Comienzo por lo segundo. Al igual que millones de venezolanos estuvimos pendientes de la primera actuación en la Fórmula 1 de nuestro joven piloto Maldonado. Estaba casa de unos familiares escuálidos y tenían Meridiano TV, y desde la partida (Maldonado en el puesto 16) estábamos por escuchar de sus acciones. Los locutores narradores nada. Logramos ver en el cintillo inferior de las posiciones y nuestro ídolo nacional en el puesto 16. Y ni un comentario. Luego bajó al 17, un poquito más al 20, luego al 22 en la vuelta 11. La cámara enfoca el Williams y comentan “problemas de Maldonado”. 

No hay nada más repudiable que una manifestación en contra de algo o de alguien que sea tendenciosa, por más que la apreciación pueda estar condicionada a la óptica a favor de quien la recibe, o de quien la sigue. 

O sea, que si una huelga o paro es de la oposición, aunque ellos la aprueben a nosotros nos parecerá estúpida. Y viceversa, a pesar de que no la haremos, por ahora. 

Así como que desaprobamos cualquier manifestación, con o sin razón, que afecte el libre desenvolvimiento de alguna actividad importante. Por ejemplo, que altere el tránsito vehicular o peatonal. O las actividades laborales de una empresa de servicios que trae daños a las comunidades. O que tengan que ver con la productividad para el consumo nacional.  

Peor, aún cuando se ha hecho costumbre, la que llevan a la interrupción de clases. Recordemos que el tiempo es lo único  no recuperable y perjudica a los estudiantes, jóvenes o adultos, y a las familias. 

Durante años nos preocupaban las huelgas del magisterio, primaria y bachillerato, que este gobierno revolucionario ha congelado por cumplirles.  

Bien. Las manifestaciones de protesta, de reclamos, etc., no pueden ser prohibidas dentro de un régimen que se precie de democrático, sin dudas. Pero debe reglamentarlas para evitar desmanes, cómicas pantalléricas, o daños humanos, o contra la propiedad de quien sea. 

Por ejemplo, casi todo el que tiene un problema vinculado con un ministerio quiere que lo atienda el ministro. Creo que se debe a que casi todas las decisiones las toman los ministros. Nadie quiere ser escuchado por un director ni un viceministro y es porque no tienen condiciones para compromisos, mucho menos para dar respuestas. 

En la provincia ocurre que las personas sólo quieren hablar con el gobernador y/o con el alcalde. Es más, por eso todo el mundo quiere contactar a Chávez. ¡No creen en nadie!   Muy malo, ¿no? 

Debemos crear un mecanismo y un organismo sumamente serio y creíble que ventile todas las protestas, y luego de los trámites en las áreas correspondientes dé respuestas en tiempos establecidos según su complejidad. Deben existir varias instancias de participación del problema y de no obtenerse respuesta en los tiempos definidos se podrá ir a manifestaciones de calle, eso sí… sin alterar la cotidianidad de nadie.  

No me vas a trancar la calle, no vas a quemar cauchos, etcétera. En principio, si se refiere a peticiones o reclamos comunitarios (harto frecuentes) la respuesta local debe ser de inmediato sin esperar a que las personas se desesperen y por no obtener respuesta, ni siquiera atención, recurran a la incomodidad colectiva de cerrar una vía.  

Aquí le cae penalización a los funcionarios comprometidos. 

Con relación a las huelgas de hambre, muy de moda y que se pueden hacer por cualquier cosa (porque la suegra se vino a vivir a su casa, porque el novio la dejó, porque hay un profesor que raspa a todo los alumnos, etc.) no tienen sentido y mucho menos ya que atentan contra la salud, por lo tanto deben ser prohibidas. Quien la haga sabrá que las autoridades se lo (a) llevarán, por su salud. 

Con relación de las huelguitas de hambre de algunos universitarios, que aparecen como unos héroes, tienen mucho menos razón cuando a niveles de conducción presupuestario se están realizando conversaciones responsables, la ministra Córdova con todos los rectores y vicerrectores administrativos, y los chamos “perreros” empeñados en que no se le dan soluciones al problema de años de mentiras autonómicas.   

Lo que todos sabemos es que como la situación es eminentemente política, las huelgas son políticas, y todo lo demás es para desprestigiar y sacar al presidente Chávez, tratarán de seguir su campaña mediática. Es tan así, que las autoridades  rectorales que están en conversaciones con la Ministra, representante de Chávez, y habiéndose adelantado aspectos importantes reconocidos por ellos mismos, se unen a la caminata del grupo de universitarios hasta la Asamblea. 

Y siendo una actividad “eminentemente estudiantil” vemos a las ridículas autoridades (y perdonan el término pero aquí no cabe otro) hablando con Soto Rojas, aun cuando el día anterior habían hablado positivamente con la ministra. Y los estudianticos se calan que les roben el protagonismo. 

Ya basta de ridiculeces con sentido democrático. Debe ser penalizado quien exprese falsedades, como lo hemos expuesto en montones de artículos de cómo controlar el terrorismo mediático. Nos hacen mucho daño en base a mentiras (con verdades también, que si valen), pero las mentiras ya hieden.  

Por seguir en la tónica estudiantil, escuchamos al que se cosió la bemba “que Chávez quería apresar a Nixon Moreno”, “que Chávez cerró a RCTV y a 35 emisoras de radio”, y acusa con desfachatez “que Chávez asesinó a Franklin Brito, consuetudinario huelguista de hambre mediático”  

Las acusaciones infundadas, por lo menos las que se hagan públicas, las mediáticas, deben ser penalizadas. Si es un chamo confundido –que no lo creemos– para ser liberado bastaría con que se retractara públicamente en cadena nacional. (Y condenarlo si en esa cadena dice otra estupidez) 

Así se actuaría con todos los entrevistadores, lectores de noticias, e invitados a los programas de radio y TV. O simplemente cárcel o suspensión de su ejercicio profesional. 

¡Estamos obstinados de tantas mentiras, de tantas falsedades! ¡BASTA!