizó su concesión.
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