El 10 de junio me tropecé en Caracas con una manifestación de oposición a Chávez en la que protestaban por la no renovación de la licencia a un canal de televisión. El gobierno de Venezuela no ha renovado la licencia a la televisión privada RCTV para poner en funcionamiento una cadena pública llamada TVES (Televisión Social). Lo primero que me llamó la atención es que no esgrimían banderas o pancartas de sus diferentes partidos políticos u organizaciones sociales, portaban banderas de una empresa privada de televisión. Era como encontrarse en la capital de un país con una movilización política en la que los manifestantes tuviesen como siglas aglutinadoras o partido político a Coca-Cola, helados Pepe, CNN o Radio Popular. Es una muestra clara de cómo algunas empresas privadas de comunicación, burlando toda la legislación destinada al control ético y financiero de los partidos políticos, están sustituyendo a éstos como organizaciones de oposición política. Por su parte, los manifestantes también gritaban dos consignas muy peculiares: “Queremos democracia” y “RCTV es social”. El gobierno venezolano puede gustar o no, la nueva televisión pública estar bien hecha o no. Pero una corporación empresarial que explota una televisión comercial no puede tener nada de democracia o de social. No hay modelo o propuesta política más empobrecida intelectualmente que igualar democracia y social con una empresa de televisión privada que además pasará a la historia por sus telenovelas y reality shows.

Había otro slogan muy peculiar: “RCTV, tenemos con qué”. ¿Con qué, qué? Nos preguntamos. Una televisión es para verla, pero una expresión como “RCTV, tenemos con qué ver la televisión”, no es una oración coherente. La afirmación “RCTV, tenemos con qué”, sugiere que la televisión es una herramienta para conseguir algo, un medio con el que conseguir un fin. “Tenemos un destornillador con el que desmontar la lavadora”, podemos decir. Por tanto, “RCTV, tenemos con qué”, sólo sugiere que quienes lo gritan plantean que tienen una herramienta con la que llevar a cabo un objetivo. Dado que la defensa de RCTV se hace desde una clara posición política de oposición a Chávez, el objetivo para el que dicen tener a RCTV es político. Pero los medios de comunicación no están para lograr objetivos políticos. Si fuera así estarían incumpliendo todos los compromisos para los que se estableció la libertad de expresión y el derecho a la información. Incluso, entonces, quien no tenga una televisión, no tiene “con qué”. Estaríamos, por tanto, dinamitando el sistema político democrático, si, convertida la televisión en una herramienta para la política, unos tienen con qué y otro no tienen con qué hacer política. Hay que romper con ese modelo pervertido de medios de comunicación.

Por otro lado, la prueba de cómo estos sectores nunca entendieron la democracia, es la expresión que, según me contaron, gritó una mujer ante las cámaras para argumentar la razón por la que no debería suspenderse la renovación de RCTV: “Los gobiernos cambian pero las televisiones permanecen”. Esa frase esconde toda la tragedia de la dictadura mediática que sufrimos. Los ciudadanos podemos cambiar con nuestro voto un presidente o un gobierno, pero no hay modo, según sugiere la señora, de cambiar a los propietarios de un espacio radioeléctrico que es limitado y público. Es decir, hay alguien más poderoso que un presidente, alguien al que no puede derrocar una sociedad aunque lo desee, alguien que no está sometido al control o a la valoración de los ciudadanos: el dueño de una televisión.

Por tanto, simplemente escuchando a esas personas podemos llegar a las siguientes conclusiones: que no tienen una organización política, su propuesta es una televisión; que ésta no la quieren como medio de comunicación sino para lograr un objetivo político y que, tienen claro, que su televisión-organización política-herramienta de intervención política deben tenerla gobierne quien gobierne y deseen lo que deseen los ciudadanos. Estamos, por tanto, ante un grupo social que quiere terminar derrocar a un gobierno legítimo y terminar con un sistema democrático. Y eso, en las democracias consolidadas, es delito.

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