Gradualmente, los gobiernos de EEUU se han atribuido facultades que nadie les da no obstante afectar a todo el mundo, particularmente a aquellas naciones con las cuales no tiene buenas relaciones. Comenzó como policía del mundo. Para sólo citar cuatro de los países de la región donde se metió sin que lo estuviesen llamando, están el de Haití en 1915, República Dominicana en 1916, Granada en 1985 y Panamá en 1989, pero la lista es mucho más larga.

Después, se hizo el juez de los derechos humanos universales y decide cuáles países los respetan y cuáles no. China respondió con una investigación sobre violación a los derechos humanos en EEUU, y hay quienes reclaman que tales funciones sean de la ONU y en nuestro caso, hasta de la OEA, pero no de un solo país.

Pese a las protestas, sigue invadiendo otros campos. "Vigila" el tráfico de estupefacientes, el de armas, desde el 11S del 2001 clasifica a países y grupos que considera terroristas, con variadas consecuencias; también lo hace con la llamada trata de blancas, y así cada vez se extiende su poder como juez del mundo. En todo los casos, usa tales prerrogativas con obvios intereses políticos.

Hace poco se aprobó la "ley Pearl" sobre libertad de prensa, en homenaje a Daniel Pearl, un reportero de The Wall Street Journal muerto mientras investigaba las relaciones, reales o supuestas, entre Al Qaeda y Richard Reid, el terrorista que intentó estallar un avión en EEUU.

La ley permitirá al Departamento de Estado incluir en su informe anual sobre derechos humanos "un capítulo para identificar a los países en los que se viola la libertad de prensa". Ya sabemos lo que busca, estando como está Venezuela en la mira de Washington.

Uno se pregunta ¿qué autoridad tiene EEUU para juzgar a otros sobre la libertad de prensa? La primera en cuestionarlo podría ser Helen Thomas, la reportera de 89 años a quien se le obligó hace poco a renunciar después de varias décadas asignada a la Casa Blanca. Debió aprobarse el proyecto de ley que da al presidente Obama poder para desconectar Internet cuando considere que existe una emergencia.

Cada dos años, la Universidad de Sonama, de California, después de una exigente investigación, difunde un voluminoso estudio sobre las noticias más censuradas en ese país. La edición correspondiente a los años 2008-09, "Censored 2010" (500 páginas) incluye los 25 hechos noticiosos censurados: como Wall Street domina el gobierno de EEUU; senadores y representantes que se benefician con contratos del Pentágono, figuran entre los asuntos objetos de censura en los medios de ese país.

Si aquí en Venezuela alguna institución intentara elaborar una lista similar, no encontrará un solo asunto que haya sido censurado, pero, no lo olviden, seguramente aparecerá en la primera lista que, a partir de esa ley, elabore el Departamento de Estado con los países donde se viola la libertad de prensa.

El decreto N° 7.454

Hace poco el presidente Chávez dictó un decreto, el N° 7.454, mediante el cual creó el Centro de Estudio Situacional (Cesna) destinado a recopilar, procesar y analizar "información procedente de las salas situacionales" del sector público y del privado, y provenientes de otras fuentes, etc, y suministrar información oportuna y necesaria al Ejecutivo nacional para la correspondiente toma de decisiones estratégicas.

En la mayoría de los países existen servicios similares, y mientras más desarrollados son mayor es la complejidad de esa estructura informativa.

Apenas apareció el decreto, la oposición y sus medios lo criticaron con variedad de adjetivos y coincidieron en señalar que era inconstitucional, pues esa era materia de ley que correspondía a la Asamblea Nacional. Me parece que obviaban, por ignorancia o deliberadamente, que el 29 de enero de 1962, cuando comenzaban las guerrillas y la izquierda penetraba a las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Antonio Briceño Linares, dictó el Reglamento para "Seguridad, clasificación y manejo de documentos militares", con objetivos similares aunque más limitados, pues todos tenían que ver con la defensa nacional.

Ni entonces ni en los 48 años transcurridos hasta ahora, ninguno de ellos ha criticado ese Reglamento que hasta donde sé sigue vigente.

Sin embargo, creo que el decreto del presidente Chávez debe ser corregido. En mi opinión, tiene dos graves fallas: la primera de ellas consiste en dejar en manos de un funcionario (el presidente del Cesna) una ilimitada autoridad hasta para prohibir la divulgación no sólo de ciertos documentos, lo que es lógico y natural, sino de "hechos o circunstancias", como por ejemplo los hechos de corrupción. ¡Imagínense ustedes! En el aludido Reglamento, esa clasificación es materia del Ministro de Defensa o del Jefe del Estado Mayor, según el caso. Con este reciente decreto él o los redactores se extralimitaron y aprobaron una disposición que se convertirá en una grave restricción a la libertad de informar, por encima de la norma constitucional.

La otra falla -de casi tanta gravedad- estriba en que las prohibiciones que se decidan tienen una duración eterna, pues el Decreto no contempla la desclasificación, como sucede en leyes similares de EEUU, Inglaterra y otras potencias con tantos secretos militares, e incluso con el reglamento de Briceño Linares.

Aunque está en vigencia desde el 1º de junio, me parece obligante su reforma. O reimpresión por error de imprenta. Hace un año el Presidente debió tomar una decisión más severa: derogar una ley, la de inteligencia y contrainteligencia.