Las Corporaciones de Desarrollo u Organismos de Desarrollo Regional fueron concebidas por AD y COPEI como una plataforma institucional de articulación entre las políticas del nivel central, los dineros públicos y el empresario privado individualista como sujeto principal de esas variantes de desarrollo y, cuyo único rol social era el dar empleo, fortaleciendo así el modelo capitalista planteado por las élites gobernantes.
En el Libro de Instrucción para Docentes sobre la Planificación Educativa de la Universidad Nacional Abierta encontramos las especificades que evidencian el contraste entre la concepción del desarrollo, motivaciones y el papel -tanto del Estado como del pueblo- de todos los gobiernos democráticos de la Cuarta y el gobierno bolivariano del Sr. Presidente Hugo Chávez
“La Planificación como instrumento del desarrollo ha sido una constante que se ha visto reflejada en los diferentes planes nacionales. Desde sus inicios en 1959 hasta 1973 –tres períodos presidenciales- predominó el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. El rol del estado podía calificarse de rentista y paternalista, y los sucesivos planes de Nación tuvieron un enfoque normativo de la planificación.
En el períodos de 1974-1978, que coincide con el aumento de los precios del petróleo, se enfatiza el modelo desarrollista, con un Estado paternalista y capitalista que invierte en empresas e industrias y por lo cual se ganó el calificativo de “Estado Omnipotente”. En el diseño de los planes se mantuvo el modelo normativo.
Otro momento relevante ocurrió en el diseño del Plan de la Nación de 1989 (Séptimo Plan) cuando por primera vez se introduce la planificación estratégica situacional. Esto no pasó de ser un ejercicio metodológico pues no contó con el sustento político para su viabilidad.
Al cambiar los paradigmas que se manejaron en el mercado internacional, se introdujo con gran fuerza el modelo neoliberal, avalado por organismos internacionales, cuyos principios básicos está referidos a la globalización de la economía y la competitividad de los mercados. Al referirse a la situación de América Latina y otros países llamados del Tercer Mundo, el nuevo enfoque considera a la pobreza una limitante para su desarrollo económico. De allí surge la necesidad de crear programas y proyectos que compensen el impacto social de las políticas de ajuste que el modelo neoliberal introduce como vía para mejorar los indicadores macroeconómicos. En el modelo neoliberal, el Estado ya no sería rentista, paternalista ni empresario, sino reduciría sus dimensiones a través de estrategias de privatización, descentralización y su propia reforma para hacerse más eficiente en aquellas áreas prioritarias que se determine que son responsabilidad estatal.
Bajo estas premisas, en el Noveno Plan de la Nación (1994-1999) se establece como prioritaria la inserción del país en el contexto internacional y la transformación del aparato productivo.
A partir del año 2000, -en tiempos del gobierno bolivariano dirigido por el presidente Hugo Chávez Frías- un nuevo enfoque nutre los procesos de planificación y desarrollo en el país poniendo énfasis en la planificación social y endógena, en parte para contrarrestar los estragos del neoliberalismo, tendencia presente en América Latina. Para tal fin, se orienta el Ministerio de Planificación y Desarrollo no sólo hacia la planificación y desarrollo económico, sino también al plano regional, local e institucional, a los fines de procurar proyectos y programas de solidaridad y compromiso social. “
Los Lineamientos Generales del Plan de Gobierno del Presidente Chávez reconoce la importancia del capital privado y de los dineros públicos, pero además valora a la comunidad como actor relevante de la economía. A diferencia del neoliberalismo, la propuesta del gobierno bolivariano de Chávez no separa lo económico de lo social, dado que elevar los índices macroeconómicos no alivia automáticamente los dolores de la pobreza, mucho menos la desaparece. De allí la precisión del concepto de Economía Social, que sin la participación protagónica y corresponsable del pueblo no pasaría de ser un mero ejercicio teórico. A sabiendas de que el pueblo no fue preparado nunca para gobernar, desde la Constitución de la República se establece que la educación y el trabajo son la base para la construcción de la mayor suma de felicidad posible de los venezolanos y venezolanas. Por lo tanto, la formación y la capacitación popular es una acción estratégica a desarrollar. Los Simoncitos, las Escuelas Bolivarianas, las misiones Robinson I, Robinson II, Rivas, Sucre, Ciencia, Vuelvan Caras, la fundación de la Universidad Bolivariana, los postgrados en China, la Escuela de Planificación de Venezuela en el M.P.D., no son otra cosa que la cristalización del postulado bolivariano de Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Finalmente, en la introducción a su Plan de Gobierno el Presidente alerta que los aliados de ese Plan están en las comunidades, no en las instituciones. Este es un camino que hay que profundizar para darle el poder real al pueblo, colocando las instituciones y la riqueza de la nación a su servicio.
