Desde comienzos del mes de febrero, los sectores ultra radicales de la derecha venezolana desataron una embestida en contra del gobierno, que comenzando por San Cristóbal, se fue extendiendo por otras ciudades del país, hasta llegar a Caracas con la marcha que realizaron el Día de la Juventud, desatándose una ola expansiva de violencia que ya lleva más de tres semanas y, que todo indica, que se va a prolongar por cierto tiempo.
Está claro que, quienes promovieron estas actividades subversivas, tenían como propósito el desencadenamiento envolvente de una situación cada vez más caótica con el objetivo de apuntar al derrocamiento del gobierno bolivariano, propiciando la renuncia del Presidente Nicolás Maduro y considerando la mediación de la intervención extranjera, incluso con formato militar, dependiendo del requerimiento de las circunstancias.
¿Protesta pacífica?
La protesta inicial, en el Táchira, tuvo como motivo la denuncia de una supuesta violación a una estudiante universitaria, móvil que inmediatamente fue olvidado, cuando arribó a Mérida, para dar paso al reclamo de la libertad de los primeros estudiantes detenidos por los desórdenes causados, en el ataque desmedido a la sede de la residencia oficial del gobernador tachirense. Razón que ya, en la marcha del 12 de febrero, en Caracas, fue desechada para esgrimirse la salida del Presidente Maduro, como la única posibilidad de contener la avalancha de movilización social activada en respuesta a lo que califican como profunda crisis del país. Evidentemente, a estas alturas, el filo de la protesta ya había cambiado, adquiriendo la naturaleza insurreccional que ahora tiene.
Insurrección que, a la fecha, ha producido, de manera directa, el lamentable saldo de 20 venezolanos muertos, más de 300 heridos, y cuantiosos daños al patrimonio público y a bienes de las personas y desajustes al normal desenvolvimiento de la economía, además, de los efectos que ha producido en la psiquis colectiva, alterando la vida social y llenando de angustia y zozobra a miles de familias venezolanas.
Por supuesto, todos estos desmanes se han producido con la encubierta de una protesta pacífica, principalmente, de estudiantes universitarios que están reclamando derechos que, supuestamente, han sido conculcados; derechos, no sólo, de carácter reivindicativo en el ámbito estudiantil sino políticos, económicos y sociales, es decir, extensivos al conjunto social; se ha pretendido parangonar este montaje con la lucha histórica del movimiento estudiantil venezolano.
Irracionalidad y violencia fascista
Cuando la realidad es que se ha utilizado el motivo estudiantil para camuflajear un plan insurreccional que, pretendiendo el derrocamiento del gobierno bolivariano, legítimamente constituido, ha estado embestido de una irracionalidad extrema y de una violencia desmedida, nada espontanea.
Por el contrario, no hace falta ser un observador agudo para detectar que las guarimbas o focos insurreccionales que se han instalado, casi exclusivamente en zonas residenciales, de sectores de capas medias, en 14 municipios del país, todos con alcaldes opositores de derecha, han respondido a un mismo esquema operativo, con el uso de barricadas y hogueras en las vías, bombas molotov, esparcimientos de ”miguelitos” para obstruir el desplazamiento de vehículos, guayas con la intención de degollar motorizados (hecho, por demás, monstruoso), empleo de francotiradores, incentivo al odio social, etc.; condición que denota que se está frente a un modus operandi generalizado que necesitó tiempo previo de instrumentación. Nada improvisado, todo preparado con premeditación.
Y a esto, la mayoría de los dirigentes de la MUD, que no terminan de deslindarse de esta intentona insurreccional, y los medios de comunicación privados locales y la mediática imperial, la califican como protesta pacífica. Se hacen la vista gorda frente a la negación que estos guarimberos vienen haciendo reiteradamente del derecho de la ciudadanía, a la libre circulación, limitándoles o impidiendo el ejercicio del derecho al trabajo, al estudio, al servicio de salud, a la adquisición de alimentos, al desempeño de su vida social, etc.; tienen sometidos a los residentes, que en su mayoría son, políticamente, afectos a la derecha, a un cerco forzoso que les violenta, sobremanera, su cotidianidad; ciudadanos que ya comienzan a dar muestras de rechazo y hastío del secuestro al que están sometidos. Es la violencia fascista ejercida con el mayor desparpajo e impunidad.
Alcaldes rechazados
Impunidad, porque los alcaldes a quienes les corresponde, en primer orden, resguardar el orden público no cumplen con su función, bien, porque se identifican con estas acciones, esperando que puedan desencadenarse, produciendo el fruto, por ellos, deseado ( el trastrocamiento del gobierno nacional) o bien porque los guarimberos, como efecto de toda práctica insurreccional, asumen un nivel de radicalismo y de autonomía de acción que los lleva a rechazar a esta expresión de autoridad aunque sean de su propio bando ideológico.
Estrategia gubernamental
Con relación al gobierno nacional, tiene muy bien entendido a lo que se está enfrentando: a un plan insurreccional orquestado por el imperialismo y la derecha fascista local e internacional (Uribe Vélez y sus paramilitares), que sólo están esperando que surja cualquier circunstancia que pueda favorecer los planes intervencionistas que han concebido contra el país. De allí que la mejor estrategia del gobierno es la que viene aplicando, dejar que los fascistas se cocinen en su propia salsa, aislarlos con la inteligente política de paz que viene desarrollando, esperarlos en la “bajadita” y aplicarles todo el peso de la ley. Ya López está preso y otros(a) en cola…