La Corpoandes de García Jarpa, por ejemplo, a estas alturas del proceso sigue enquistada en una concepción desarrollista basada en la prominencia del capital privado. Su incapacidad para articularse, tanto con el Plan de Gobierno como con el pueblo es estructural y subjetiva.
La deficiencia estructural de la Corporación de los Andes fue comprendida por el Ministerio de Planificación y Desarrollo cuando, a solicitud del Director General, Soc. Fausto Fernández, el Dr. Lenin Guerra planteó a la Gerencia de Planificación a elaborar la propuesta de una Agencia para el Desarrollo Social de los Andes Venezolanos. Esta propuesta incluía la transformación de las Empresas de Corpoandes en Empresas de Producción Social y la transformación radical de la propia Corporación, para ser una institución de servicio público. Sólo que esto no convenía a los intereses del Presidente García Jarpa y su entorno. Ni por el carbón, ni por el fosfato, ni por la madera, ni por el Centro Cívico, ni por el Hotel Las Palmeras, ni por las Zonas Industriales. Esto explica por qué la propuesta nunca llegó a convertirse en proyecto ante el M.P.D.
Subjetiva, porque la lógica gerencial de García Jarpa está en la idea de que si se explota el carbón de Lobatera habrá dinero para el pueblo. Sólo que obvia que el pueblo de Lobatera no quiere la explotación del carbón. Este Ingeniero desconoce que lo político le construye viabilidad a lo técnico. Y, en este caso, lo político no es un diputado mediático defendiendo las bondades del desarrollo carbonífero. Lo político es un pueblo informado, decidido y organizado a no dejar convertir los territorios donde habita en altar de sacrificio por la voracidad de nadie. El pueblo de Lobatera nunca fue consultado ni invitado a participar en la construcción del plan de explotación minera. El pueblo de Lobatera debe ser corresponsable de los planes y proyectos de Carbosuroeste -empresa filial de Corpoandes y accionista al 100%- para diseñar cuál es la mejor manera de desarrollar la minería, si ese fuere el caso.

Subjetiva, por cuanto ante la solicitud del M.P.D. de procurar la nueva institucionalidad la calificación otorgada por García Jarpa fue de iniciativa individual y aislada.
Subjetiva, porque la segunda al mando, Ing. Nelly Gutiérrez, proveniente de las filas del partido socialcristiano COPEI, escondió el Primer Avance de Informe del Dr. Godichet, Asesor de Ministerio de Planificación y Desarrollo, donde expresó su percepción de existencia de condiciones favorables para la transformación de Corpoandes en Agencia para el Desarrollo, en el marco de los nuevos propósitos del gobierno bolivariano.
Es necesario decir que también es subjetiva con efectos estructurales la pretensión de pasar a la Asamblea Nacional una reforma de Ley de Corpoandes cuya consulta ha sido funcionarial, improvisada, pobre e insustancial. El problema de fondo – un nuevo modelo socio económico productivo, a partir de la organización comunitaria, de carácter endógeno y respetuoso del medio ambiente, en el marco de la Economía social- no se toca.
Desde hace más de un mes no ha cesado la persecución, el acoso y la erradicación de toda actitud política y crítica del personal nuevo incorporado -desde el año 2004-, en algunos cargos gerenciales o contratados de las algunas de las gerencias sustantivas. ¿Cuáles son los objetivos y pretensiones de García Jarpa? ¿Por qué usa prácticas neoliberales de la Cuarta República?, ¿Por qué solo se botan y se le cancelan contratos a la gente comprometida con el proceso?, ¿Cuál es su origen de formación ideológica y política del presidente García Jarpa y su entorno inmediato? ¿A qué intereses responde con su terquedad ante el carbón? ¿Por qué no se terminan de concretar los convenios de la ganadería Girolando en los Fundos Zamoranos de la zona sur del lago en el Estado Mérida?, ¿Por qué se ha tardado tanto en fortalecer financiera y técnicamente a la cooperativa Liberación Bolivariana, en los Llanos de Monay, Municipio Carache, del estado Trujillo?, ¿Por qué nunca se firmó el convenio elaborado entre el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y la Empresa Imadelca, en Municipio Ezequiel Zamora, del Estado Barinas? Necesitamos hurgar en las respuestas.
El Presidente Chávez nos enseñó que todo marco legal -desde la Constitución hasta el Acta Constitutiva de un Consejo Comunal- es competencia del pueblo. Es por ello que hemos aprendido a leer, que nos hemos esforzado en estudiar. Solo así podemos evitar que leguleyos nos embauquen con palabritas domingueras que velan el sofisma neoliberal.
Bien lo dijo Gaitán: el procedimiento es la doctrina. Es nuestra tarea custodiar por la correspondencia entre ambas. Es la única garantía de que las instituciones -como la Corpoandes de García Jarpa- deje de estar al servicio de la casta burocrática reformista y asuma definitivamente la misión de servir al pueblo.

Albanta
04/09/06